05 de febrero de 2023
05 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervinieron el fiscal Federal Carlos Brito y el fiscal General Gustavo Gómez
Tucumán: confirman el procesamiento de una organización por estafas millonarias contra el Estado
Entre los procesados, se encuentran el dirigente político Guillermo Kuchar y el comerciante salteño Oscar Fernández Castro, acusados de ser los cabecillas de la organización. La estafa, de más de 26 millones de pesos, se concretó mediante la creación de empresas fantasmas.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento en el marco de una megacausa de los presuntos líderes de una organización criminal que habría estafado al Estado Nacional por más de 26,5 millones de pesos. Se trata del empresario salteño Oscar Germán Fernández Castro y de Guillermo Federico Kuchar. En primera instancia, ambos habían sido procesados junto a una treintena de personas gracias a la investigación que llevó adelante el fiscal Federal Carlos Alfredo Brito. Ante la Cámara, el fiscal General Gustavo Gómez ratificó todo lo actuado por su par y solicitó que se mantuviera firme lo que había dictado el juez.

La investigación se inició en agosto de 2009, cuando la AFIP-DGI denunció ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Tucumán, a cargo de Brito, la existencia de empresas fantasmas "armadas" para obtener los bonos del plan de fomento a la fabricación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, establecido por el Decreto 379/2001 sancionado por el Poder Ejecutivo de la Nación. La norma establecía un régimen destinado a promover la fabricación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, a través de la emisión de bonos fiscales.

Las denuncias generaron la apertura de 18 causas, que luego fueron acumuladas en la megacausa que cursó ante el juzgado Federal por entonces a cargo de Mario Agustín Racedo, quien actuaba como juez subrogante. De esta manera, en noviembre de 2011, el magistrado, a partir de la investigación y los pedidos que realizara Brito, procesó a varias decenas de los acusados, incluidos los que se presumen como máximos responsables de la estafa al Estado Nacional: Kuchar, ex candidato a senador y a legislador por el Partido de los Trabajadores, y el comerciante salteño Fernández Castro.

De acuerdo al relato que se hizo en el fallo de primera instancia, se estableció que todas las causas se iniciaron por denuncia penal de la Sección Penal Tributaria de la AFIP-DGI, al detectarse la presunta comisión del ilícito previsto y penado por el artículo 4° de la Ley Penal Tributaria (ley N° 24769), que prevé sancionar con "prisión de uno a seis años al que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional".

Los bonos a los que accedieron los procesados eran emitidos por la Dirección Nacional de Industria, dependiente de la Subsecretaría de Industria de la Nación, para ser aplicados al pago de impuestos nacionales (impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta, valor agregado e internos) y se emitían por una suma equivalente al 14 por ciento del precio de venta de esos bienes, una vez detraído el valor de insumos, componentes o partes importadas.

Para acceder al beneficio, los aspirantes debían, en primer lugar, presentar la documentación necesaria en la Dirección Nacional de Industria para lograr su inscripción en el Registro de Empresas Fabricantes de Bienes de Capital. Una vez concluido el trámite, podían, mediante la acreditación de ciertos requisitos, solicitar la emisión de bonos fiscales, los que tenían la posibilidad de ser, por única vez, endosados y cedidos a terceras empresas.

El juez indicó que en todas las causas “se detectó la emisión fraudulenta de sendos bonos de crédito fiscal, lo que se lograba mediante la utilización de un sujeto prestanombre -empresa apócrifo- que no reviste la calidad de verdadero contribuyente ante el Fisco”. Esos “prestanombres” suscribían documentación falsa (declaración jurada, habilitaciones municipales, certificados fiscales para contratar, etc.) que se presentaba ante la Dirección Nacional de Industria, para iniciar un legajo administrativo y lograr su inscripción en el Registro de Empresas Locales Fabricantes de Bienes de Capital.

Luego, solicitaban la emisión de bonos fiscales, para lo que también se confeccionaba un legajo administrativo con documentación falsa. Por ejemplo, explicó Racedo, “certificaciones contables de operaciones comerciales. Una vez emitidos, se presentaban ante la Dirección Nacional de Industria una serie de representantes -apoderados- quienes eran los encargados de retirar los bonos fiscales para, posteriormente, venderlos -por intermedio del Mercado de Valores- a terceras empresas, las que utilizaban estos para cancelar impuestos nacionales”.

Este mecanismo habría sido empleado para perjudicar al fisco por un monto aproximado de $26,5 millones. Por esto, en su momento Racedo ordenó, a pedido de Brito, el procesamiento sin prisión preventiva de dos supuestos autores y coautores (Kuchar y Fernández Castro), y de 16 partícipes necesarios. Asimismo, ya en enero de 2011, y dentro de la misma megacausa, el magistrado había dictado el procesamiento con prisión preventiva respecto de Andrea Martha Jiménez, pareja de Fernández Castro, y quien figuraba a cargo de una de las empresas fantasma con las que se concretó la maniobra delictiva. Jiménez había estado prófuga de la justicia por varios meses, hasta que fue detenida en Buenos Aires. Esa conducta motivó su procesamiento con prisión preventiva.

A su vez, Racedo había dictado la falta de mérito para procesar o sobreseer a doce de los imputados. Respecto de los procesados, se habían trabado embargo por sumas que oscilaban entre los 600 mil y los 20 millones de pesos. Los más gravosos recayeron sobre Kuchar y Fernández Castro, considerados los cerebros de la supuesta maniobra pergeñada para perjudicar al Fisco de acuerdo con las pruebas recolectadas durante la pesquisa. La Cámara Federal también confirmó estas medidas.

Asimismo, entre los 31 imputados se destacan familiares (Kuchar y Guillermo Federico Kuchar del Moral, padre e hijo, respectivamente), parejas (Fernández Castro y Jiménez, por ejemplo), correligionarios políticos (Kuchar y Marcelo Ricardo Corisi, fundador del Partido de los Trabajadores) y hasta compañeros de estudios en la sede de Concepción de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (los contadores Ángel Ariel Medina, Jorge Dulce y Pablo Luis Fernando Rivas).

Finalmente, Racedo había procurado dilucidar si los responsables también habían tenido algún tipo de acuerdo o trato con personal del Poder Ejecutivo Nacional. En este sentido, destacó que "corresponde también encausar esta investigación en relación a la responsabilidad penal que puede caberles a funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación y así citar a prestar declaración indagatoria a Daniel Alfredo Ugarte y Luciano Vitta Tanoni", ordenó en su momento.

La confirmación de los procesamientos es un paso más para avalar la investigación llevada adelante por los representantes del Ministerio Público Fiscal, en vistas de preparar esta megacausa para su posible elevación a juicio, siempre que así lo consideren a partir de las pruebas reunidas.