El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán inició ayer el juicio a tres personas acusadas del secuestro extorsivo de un niño de cuatro años. Sonia Natalia Sileo, Roque Soria Galván y Amado Ismael Ale están acusados de haber llevado a cabo el 9 de marzo de 2020 el secuestro de la víctima con la finalidad de cobrar un rescate por la suma de 2 millones de pesos. En el juicio intervienen el fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi.

Según la acusación del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán, Carlos Brito, los captores solicitaron aquella cifra al padre del niño mediante dos llamadas telefónicas a su teléfono celular, y la víctima fue mantenida oculta hasta su liberación en las inmediaciones del Parque 9 de Julio, lugar donde fue encontrado, abandonado, en la madrugada del día siguiente.

Las actuaciones dieron inicio con la denuncia efectuada por la madre del niño ante la Comisaría Nº 13 de la Policía de Tucumán. Detalló que mientras ella se bañaba, sus tres hijos de 10, 4 y 3 años se encontraban jugando en la vereda de su domicilio y que, al momento de salir a buscarlos, no encontró a su hijo de 4. La mujer manifestó también que esa tarde la había pasado con su amiga Natalia Sileo, que también notó la ausencia del niño. 

Mientras la madre de la víctima realizaba la denuncia, el Departamento General de Policía recibió un alerta proveniente del Centro de Monitoreo Capital, que dio cuenta que habían recibido una llamada telefónica a través del Sistema de Emergencias del 911 sobre el secuestro extorsivo. Por este motivo, el Departamento de Inteligencia Criminal D-2 dispuso una comisión a constituirse en la Seccional Trece, donde el personal de esa dependencia tomaba declaración a la madre del niño. En ese contexto, la mujer manifestó que se había comunicado con su pareja, quien le dijo que había recibido dos llamados a su teléfono celular donde le informaban que tenían capturado a su hijo, y que para su liberación deberían pagar la suma de 2 millones de pesos.

Narró que el padre del niño le dijo al secuetrador que no contaba con la suma requerida, y que el captor le dijo que sabía que su cuñado disponía del dinero porque había cobrado un juicio. Antes de cortar la comunicación, advirtió que se volvería a comunicar y le preguntó al padre de la víctima si había contactado a la policía. El padre del niño reconoció al captor que había formulado la denuncia.

A la madrugada del día siguiente, la víctima fue divisada caminando sola por la calle con una espada de juguete en la mano. Un vecino reconoció al niño y llamó para avisar al teléfono habilitado para recibir denuncias sobre el caso. 

A la madrugada del día siguiente, la víctima fue divisada caminando sola por la calle con una espada de juguete en la mano. Un vecino reconoció al niño y llamó para avisar al teléfono habilitado para recibir denuncias sobre el caso.

La investigación

Al existir un teléfono que presuntamente pertenecía a los captores, otro perteneciente a Sileo (la última persona que vio al niño antes de ser secuestrado) y otro del padre de la víctima, se dispusieron una serie de medidas preventivas, entre ellas la intervención telefónica de los abonados. Al mismo tiempo, en la comisaría se entrevistó a Sileo, quien manifestó que durante la tarde de ese día se encontraba en la casa de la familia de la víctima, pero que luego fue a la suya a buscar un cargador de teléfono y que al regresar notó que el niño ya no se encontraba.

La mujer agregó que, al notar la ausencia del niño, decidió llamar a su amigo Roque Soria. Cuando las autoridades le requirieron que brindase el número de teléfono de su interlocutor, arguyó no tenerlo porque le habían robado el celular. Ante la incongruencia de las versiones, la policía entrevistó también a Soria, quien aseguró haber sido contactado por teléfono por Sileo, por lo que la fiscalía ordenó la intervención telefónica de ese nuevo abonado.

De la misma manera, se autorizó la requisa del domicilio perteneciente a Sileo, como también se ordenó la requisa de la camioneta Partner que utilizaban Sileo y Soria. En el domicilio de Soria, la policía fue atendida por una mujer que destacó que el hombre vivía en esa misma dirección, pero en un departamento distinto. Fue allí donde uno de los efectivos notó en la pared, a modo de adorno, una espada de juguete con iguales características a la que tenía entre sus manos el niño en el momento que fue encontrado. La mujer entonces preguntó a su sobrino -hijo de Soria, de 14 años de edad- si en el departamento había habido algún niño, a lo que el adolescente respondió que Amado Alé había estado en el lugar con un niño a quien hizo jugar hasta alrededor de la 1.00 de la mañana. Ante estos hechos, la fiscalía dispuso la detención en calidad de incomunicados de Sileo, Soria y Alé. 

El 18 de marzo de 2020, el Juzgado Federal dispuso el procesamiento con prisión preventiva de las tres personas imputadas, al considerarlas coautoras de secuestro extorsivo agravado por haber sido víctima un menor de edad y haber participado tres o más personas. Posteriormente, la defensa de Ale apeló la resolución, que fue finalmente confirmada por la Cámara Federal de Tucumán. 

Al momento de prestar declaración indagatoria, Soria reconoció su participación en el hecho. Según la acusación fiscal, quedó demostrado que durante el tiempo en que duró el secuestro, el niño stuvo retenido en el domicilio de Soria, conforme la declaración de Amado Alé, quien afirmó que estuvo a su cuidado a pedido de Soria porque este le había informado que se trataba del hijo de su pareja. Al mismo tiempo, para la fiscalía se pudieron establecer las contradicciones surgidas de la declaración de Sileo, en contraposición con lo que luego declaró Soria. La participación de la mujer en el hecho se basa en lo declarado por Ale, quien aseguró que fue ella quien entregó el niño en el domicilio de Soria.

Para la fiscalía que solicitó la elevación de la causa a juicio, “es dable destacar la actitud de desamparo que evidenciaron los imputados respecto a un niño de 4 años, el cual fue arrebatado de su hogar familiar, para ser ocultado bajo el cuidado de un desconocido, que luego lo abandonó sin piedad y a la deriva en la vía pública, al azar de quien pudiera hallarlo sin importarle en lo más mínimo la vida del menor”. Por esto, solicitó que, a la hora de evaluar la conducta imputada, se tenga en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por el Estado Argentino en 1990, que en su artículo 3 se erige en la norma rectora que prioriza el interés superior de los niños en “todas las medidas concernientes a ellos que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos”.