29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A raíz de una investigación preliminar de oficio de la Fiscalía General de Tucumán
Tucumán: piden investigar al ex secretario de Obras Públicas local por la construcción inconclusa de un centro terapéutico
Es porque una empresa vinculada al ex funcionario recibió en 2015 más de 12,5 millones de pesos para la realización de la edificación que nunca se concluyó.

El titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, le solicitó al fiscal federal de la jurisdicción, Carlos Alfredo Brito, que investigue a las irregularidades en los pagos realizados a la empresa "B&M S.R.L." –vinculada al ex Secretario de Obras Públicas local Oscar Simón Mirkin-por la construcción paralizada y abandonada de un Centro Terapéutico Educativo para adictos a la pasta base de cocaína (paco) en el barrio tucumano de “La Costanera”.

El fiscal Gómez inició una investigación preliminar de oficio, a raíz de una nota periodística del 8 de mayo pasado, que daba cuenta de presuntas irregularidades en la construcción del centro prevencional en una zona de la capital tucumana afectada por la narcocriminalidad.

En virtud de ello, requirió informes a distintos organismos provinciales y nacionales, lo que le permitió establecer la celebración de un contrato de obra entre la provincia de Tucumán –representada por el responsable de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, arquitecto Juan Luis Pérez- y el ingeniero Hugo Bruno Bocanera de la empresa B&M S.R.L., en el que se acordó que el precio de ejecución era de $12.583.336,85 y que debía concluir en el plazo de seis meses. Sin embargo, del “Convenio Específico de Obra” celebrado entre el Gobierno Nacional y el local, se especificó que el monto imputado era de $12.806.559,31, es decir, una diferencia de $223.222,46.

Asimismo, luego de que el Gobierno central girase los fondos, en enero de 2015, el gobierno tucumano realizó un “adelanto financiero” por la obra de $2.561.311,86 -en favor de la empresa adjudicataria- y luego se autorizó la transferencia de los fondos restantes ($10.245.247,45). Pero la obra recién comenzó el 3 de octubre de 2015 y –de acuerdo a un certificado de diciembre de ese año- sólo se completó un 43% cuando en realidad debía estar concluida o próxima a finalizarse.

A raíz de la pesquisa efectuada por el fiscal general, también se estableció que la firma “B&M S.R.L.” había sido integrada por Luis Hugo Rodríguez, Hugo Bruno Bocanera y Gabriel Eduardo Mirkin, aunque este último se desvinculó de la empresa el 26 de mayo de 2010. Sin embargo, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán informó que la sociedad estaba conformada por Bocanera y el ex Secretario de Obras Públicas local, Oscar Simón Mirkin. Lo mismo surge del informe de la Cámara Tucumana de la Construcción.

En virtud de las averiguaciones efectuadas, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que debía profundizarse la investigación ante la posibilidad de que se hubieran configurado los delitos de estafa en perjuicio del Estado Nacional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública y lavado de activos.

"El estado en que se encuentra la 'Casa de Recuperación Terapéutica' indica sin lugar a dudas el abandono cierto y concreto de la ejecución de la obra, en contraste con la rendición de cuenta brindada por la empresa constructora", evaluó Gómez.

En tal sentido, el fiscal Gómez señaló que “el estado en que se encuentra la 'Casa de Recuperación Terapéutica' indica sin lugar a dudas el abandono cierto y concreto de la ejecución de la obra, en contraste con la rendición de cuenta brindada por la empresa constructora que arroja la existencia de seis certificados por un monto de $4.304.370 más un adelanto financiero por la suma de $2.561.311.86”. Por ese motivo, requirió profundizar la investigación en torno al arquitecto Pérez y al ingeniero Daniel Diambra, quien fuera designado como representante de la provincia de Tucumán y responsable técnico de la obra en cuestión y, por lo tanto, quien debía supervisar los trabajos desarrollados y efectivamente ejecutados, para luego dar su conformidad en los pagos a la empresa constructora.

En relación al Oscar Simón Mirkin, el representante del Ministerio Público Fiscal puntualizó que éste “cumplió funciones como responsable máximo de la Secretaría de Obras Públicas durante la gobernación de José Jorge Alperovich. Justamente, es durante la gestión de Mirkin cuando aconteció la firma del convenio y la puesta en marcha de la obra ‘CET- Casa Educativa Terapéutica’ en el B° ‘La Costanera’”. Agregó que “en definitiva, la llamativa actuación de los funcionarios con injerencia en la ejecución y control de al obra 'CET' o 'CEPLAS' como la adjudicación de la obra a una empresa constructora relacionada al ex secretario de obras públicas resultan extremos que ameritan la profundización de la investigación a efecto de determinar la presunta responsabilidad de Oscar Simón Mirkin”, en torno a negociaciones incompatibles con la función pública.

En este caso, y como una propuesta singular, el fiscal general señala en su oficio a su colega de la primera instancia que la obra pública inconclusa tuvo como objetivo el abordaje de las adicciones que padecen los habitantes de una zona de extrema vulnerabilidad social y económica como es la que vive en el barrio La Costanera. Así, la falta de terminación del proyecto del centro educativo terapéutico tiene efectos nocivos que se amplifican exponencialmente si se atiende a la patología que ocasiona el consumo de pasta base en la población infanto-juvenil del barrio. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, está claro que las víctimas son aquellos vecinos que sufren -desde hace muchos años- las consecuencias del abandono causado por el hecho ilícito. Las expectativas de contar con un centro de recuperación para las adicciones de los que viven en una zona tan castigada por la “narcocriminalidad”, los coloca dentro de la estructura procesal de los artículos 79 y 80 del Código Procesal Penal de la Nación.

El fiscal Gómez también solicitó investigar si los responsables de la firma B&M, Luis Hugo Rodríguez y Hugo Bruno Bocanera, y los funcionarios Pérez y Diambra incurrieron en el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, al tiempo que, éste último también habría incumplido sus deberes de funcionario público.

Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal le pidió a su colega Brito que investigue si no se configuró lavado de activos, al tiempo que indicó una serie de medidas de prueba que debían producirse a futuro.