El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a ocho imputados acusados de integrar una banda dedicada al tráfico de estupefacientes. En sintonía con lo solicitado por el fiscal Adrián García Lois, los acusados, entre los que se encuentra un policía perteneciente a la división Narcotráfico de la provincia, recibieron penas de entre dos y ocho años de prisión de acuerdo a su posición jerárquica dentro de la pirámide de mando del grupo, sumado a multas que van desde los 4 mil a los 50 mil pesos. Al momento de su detención, los acusados fueron encontrados con casi 50 kilos de marihuana.

Las actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia de un hombre que informó que su hijo menor había tenido que ser internado luego de consumir ácido lisérgico que compraba en un taller mecánico ubicado en Río Grande. La etapa de instrucción estuvo a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y las tareas de investigación permitieron identificar al vendedor del material estupefaciente como JG, por lo que se procedió a intervenir su línea telefónica. El análisis de las escuchas estableció que el imputado mantenía contactos con YL, una mujer que lo proveía de estupefacientes para su reventa y distribución.

Una posterior serie de intervenciones permitió determinar que ambos eran abastecidos por FC, un tercer imputado clave en la cadena de distribución, quien a su vez dependía de JB, un proveedor que oficiaba de líder y financista del grupo. Según pudo establecer en su hipótesis el representante del Ministerio Público Fiscal, JB almacenaba estupefacientes en el norte del país, manipulados y controlados por otro acusado, LR, encargado del almacenamiento y posterior entrega de la sustancia a una empresa de transporte que la llevaba a Río Grande escondida entre materiales de construcción.

Además, las escuchas también probaron que JB establecía con frecuencia contacto con una persona cuya voz resultó ser identificada como la de JO, un oficial de policía que le proveía al grupo información sobre los vehículos en los que se desplazaba la brigada de Narcocriminalidad, quiénes eran sus miembros y de qué manera operaban. Además, fue visto por personal policial ingresando al domicilio de FC en Río Grande junto a JB.

A partir de las tareas de seguimiento, pudo establecerse que JB viajaba con frecuencia desde Río Grande a Buenos Aires para supervisar tareas y obtener ayuda con la logística para el transporte de sustancias. En una de esas ocasiones, se registró que estableció con FC, a quien le solicitó que recaudase dinero de otras dos personas y se la llevase a Buenos Aires por vía aérea. En las tareas de investigación, la división Narcocriminalidad divisó a JB, LR y un tercer imputado de iniciales CR en una quinta de Ituzaingó, acondicionando la sustancia para su traslado.

Las intercepciones telefónicas probaron que uno de los líderes de la banda establecía con frecuencia contacto con un oficial de policía, quién proveía información sobre los vehículos en los que se desplazaba la brigada de Narcocriminalidad, quiénes eran sus miembros y de qué manera operaban.

Ante este escenario, se ordenaron allanamientos simultáneos en los domicilios de todos los imputados en Río Grande y en la quinta ubicada en el Gran Buenos Aires, en donde se incautaron más de 48 kilos de marihuana repartidos en 51 paquetes compactos. Para el tribunal, quedó demostrado de esta manera que JB había adquirido el material encontrado en Ituzaingó para llevarlo luego a Tierra del Fuego y, una vez allí, distribuirlo y comercializarlo a través de sus cómplices, mientras el agente policial JO proveía inteligencia para llevar a cabo la tarea. También se incautaron varios autos de alta gama y grandes cantidades de dinero.

Durante la ronda de declaraciones indagatorias se utilizó la figura del arrepentido de la ley de estupefacientes, lo que permitio reforzar la prueba y desbaratar otra organización vinculada mientras transportaba hacia la provincia una gran cantidad de marihuana similar a la que se trató en las condenas.

Tras analizar la división jerárquica de tareas en el grupo, los jueces Luis Alberto Giménez, Ana María D’Alessio y Mario Gabriel Reynaldi establecieron que todos los imputados habían incurrido en el delito de tráfico de estupefacientes en relación a la tenencia con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas. En el caso de JB, la pena que recayó sobre él fue de ocho años de prisión y una multa de 20 mil pesos como organizador, mientras que CB y LR recibieron seis años y una multa de diez mil pesos en calidad de autores. Por su parte, el agente JO fue condenado a siete años y 50 mil pesos de multa al ser partícipe necesario agravado por su calidad de funcionario público. Por su parte, FC, GP, YL y JG recibieron penas de entre dos y tres años en suspenso y multas de cuatro mil pesos en calidad de partícipes secundarios.