12 de diciembre de 2024
12 de diciembre de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervino la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción
Tucumán: en el marco de un habeas corpus instan a que se traslade a un hombre a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal
La Cámara Federal revocó la decisión del Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción, que había rechazado su tratamiento. El imputado estaba detenido en una comisaría de la Policía de Tucumán en el marco de una causa por una infracción a la Ley N°23.737 de Estupefacientes.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó una resolución del Juzgado Federal N°1 que había rechazado por improcedente la acción de habeas corpus presentada por un hombre alojado en la Unidad Regional Este (URE) de Lastenia, de la Policía de la Provincia de Tucumán. Además, en línea con el planteo del titular de la Fiscalía General ante esa instancia, Antonio Gustavo Gómez, instó al TOF tucumano -a cuya disposición se encuentra el detenido-a que arbitre los medios para que  sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

El hombre se encuentra acusado por una infracción a la Ley N°23.737 de Estupefacientes y estaba detenido en la URE de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DiGeDroP) de la policía provincial, ubicada en la localidad tucumana de Lastenia. En ese contexto y dado que habían transcurrido más de seis meses de su aprensión, la defensa interpuso acción de hábeas corpus correctivo en febrero de 2024, dado que su asistido sufría un deterioro constante y progresivo en su salud física y mental. De acuerdo a la presentación, el hombre padecía cuadros de fiebre y erupciones cutáneas que, según su abogado, eran reiterados y no se los atendía debidamente. Por ello, entendió que la situación agravaba las condiciones de detención y afectaba el derecho humano a la salud.

El 17 de febrero de 2024, el Juzgado Federal N°1 de Tucumán rechazó la acción de habeas corpus por considerarlo improcedente y elevó las actuaciones a consideración de la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción. Para así decidir, sostuvo que no existía ningún pedido de la defensa vinculado a cuestiones de salud que no hubiere sido proveído y tramitado y que el hombre “fue atendido, diagnosticado y medicado conforme la patología que presentaba”, por lo cual “no se evidencia ninguna situación que agrave las condiciones de detención”.

El dictamen de la fiscalía general

A su turno, el 21 de febrero pasado, el fiscal general Antonio Gustavo Gómez se expidió conforme el artículo 10 de la Ley 23.098 del Procedimiento de Habeas Corpus y consideró que debía revocarse la resolución del juez de grado que rechazó la acción.

En ese orden de ideas, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el hombre estaba detenido en una dependencia de la policía provincial, en el marco de una investigación federal. Por ello, entendió que “la privación de la libertad de C. debería realizarse en una institución de jurisdicción federal”. Así, solicitó que se hiciera lugar al pedido de la defensa y se ordenara el traslado del hombre “a una Unidad Penitenciaria Federal donde pueda tener una efectiva atención a sus problemas de salud”.

El fallo de la Cámara Federal de Tucumán

Al resolver la cuestión, la jueza Marina Cossio y los jueces Ricardo Mario Sanjuan, Mario Rodolfo Leal y Luis Poviña revocaron la decisión del juez y remitieron las actuaciones para que se realice la audiencia prevista en el artículo 14 de la Ley 23.098. Además, coincidieron con la postura del fiscal General Gómez e instaron al Tribunal Oral Federal de Tucumán para que realice las gestiones necesarias a fin de que el imputado sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Para así decidir, la Cámara advirtió “una clara irregularidad en el trámite impreso” por cuanto se omitió la realización de la audiencia prevista en la Ley del Procedimiento de Habeas Corpus, lo que invalidaba la decisión del juez de grado.

También, instaron al TOF tucumano para “que realice las gestiones necesarias para que el imputado sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”.