La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal, formalizó la investigación penal e imputó a dos ciudadanos bolivianos acusados de realizar un vuelo sin la debida habilitación e intentar contrabandear una avioneta Cessna 210, desde el aeródromo salteño de General Mosconi.

En línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización realizada el lunes pasado, el juez federal de garantías de Orán, Jorge Gustavo Montoya, dispuso la prisión preventiva por el término de 80 días de los imputados C.M.P., piloto de 46 años, y D.M.A., de 40, acusados como coautores de efectuar funciones aeronáuticas sin habilitación —conforme lo establece el artículo 221 del Código Aduanero que prevé una pena de entre 6 meses y 4 años de prisión—. También se les atribuyó la coautoría de la tentativa del contrabando de importación calificado por la utilización de un medio de transporte aéreo que se aparte de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares no habilitados por el servicio aduanero para el tráfico de mercaderías y por el valor de la mercadería —en este caso, la avioneta—, tal como establece el artículo 865, incisos e) y i) del Código Aduanero, que sanciona esa conducta con penas de entre 4 a 10 años de prisión.

El caso

La investigación de la fiscal federal Orsetti se inició a partir de la alerta efectuada, el 9 de julio pasado, por personal de seguridad del Aeródromo “General Enrique Mosconi”, de esa ciudad salteña, ubicado a unos 7 kilómetros al sur de Tartagal, respecto a una maniobra aérea irregular.

La fiscalía describió en la audiencia que en la mañana de aquel día aterrizó una avioneta Cessna 210, que provendría de la ciudad entrerriana de Paraná, aunque el plan de vuelo autorizado señalaba que debía provenir desde Santiago del Estero.

Por la tarde, aparecieron los dos acusados. El piloto C.M.P. le manifestó al personal de seguridad que solo revisarían el tren de aterrizaje de la avioneta Cessna 210, y que no tenían plan de vuelo ni intenciones de despegar. Sin embargo, junto a D.M.A. abordaron la avioneta y realizaron un vuelo de prueba no autorizado, por el lapso de 35 minutos, tras lo cual aterrizaron y salieron del lugar, previo referirle al personal de seguridad que la aeronave quedaría en el aeródromo hasta el día siguiente, cuando regresarían con combustible.

Los dos hombres subieron a un remise y se dirigieron al hotel General Mosconi, ubicado en la avenida Ciro Echesortu de esa ciudad, donde se alojaban desde el 30 de junio en la habitación 103.

La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal. Foto: captura de Zoom

La fiscalía encomendó a la Gendarmería una serie de tareas de investigación que culminaron con allanamientos y las detenciones de C.M.P. y D.M.A. al día siguiente, luego de que abandonaran el hotel y volvieran a abordar el remise. Los dos hombres fueron apresados en un control apostado sobre el kilómetro 1423 de la Ruta Nacional 34, en el acceso al aeroclub Vespucio, de la localidad de General Mosconi. En su poder tenían las llaves de la avioneta, dos mochilas con vestimenta, documentación personal, tres bidones de 30 litros cada uno y tres teléfonos celulares respecto de los cuales se solicitó el filtrado preliminar de la información que contenían.

A instancias de la fiscalía, el juez autorizó el registro del cuarto de hotel, donde se encontró el envoltorio de una tarjeta SIM. Además, se revisó la avioneta Cessna 210 —valuada en 150.000 dólares y que permanece secuestrada bajo custodia de la Gendarmería—, donde pese a los peritajes realizados en la baulera y el interior de la aeronave por expertos de Criminalística de Gendarmería, no se encontraron rastros de estupefacientes.

Imputación

En su teoría del caso, la fiscal Orsetti enumeró las evidencias obtenidas y destacó que ambos hombres ingresaron a la República Argentina a través de un paso migratorio no autorizado y que se alojaron en el hotel a la espera de instrucciones. También se refirió a que, en los teléfonos celulares se hallaron diversas conversaciones de interés y videos del vuelo realizado y de otras aeronaves que les eran ofrecidas.

En base a las constancias de la investigación, la representante del MPF les imputó haber realizado el vuelo sin habilitación y el intento de contrabando de la aeronave. Además, le solicitó al juez Montoya que convalidara el registro del cuarto de hotel y el filtrado preliminar (triage) de la información hallada en los teléfonos celulares, que fuera autorizada vía WhatsApp al momento de la detención. También requirió que el plazo de la investigación preliminar preparatoria se extendiera por 80 días, al igual que la prisión preventiva de los acusados por carecer de arraigo en el país y ante el riesgo de fuga y la gravedad del delito atribuido. Finalmente, solicitó que se analizaran los teléfonos celulares incautados.

Por su parte, el defensor de los dos imputados, Rambert Alexis Ríos, coincidió con la fiscalía en cuanto a la imputación por la realización del vuelo sin habilitación, aunque rechazó la atribución de responsabilidad respecto a la tentativa de contrabando de la avioneta. Asimismo, solicitó que la investigación preliminar y la medida privativa de libertad de sus asistidos se redujera a 30 días.

Tras consultarle a los imputados si deseaban declarar —quienes se negaron por consejo de la defensa— el juez Montoya hizo lugar a la imputación formulada por la fiscalía y convalidó las medidas jurisdiccionales y la prisión preventiva en los términos solicitados por la representante del MPF. En tal sentido, destacó la gravedad del hecho, la existencia de indicios respecto a que los imputados se llevarían la avioneta del aeródromo de General Mosconi, que habían ingresado al país de modo irregular y que existía peligro de fuga, dada su falta de arraigo.

El juez también recordó —tal como lo declarara C.M.P. en su interrogatorio— que, en el año 2010, la justicia de Paraguay condenó al piloto a la pena de 20 años de prisión por el tráfico de 440 kilogramos de cocaína. Sin embargo, al cumplir cinco años de la condena, el hombre fue autorizado a regresar a Bolivia, donde terminó de cumplir la pena.