08 de febrero de 2023
08 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Perjudicados por el accionar de las redes de narcotráfico en la zona
Tucumán: el fiscal general Antonio Gómez se entrevistó con los vecinos del barrio “La Costanera”
Fue en el marco de la investigación preliminar de oficio iniciada por el representante del Ministerio Público respecto del ex secretario de Obras Públicas, Oscar Simón Mirkin, por el desvió de fondos destinados a la construcción de un centro terapéutico de adicciones a una empresa vinculada al funcionario investigado.

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, se entrevistó el pasado jueves con los vecinos del barrio “La Costanera” –ubicado en la margen norte del Río Salí- y visitó el predio destinado a la instalación del Centro Local Preventivo de las Adicciones (CEPLA) para adictos a la pasta base de cocaína, cuya obra se encuentra paralizada y abandonada.

La reunión se produjo luego de que el representante del Ministerio Público Fiscal iniciara una investigación preliminar de oficio y le solicitara al fiscal federal Carlos Brito que investigue las irregularidades en los pagos realizados a la empresa "B&M S.R.L." –vinculada al ex Secretario de Obras Públicas local, Oscar Simón Mirkin-por la construcción inconclusa del CEPLA.

El fiscal Gómez se entrevistó con vecinos y víctimas de la maniobra delictiva, quienes le refirieron la situación respecto a la presencia y violento accionar de las redes de narcotráfico en el barrio. Asimismo, los vecinos hicieron hincapié en la ausencia de políticas territoriales que aborden el tratamiento del narcomenudeo y las consecuencias del consumo de estupefacientes. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó a los presentes las variantes que pueden emplear para asumir un rol activo en el proceso de búsqueda de la verdad, tales como los conceptos de “querella”, derechos y garantías de la víctimas y testigos, al tiempo que los interiorizó respecto a los alcances del Programa Nacional de Protección de Testigos y el avance de la investigación penal.

Por otra parte, los vecinos –afectados por el flagelo del narcotráfico y la maniobra delictiva que los privó de un centro de atención para palear la problemática de la adicción al consumo de estupefacientes- comunicaron que habían formado una cooperativa para ejecutar los trabajos de construcción y montaje del CEPLA, para lo cual debieron inscribirse en el régimen de monotributo social, lo cual les generó una deuda con el Fisco Nacional, que podría sumarse a la estafa de la que fueron víctimas.

Gómez explicó a los vecinos las variantes que pueden emplear para asumir un rol activo en el proceso de búsqueda de la verdad, tales como los conceptos de “querella”, derechos y garantías de la víctimas y testigos.

La investigación preliminar

El fiscal Gómez inició la pesquisa, a raíz de una nota periodística, del 8 de mayo pasado, que daba cuenta de presuntas irregularidades en la construcción del centro prevencional en una zona de la capital tucumana afectada por la narcocriminalidad.

En virtud de ello, requirió informes a distintos organismos provinciales y nacionales, que le permitieron establecer la celebración de un contrato de obra entre la provincia de Tucumán –representada por el responsable de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, arquitecto Juan Luis Pérez- y el ingeniero Hugo Bruno Bocanera de la empresa B&M S.R.L., en el que se acordó que el precio de ejecución fuera de $12.583.336,85 y que debía concluir en el plazo de seis meses. Sin embargo, del “Convenio Específico de Obra” celebrado entre el Gobierno Nacional y el local, se especificó que el monto imputado era de $12.806.559,31, es decir, una diferencia de $223.222,46.

Asimismo, luego de que el Gobierno central girase los fondos, en enero de 2015, el gobierno tucumano realizó un “adelanto financiero” por la obra de $2.561.311,86 -en favor de la empresa adjudicataria- y luego se autorizó la transferencia de los fondos restantes ($10.245.247,45). Pero la obra recién comenzó el 3 de octubre de 2015 y –de acuerdo a un certificado de diciembre de ese año- sólo se completó un 43% cuando en realidad debía estar concluida o próxima a finalizarse.

A raíz de la investigación efectuada por el fiscal general, también se estableció que la firma “B&M S.R.L.” había sido integrada por Luis Hugo Rodríguez, Hugo Bruno Bocanera y Gabriel Eduardo Mirkin, aunque este último se desvinculó de la empresa el 26 de mayo de 2010. Sin embargo, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán informó que la sociedad estaba conformada por Bocanera y el ex Secretario de Obras Públicas local, Oscar Simón Mirkin. Lo mismo surge del informe de la Cámara Tucumana de la Construcción.

En este caso, y como una propuesta singular, el fiscal general señaló en su oficio a su colega de la primera instancia, Carlos Brito, que la obra pública inconclusa tuvo como objetivo el abordaje de las adicciones que padecen los habitantes de una zona de extrema vulnerabilidad social y económica como es la que vive en el barrio La Costanera. Así, la falta de terminación del proyecto del centro educativo terapéutico tiene efectos nocivos que se amplifican exponencialmente si se atiende a la patología que ocasiona el consumo de pasta base en la población infanto-juvenil del barrio. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, está claro que las víctimas son aquellos vecinos que sufren -desde hace muchos años- las consecuencias del abandono causado por el hecho ilícito. Las expectativas de contar con un centro de recuperación para las adicciones de los que viven en una zona tan castigada por la “narcocriminalidad”, los coloca dentro de la estructura procesal de los artículos 79 y 80 del Código Procesal Penal de la Nación.

Tras solicitarle a su colega Brito que investigue a las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados, Gómez también le requirió indagar respecto a sí no se configuró lavado de activos.