Luego de nueve años de las primeras denuncias por parte de la Procuración del Tesoro de la Nación, en la ciudad de Tucumán comenzó el juicio oral contra el ex juez federal Felipe Federico Terán, además de otros seis imputados. Tanto en la causa “Borquez” como en “Camandona”, que son las que llegan acumuladas a esta etapa del proceso, se investigan supuestas maniobras con títulos públicos mediante las que se habría buscado defraudar al Estado por decenas de millones de dólares.

Los delitos por los que deberán responder los acusados son tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional y falsificación de documentos (“falsedad ideológica o intelectual”). La causa es de tal magnitud que está previsto que declaren 99 testigos. En representación del MPF interviene el fiscal General Leopoldo Peralta Palma.

El debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán se inició el 25 pasado. Coincidentemente, el mismo día pero nueve años antes había empezado la auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación que reveló las irregularidades en el trámite de medidas cautelares en los juzgados federales de Tucumán. Sería ese informe el que luego determinaría la destitución de Terán; la renuncia de otro juez federal, Jorge Parache, y la apertura de una serie de investigaciones penales preparatorias, entre ellas, “Borquez” y “Camandona”.

Además del ex titular del Juzgado Federal N°2, los otros imputados son los abogados Alfredo Ducca y Daniel Martín, junto a César Daniel Barboza, Fernando Recalde, Jorge Rigourd y Pablo Rossi. Los siete serán juzgados en “Borquez” mientras que por “Camandona” sólo responderán Terán y Martín.

La primera audiencia

Durante la jornada inicial, el Tribunal Oral rechazó todas las nulidades que habían solicitado los acusados y a las que la Fiscalía se había opuesto. Los jueces Gabriel Casas (presidente), Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga (que interviene por la excusación de Carlos Enrique Jiménez Montilla) ratificaron la decisión de celebrar el debate, para lo que entendieron que todas las cuestiones incidentales resultaron, algunas, “improponibles”, y otras, que ya habían sido resueltas en las distintas etapas del proceso, por los diversos juzgados y cámaras que intervinieron.

A continuación, el abogado Alfredo Ducca, Fernando Recalde, Jorge Rigourd, Pablo Rossi y Daniel Barboza fueron los únicos que aceptaron prestar declaración indagatoria y luego ser interrogados por Peralta Palma, los defensores y los jueces. Recalde, Rigourd, Rossi y Barboza negaron haber participado en la “financiación” de la maniobra que, de acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal (que llevó adelante el fiscal Federal Carlos Brito y en la que también colaboró la Procelac), consistía en adquirir títulos de la deuda pública que habían perdido valor luego del default de 2001, para luego pretender cobrarlos en dólares estadounidenses como si hubiesen sido comprados antes de la cesación de pagos.

Por su parte, Ducca, como abogado de Inés Borquez, negó haber firmado los escritos en los que solicitó al entonces juez Terán que ordenase al Estado que se abstuviera de aplicar la pesificación forzosa a los títulos públicos de su clienta. También, dijo que la hija de Borquez llegó a él por intermedio del otro abogado imputado, Martín, pero aclaró que con este letrado no tenía más que una relación profesional.

El relato de Borquez y Comandona

Peralta Palma relató a Fiscales que durante la segunda jornada declararon como testigos Inés Borquez y Julio Camandona, ambos jubilados. Entre otras cosas, relataron la manera en la que habían comenzado a ser investigados por supuestas maniobras criminales con títulos de la deuda pública.

En un primer momento, los dos testigos habían estado imputados, pero luego fueron sobreseídos. Borquez comentó que nunca conoció el monto que había a su nombre en MA Valores SA -empresa en la que trabajaban varios de los imputados- y que éste procedía de la indemnización que había cobrado por ser madre de una hija desaparecida durante la última dictadura. Luego, especificó que sus ahorros los administraba su otra hija, Atim, quien falleció en 2012, y que se enteró de la investigación penal en su contra a través de la prensa. También, dijo que nunca prestó consentimiento para el inicio de un juicio contra el Estado nacional. Finalmente, señaló que no conocía ni había visto al abogado Martín.

