En una audiencia de formalización de la investigación penal, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar a la imputación presentada contra un agricultor y seis camioneros por el delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y el valor elevado de la mercadería transportada.

La acusación, presentada el martes pasado contra Carlos Raúl Llanos, Miguel Ángel Monge, Miguel Ángel Herrera, Germán Gabriel Brandan, Rubén Martin Gómez, Adrián Alejandro Tinte y Hugo Cesar Zanassi fue formalizada a instancia de la presentación realizada por el fiscal federal Marcos Romero, de la Sede Descentralizada de Tartagal.

En la audiencia, Romero, junto al auxiliar fiscal Rafael Lamas, presentó el caso ante el juez Montoya. El fiscal explicó que las actuaciones se iniciaron a raíz de un procedimiento realizado por personal del Escuadrón 52, de Gendarmería Nacional, en el cruce de las rutas 81 y 34, en la localidad de Senda Hachada, unos 300 kilómetros al norte de la capital de Salta.

En ese lugar, el 4 de febrero pasado, los gendarmes detuvieron seis camiones con acoplado que circulaban de sur a norte, de los cuales 4 transportaban 136.500 kilos de soja a granel, mientras que los otros dos restantes llevaban 62 mil kilos de semilla de maíz, sin ninguna documentación que avalara su transporte.

Ante personal de la fuerza de seguridad, los camioneros sostuvieron que no llevaban carga. Sin embargo, cuando los uniformados golpearon los acoplados y el sonido seco reveló lo contrario, como así también el estado de las ruedas, los choferes se desdijeron.

El dueño de la carga manifestó en que tenía previsto eludir los controles ofreciendo el pago de 10 mil pesos por cada camión, resaltó el fiscal en la imputación.

De Las Lajitas

El fiscal sostuvo que los conductores reconocieron que transportaban la carga secuestrada, la cual había salido de la localidad de Las Lajitas, en el sur de Salta, y tenía como destino final la localidad boliviana de San José de Pocitos.
Detalló los datos respecto al modelo de camión, la carga que cada rodado llevaba y la identidad de los choferes acusados, quienes eran oriundos de distintas provincias, entre ellas Santiago del Estero, Córdoba y Salta.

En el devenir del procedimiento, el fiscal mencionó que en el lugar se hizo presente Llanos, quien expresó ser el dueño de las cargas que transportaban los camiones demorados. “Esto no es todo, pues ante la presencia de testigos y el personal interviniente, manifestó de manera espontánea que tenía previsto evadir los controles de “Aguaray” y “Rentas” de la localidad de Profesor Salvador Mazza, a través de un pago de 10 mil pesos por cada camión en cada puesto de control antes mencionado”, resaltó el fiscal.

En vista de estos acontecimientos, el fiscal indicó que dispuso las medidas procesales útiles del caso, las cuales se cumplieron con intervención del Juzgado Federal de Garantías, lo cual permitió el secuestro de la mercadería y de otros elementos de interés para la investigación penal.

Más de 10 millones de pesos

El representante del MPF indicó que la intención dolosa de los acusados quedó manifiesta no sólo por la actuación atinada de los gendarmes, sino también por el reconocimiento del propietario de la carga de granos que iba a ser transportada al país vecino, sin cumplir con las exigencias legales y administrativas vigente, con lo cual se pretendía causar un perjuicio a los organismos que controlan esta actividad.

Destacó que, para ello, se previó realizar el transporte ilegal en horas de la noche, como así también se había previsto el pago de dádivas a fin de lograr el cometido con una carga, cuyo valor se estima en 10.268.350 pesos, monto que supera ampliamente el límite de tres millones establecido por el Código Aduanero.

Por todo ello, y tras detallar las pruebas reunidas hasta el momento, el fiscal señaló que existen elementos suficientes para formalizar la imputación penal contra los acusados por el delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y el valor elevado de la mercadería transportada. Asimismo, solicitó un plazo de investigación de 90 días y autorización para avanzar con peritajes pendientes.

A su turno, y sin objeciones ni planteos de la defensa, el juez Montoya dio por formalizada la investigación penal contra los siete imputados, autorizó las medidas investigativas solicitadas por la fiscalía y aceptó el plazo requerido.