Por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, y declaró la competencia de la Justicia Federal para investigar si se produjo fraude en las elecciones de gobernador realizadas el 23 de agosto de 2015, en las que resultó ganadora la fórmula encabezada por Juan Luis Manzur.

La investigación se inició a raíz de que los ex candidatos a gobernador y vicegobernador, José Cano y Domingo Amaya, denunciaron, el 28 de agosto de 2015, la existencia de una asociación ilícita entre funcionarios nacionales y provinciales dirigida a falsar el resultado electoral para perjudicarlos. Los denunciados por delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, destrucción y adulteración de las filmaciones de la junta electoral, asociación ilícita y defraudación fueron Luis Soria y Juan Ángel Díaz, en su calidad de autoridades del Correo Argentino; Darío Almaraz y Fernando Iramain, secretarios de la Junta Electoral de Tucumán; Claudio Adolfo Maley, Paul Danilo Rivero, Ricardo Augusto Gil Gómez, Héctor Luna, Roberto Veliz, Alfredo Peñaloza, Miguel Cossio y Manuel Vassel de la Gendarmería Nacional; y Francisco Omar Jaime, como responsable de la firma INFO FOJ.

El 1° de octubre de 2015, el fiscal interviniente dictaminó que debía escindirse el hecho en dos: por un lado los delitos ocurridos durante la carga de información del escrutinio, entendiendo que debían ser investigados por la justicia local, y por otro, los acontecimientos que involucran al personal de la Gendarmería, que debían ser analizados en la Justicia Federal. Entonces, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Daniel Bejas, dispuso declinar competencia en favor de la justicia local, decisión que fue recurrida por el representante del Ministerio Público Fiscal y obtuvo el visto bueno de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, por lo que el fiscal Gómez interpuso recurso de casación contra la decisión del Tribunal de Alzada de remitir las actuaciones a la Justicia local, el cual no fue concedido y motivó la queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En su queja, el fiscal Gómez sostuvo que se violentaron los “paramentos democráticos pues se indaga la posible alteración del padrón electoral, la incorporación al mismo de personas fallecidas, la confección de planillas finales de escrutinio con datos adulterados en beneficio del sector político oficial de Tucumán, la participación en la maniobra ardidosa de personal de Gendarmería Nacional y de funcionarios del Correo Argentino”. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, de comprobarse los hechos denunciados “la elección de autoridades no evidenciaría la auténtica voluntad popular de la población tucumana, sino un acto formal y fraudulento destinado a asegurar la continuidad de un gobierno sin que exista una transparente y legítima elección de autoridades”.

A su turno, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Ricardo Wechsler, se remitió a los agravios desarrollados en el recurso interpuesto y solicitó que se hiciera lugar a la presentación de su colega Gómez y se remitieran las actuaciones al Juzgado Federal N°2 de Tucumán, para que prosiguiera con la investigación.

Ahora, en consonancia con ello, y por mayoría, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -presidida por Gustavo Hornos e integrada por Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani- hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el fiscal Gómez, revocó la resolución impugnada y declaró la competencia de la Justicia Federal para continuar la investigación de las irregularidades denunciadas en el proceso electoral.

En su voto, al que adhirió su colega Hornos, el juez Borinsky consideró que se había denegado erróneamente el recurso de casación, por no haber sido debidamente fundado, y que “el tribunal anterior tampoco brindó razones que lleven a desvincular la maniobra denunciada del ejercicio de las funciones asumidas por la Gendarmería Nacional en la tarea de custodia electoral (…) En consecuencia no ha sido descartado que dicho accionar pueda haber afectado el servicio que prestaban los gendarmes como empleados de la Nación”.

Por su parte, el juez Gemignani –quien votó en disidencia- señaló “la disparidad de criterios entre los hechos que el fiscal de primera instancia considera conforman la maniobra denunciada (…) y la postura asumida por el fiscal general que entendió, correctamente según mi criterio, que los hechos denunciados se enmarcarían en una sola finalidad delictiva, el fraude electoral provincial”.

Sin embargo, al denegar la presentación el camarista consideró que “si bien el recurrente esforzadamente alega que con el presunto fraude electoral provincial denunciado se vieron conculcadas normas constitucionales que afectarían los intereses del Estado Nacional, no logra demostrar con sus fundamentos lo alegado, por lo que debe primar la independencia constitucionalmente avalada de la provincia de Tucumán para elegir a sus representantes sin la intromisión de la justicia federal en los términos señalando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.