Por su parte, Camandona aseguró que era tenedor de títulos pre-default o en default por un valor de 139 mil dólares estadounidenses adquiridos por intermedio de MA Valores SA. Luego, señaló que Martín se había ofrecido a tramitar el juicio para cobrar los papeles en dólares y que solamente firmó un pacto de honorarios. Como también se señala en el requerimiento de elevación a juicio solicitado por el fiscal Brito, el hombre indicó que había visto al abogado dos veces en la calle y que siempre le contestó que aún no había iniciado su juicio. Sin embargo, al igual que Borquez, relató que un día, leyendo el diario, se encontró implicado en una causa penal junto con Martín y Terán. Al igual que Borquez, dijo que jamás había consentido iniciar causas contra el Estado nacional.

Las audiencias continuaron ayer y hoy, con la declaración de más testigos. El fiscal General comentó que la causa “Borquez” tiene alrededor de 28 cuerpos, mientras que “Comandona” está entre los 8 o 9. Además, dijo Peralta Palma, “hay diez cuerpos que son sólo de prueba documental”. Por esto, agregó, “es la complejidad del debate, la gran cantidad de testigos y la extensión de las audiencias”. A su vez, luego de la jornada de hoy, está planificado que el debate se reinicie el martes 16 de septiembre.

Los hechos

En la causa “Borquez”, se le atribuye al abogado Ducca haber firmado, el 25 de Noviembre de 2004, el escrito de demanda como patrocinante de Inés Borquez, mediante el cual solicitó la inconstitucionalidad del Decreto Nº471/02 y de la Resolución M.E. Nº55/02 que afectaban a su patrocinada, como tenedora de Bonos del Tesoro en dólares estadounidenses (Bontes) 11,75% 2002, y haber efectuado un agregado donde se consigna Bontes 03. En esa ocasión, acompañó una copia del DNI de Borquez, y una copia certificada por escribana de una constancia de "Saldos de Movimientos de la Custodia de Valores Negociables" falso, donde expresaba que el mismo había sido emitido por la Caja de Valores. Como consecuencia, se inició la causa "Borquez Inés Yolanda c/ Estado Nacional s/ inconstitucionalidad", que tramitó ante la secretaría civil del jugado del que era titular Terán.

En la demanda, Ducca también había alegado que su cliente padecía un cáncer de colon, acreditando tal circunstancia a través de copias certificadas también por la misma escribana de varios estudios médicos que resultaron falsos.

Por su parte, el otro letrado imputado, Martín, se presentó en el domicilio de Borquez, y le hizo saber que tenía conocimiento de que ella era poseedora de Bontes 02, que se especializaba en lograr el cobro al valor de cotización del día en la moneda de origen y le ofreció iniciar el juicio. Esa información la había obtenido aparentemente del Ministerio de Economía. Al día siguiente, Borquez concurrió a su estudio jurídico y luego de que la hija de Martín leyera la demanda, la firmaron. Ella le entregó únicamente copia de su DNI. Sin embargo, en su declaración indagatoria negó que correspondiera a su puño y letra la firma inserta en el escrito de promoción de demanda agregada al expediente judicial.

En el informe realizado a pedido de la Fiscalía, la Procelac indicó que la misma operatoria se había realizado en la otra causa que llegó a juicio, “Camandona”. Señalaron, entonces, que la intención, luego frustrada, de los abogados era cobrar el valor nominal de títulos públicos en default, que se encontraban sujetos a la pesificación forzosa dispuesta por el gobierno mediante una serie de medidas de emergencia económica tomadas a partir del 2002. El cobro en dólares se buscaba a través del otorgamiento de medidas cautelares.

Fue entonces cuando apareció la figura del ex titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Federico Felipe Terán. A él, se le atribuyen hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas por Ducca y Martín, sin haber constatado la veracidad de la información que contenían las causas “Borquez” y “Camandona”, entre otras en las que actuaron con la misma modalidad. A esas irregularidades, se le sumó no haber analizado en las sentencias los motivos por los que habían sido solicitadas, utilizando argumentos genéricos para sostener la procedencia de su dictado y obviando el cumplimiento de la Ley Nº 25967, que en forma taxativa enumera las causales para sujetarse a la excepción al diferimiento de los títulos públicos.

A su vez, Terán nunca hizo lugar a ninguna pretensión del Ministerio de Economía, que buscaba verificar los hechos que se denunciaban en la causa. Incluso, llegó a firmar escritos en los que solicitaba "depositarse todos los intereses y capital vencido al día de efectuarse el cumplimento de la Medida Cautelar", cuando la resolución solo dispuso "el pago de la renta mensual correspondiente", lo que lo llevó a confeccionar un documento público ideológicamente falso.