El fiscal Fernando Arrigo se opuso al pedido de suspensión del juicio a prueba (probation" realizado por la defensa del imputado Carlos Lluch, apoderado de TBA, la ex concesionaria del tren Sarmiento, en el marco de la causa en la que está próximo a celebrarse el debate oral y público por la tragedia que causó 51 muertos y más de 700 personas heridas el 22 de febrero de 2012, cuando una formación no frenó a tiempo al arribar a la estación terminal de Once.

La defensa de Carlos Lluch, representada por César Mayer, había solicitado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 a cargo de, Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini, suspender el juicio contra su defendido a cambio de indemnizar a las víctimas y de realizar tareas comunitarias.

En su oposición al pedido de la defensa, el fiscal sostuvo que esta causa es de gran magnitud "tanto por el daño causado a las víctimas", como “por el patrimonio del Estado involucrado en los hechos” y que por ello debe celebrarse la audiencia de debate oral y público.

El fiscal Arrigo manifestó que la naturaleza del instituto de suspensión de juicio a prueba es justamente "posibilitar el juzgamiento de hechos de delincuencia de mayor envergadura pudiendo obviar el juzgamiento de casos de menor trascendencia penal”.

Arrigo recordó que "el recurso más valioso del sistema judicial es la audiencia del debate oral y público sobre los extremos de la imputación penal, que debe reservarse para los casos más graves y complejos que ingresan en el sistema”.

En este sentido, el fiscal señaló que "este es uno de esos juicios que deben realizarse tanto por la magnitud del daño causado a las víctimas como por el patrimonio del Estado involucrado en los hechos", y remarcó que "las víctimas que sufrieron las consecuencias de los hechos sometidos a juicio son aquellas que se encuentran en mayor nivel de desprotección social”.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal, entendió que el planteo de la defensa resulta “manifiestamente dilatorio” por la proximidad con la fecha de inicio del debate, prevista para el 18 de marzo próximo.

En ese contexto, el fiscal adelantó que, en caso de requerir condena, solicitará una pena de cumplimiento efectivo para Lluch, teniendo en cuenta "las particularidades del hecho enrostrado" y "la extensión del daño causado".

Arrigo añadió que la resolución PGN 97/09, del procurador general de la Nación Esteban Righi, encuadró a los casos de corrupción dentro de aquellos en los que se "requiere la realización del debate, por la conveniencia del control de los actos de gobierno por parte de la ciudadanía". Aquél instrumento, que tiene carácter de instrucción para los fiscales, cita en esa línea la Convención de las Naciones Unidadas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que especifican que no corresponde hacer distinciones entre particulares o funcionarios públicos en la evaluación.

Lluch está procesado en la causa por la tragedia de Once al igual que los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. También están imputados los empresarios Sergio y Mario Cirigliano, por entonces al frente de la concesionaria TBA  (Trenes de Buenos Aires), cuya vinculación contractual con la prestación del servicio fue rescindida tras el accidente, y el maquinista Marcos Antonio Córdoba.

El delito que se les imputa a los funcionarios y a los miembros de la empresa es el de defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago agravado por el resultado de muerte. Por su parte, a Marcos Córdoba está acusado por estrago agravado por el resultado de muerte.