En el día de ayer, el fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Lepoldo Peralta Palma, realizó su alegato ante los jueces Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga, en las los juicios por las causas “Borquez” y “Camandona”, que se sigue contra el ex juez Federal Felipe Federico Terán y otros seis imputados. Los siete acusados son juzgados por supuestas maniobras con títulos públicos mediante las que se habría buscado defraudar al Estado por decenas de millones de dólares. Durante su exposición, el representante del Ministerio Público solicitó siete años de prisión para Terán y para el abogado Daniel Martín. Mientras que para el letrado particular Alfredo Ducca, pidió una sentencia de seis años.

Respecto a los otros imputados, Perlta Palma requirió cuatro años para el productor bursátil Jorge Rigourd y dos años para Fernando Recalde. Ambos están vinculados a la empresa MA Valores SA Sociedad de Bolsa. Además, a excepción de Recalde, para el resto de los acusados solicitó inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena que les corresponda. Finalmente, el fiscal pidió la absolución para los imputados Pablo Rossi y César Daniel Barboza.

Los delitos por los que se los juzga son tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional y falsificación de documentos (“falsedad ideológica o intelectual”). La causa es de tal magnitud que declararon más de 90 testigos durante varias jornadas.

Para llegar a esa conclusión, Peralta Palma consideró que estaban acreditados los hechos y puntualizó en las irregularidades detectadas en los juicios iniciados en el juzgado de Terán para obtener el cobro en dólares de bonos en default que habían sido alcanzados por la cesación de pagos dispuesta en diciembre de 2001.

Acompañado por el fiscal Federal Carlos Brito, quien instruyó las causas penales con títulos de la deuda pública, Peralta Palma indicó que en la causa “Borquez” no se había concretado el pago sólo gracias a que el Estado nacional había enviado una auditoría después de advertir las irregularidades al juez durante ocho meses. “Debe quedar en claro que se intentaban cobrar cinco millones de dólares en un solo pago, cuando la demanda original era por bonos que valían 620 mil dólares”, señaló el fiscal General.

Al momento de encarar la causa “Camandona”, el representante del MPF explicó que las pruebas periciales demostraron la falsedad de las firmas atribuidas al ex bonista Julio Melchor Camandona, que aparecen en los escritos presentados por el abogado Martín. Finalmente, señaló que la pretensión de cobrar el capital y los intereses de los bonos “colocaba a Camandona y a Borquez en mejor posición que los fondos buitre que ocupan la atención de la prensa y del Gobierno. Esos dos bonistas habrían podido recuperar todo  hace diez años y en mejores condiciones que los buitres”.

Por último, Peralta Palma consideró que Terán era depositario de la confianza de la sociedad, y que Ducca y Martín, pese a tener una educación universitaria que los hacía particularmente conocedores de que sus conductas conformaban delitos, habían elegido delinquir. Sobre los otros dos imputados por los que solicitó pena, agregó que “el cajero Recalde trabajaba en el intestino de la máquina y el licenciado Rigourd puso el combustible para que esta funcionase y, cuando la cosa salió mal, recuperó su capital”.

La audiencia continuará el próximo martes con los alegatos de la defensa. Luego, los jueces estarán en condiciones de dictar sentencia.

Los hechos

En la causa “Borquez”, se le atribuye al abogado Ducca haber firmado, el 25 de Noviembre de 2004, el escrito de demanda como patrocinante de Inés Borquez, mediante el cual solicitó la inconstitucionalidad del Decreto Nº471/02 y de la Resolución M.E. Nº55/02 que afectaban a su patrocinada, como tenedora de Bonos del Tesoro en dólares estadounidenses (Bontes) 11,75% 2002, y haber efectuado un agregado donde se consigna Bontes 03. En esa ocasión, acompañó una copia del DNI de Borquez, y una copia certificada por escribana de una constancia de "Saldos de Movimientos de la Custodia de Valores Negociables" falso, donde expresaba que el mismo había sido emitido por la Caja de Valores. Como consecuencia, se inició la causa "Borquez Inés Yolanda c/ Estado Nacional s/ inconstitucionalidad", que tramitó ante la secretaría civil del jugado del que era titular Terán.

En la demanda, Ducca también había alegado que su cliente padecía un cáncer de colon, acreditando tal circunstancia a través de copias certificadas también por la misma escribana de varios estudios médicos que resultaron falsos.

Por su parte, el otro letrado imputado, Martín, se presentó en el domicilio de Borquez, y le hizo saber que tenía conocimiento de que ella era poseedora de Bontes 02, que se especializaba en lograr el cobro al valor de cotización del día en la moneda de origen y le ofreció iniciar el juicio. Esa información la había obtenido aparentemente del Ministerio de Economía. Al día siguiente, Borquez concurrió a su estudio jurídico y luego de que la hija de Martín leyera la demanda, la firmaron. Ella le entregó únicamente copia de su DNI. Sin embargo, en su declaración indagatoria negó que correspondiera a su puño y letra la firma inserta en el escrito de promoción de demanda agregada al expediente judicial.

En el informe realizado a pedido de la Fiscalía, la Procelac indicó que la misma operatoria se había realizado en la otra causa que llegó a juicio, “Camandona”. Señalaron, entonces, que la intención, luego frustrada, de los abogados era cobrar el valor nominal de títulos públicos en default, que se encontraban sujetos a la pesificación forzosa dispuesta por el gobierno mediante una serie de medidas de emergencia económica tomadas a partir del 2002. El cobro en dólares se buscaba a través del otorgamiento de medidas cautelares.

Fue entonces cuando apareció la figura del ex titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Federico Felipe Terán. A él, se le atribuyen hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas por Ducca y Martín, sin haber constatado la veracidad de la información que contenían las causas “Borquez” y “Camandona”, entre otras en las que actuaron con la misma modalidad. A esas irregularidades, se le sumó no haber analizado en las sentencias los motivos por los que habían sido solicitadas, utilizando argumentos genéricos para sostener la procedencia de su dictado y obviando el cumplimiento de la Ley Nº 25967, que en forma taxativa enumera las causales para sujetarse a la excepción al diferimiento de los títulos públicos.

A su vez, Terán nunca hizo lugar a ninguna pretensión del Ministerio de Economía, que buscaba verificar los hechos que se denunciaban en la causa. Incluso, llegó a firmar escritos en los que solicitaba "depositarse todos los intereses y capital vencido al día de efectuarse el cumplimento de la Medida Cautelar", cuando la resolución solo dispuso "el pago de la renta mensual correspondiente", lo que lo llevó a confeccionar un documento público ideológicamente falso.