En el marco del último encuentro del taller de derechos humanos “Mil flores tras los muros” desarrollado en el unidad 50 de Batán, el fiscal federal Pablo Larriera, junto a la defensora Patricia Azzi y otros integrantes de la Mesa contra la Violencia Institucional –donde trabaja activamente el Ministerio Público Fiscal-, visitaron el penal y dialogaron con las presentes. Luego, recorrieron uno de los pabellones, donde están alojadas mujeres embarazadas y tres niñas.

A modo de cierre del encuentro, una de las mujeres privadas de su libertad, Nora Calandra, leyó un texto escrito por ella que, dijo, representa lo que sienten allí dentro. Lo tituló “Niñez encarcelada”.

“Seguimos en lucha, con nuestras convicciones, firmes y en pie, somos mujeres en lucha, para que nuestros derechos dejen de ser vulnerados; mujeres en contexto de encierro, madres, hijas, hermanas, jefas de familia, con proyectos, ávidas de un futuro con trabajo y dejar atrás la realidad que hoy vivimos, solo en forma circunstancial, dentro de un sistema hostil, decadente y escaso de herramientas de reinserción social donde la Justicia que nos privó de nuestra libertad ambulatoria omite la lesividad del estado actual de las cárceles argentinas”, comenzaba el escrito.

Enseguida reparó en que actualmente se ven “grandes avances en los derechos y la integridad de la mujer frente a la sociedad, pero del otro lado de los muros de las cárceles que alojan mujeres, nuestros derechos siguen siendo vulnerados, somos doblemente condenadas: penal y socialmente”. “Será que por ser mujeres no debíamos tener contingencia alguna en nuestra vida y menos tener equivocaciones”, reparó.

“En los años que llevo privada de mi libertad ambulatoria –continuó- he conocido cientos de mujeres, mis compañeras, he compartido momentos difíciles, otros de alegría como el nacimiento de mi hijo y el de otros tantos niños y niñas, momentos muy duros como la externación de mi bebé para alejarlo de la cárcel porque sus derechos no debían seguir siendo vulnerados y a pesar de esta difícil pero a mi entender sensata decisión, la Justicia sigue vulnerando uno fundamental: el amor, el vínculo madre-hijo”.

“Yo como tantas compañeras dentro del sistema penitenciario bonaerense reclamamos que se respeten nuestros derechos y el de nuestros hijos que se encuentran dentro y fuera de la cárcel, el debido proceso; que se tenga en cuenta la lesividad de las medidas cautelares, que se nos otorguen las morigeraciones porque no son un beneficio sino un derecho; queremos estudiar, capacitarnos, trabajar durante el tiempo de detención y luego de recuperar la libertad que se respete el cupo laboral para exdetenidos; a nivel social necesitamos la creación de redes de contención para evitar la reincidencia”, enumeró Nora, cuidando palabra a palabra en un texto prolijo con algunas correcciones de liquid paper.

“La sociedad debe saber lo que pasa dentro de las cárceles, la presencia civil es la mejor herramienta para resocializar a una persona en contexto de encierro”, aseveró ella.

“Cada una de nosotras –concluyó- reconoce su historia, con aciertos y errores, quedando algo de manifiesto: a pesar del denuesto recibido miramos para adelante, va a ser imposible olvidar lo vivido pero lo vamos a superar porque somos mujeres en lucha y nada nos va a quebrantar”.

Nora, junto a sus compañeras, tuvo que regresar desde el sum donde se desarrolla el taller, a su pabellón. Se mostraba entusiasmada por poder dar a conocer su lucha, que es la lucha de muchas. Durante el taller pidió que se multipliquen los talleres “donde poder demostrar que queremos cambiar”.

“Una oportunidad, queremos una oportunidad”, pidió otra de ellas.

Condiciones de encierro

Desde la Mesa contra la Violencia Institucional indicaron que un alto porcentaje de las detenidas están allí por causas de drogas y provienen de barrios empobrecidos, en su mayoría, del conurbano bonaerense. “Si esas mujeres tuvieron que vender droga es porque hubo un abandono por parte del Estado. Y nos preocupa la realidad que les toca atravesar a los hijos e hijas de esas mujeres, que quedan al cuidado de algún familiar al momento de la detención, o bien son encarcelados junto a ellas”, indicaron.

Por otro lado recordaron que en junio, a partir de una presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria, a través del Comité contra la Tortura, con el acompañamiento de la Mesa contra la Violencia Institucional, el Juzgado de Ejecución Nro. 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Ricardo Perdichizzi, emitió una resolución donde insta al urgente reacondicionamiento para garantizar las condiciones de habitabilidad para las mujeres que se encuentran privadas de su libertad ambulatoria en la Unidad Penal N° 50. En este sentido, el fiscal Larriera pidió que se garantice el acceso a la salud de las mujeres privadas de su libertad.

Entre 14 puntos, el magistrado provincial instó a que “se ponga en funcionamiento el área de sanidad dentro de la Unidad, con médicos que garanticen la atención primaria, y especialistas en ginecología, odontología, gastroenterología, oftalmología y cualquier otra especialidad, adecuada a las características y demandas de la población”.

Además, a que “se ordene que de manera inmediata se conforme un sector para la atención de urgencias y emergencias, para resguardo de la integridad física de las mujeres en situación de encierro en la Unidad, considerando las dificultades de traslado que presenta la misma ante la escasez de vehículos”.

Y que “se adecue -en términos nutricionales y calóricos- la dieta alimenticia en cantidades suficientes provista por la Unidad Penal a las mujeres allí alojadas”.

Se avecinan las fiestas navideñas, y algunas mujeres sólo desean una oportunidad.