La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revirtió la decisión del Juzgado Federal de Primera Instancia radicado en esa provincia que se había negado a tomar declaración indagatoria a todo el directorio de Movistar. Este pedido lo había formulado el fiscal General ante la Cámara, Antonio Gómez, quien caso también interviene en la etapa instructoria, luego de que su par Carlos Brito se hubiese excusado.

Los directivos de la empresa están investigados por infracciones a la ley de Servicios de Comunicaciones Móviles. Exactamente, se trata de los artículos 10 y 14 de la norma 25.891, que reprime la alteración, el reemplazo, duplicación o cualquier modificación a un número de línea.

Todo comenzó con la denuncia de un grupo de usuarios de Movistar a los que se les había asignado sin que lo solicitaran y sin firmar siquiera un solo formulario alrededor de cuatro mil líneas telefónicas. En un primer momento, se las habían otorgado como prepagas y luego los transformaron en abonados fijos.

El fiscal general, después de reunir todas las medidas probatorias y cumplir con los requisitos del juzgado para identificar a los acusados y los hechos que les imputaba, solicitó que se le tome declaración indagatoria a Patricio José Lobos, Luis Blasco Bosqued, Ernesto Daniel Gardeliano, Eduardo Fernando Caride, Marcelo Gobbi y Alejandro Pinedo, integrantes del directorio de Movistar.

Sin embargo, el juez negó la medida y estableció que se continúe con la investigación. El representante del Ministerio Público apeló la resolución y, entre otras cosas, señaló que “cuestionar reiteradamente el accionar del Ministerio Público, sin atisbos de razonabilidad, significa una intromisión clara y concreta en el rol que le cabe desempeñar al Fiscal en el marco de una investigación penal, al cooptarle la posibilidad de diseñar la estrategia investigativa que mejor se adecue a los supuestos denunciados originalmente por la querella. De esta manera, el Sr. Juez Federal pone en jaque los postulados del artículo 120 de la Carta Magna Nacional, y su reglamentación estipulada en la Ley 24.946”.

En su fallo, la Cámara de Apelaciones le dio la razón, acogió el pedido del fiscal y dispuso que, al encontrarse la investigación delegada, la denegatoria de la medida “genera un estado de cosas que impide vislumbrar una conclusión definitiva de la instrucción”. Y agregó que ese “panorama conlleva un agravio al Ministerio Público Fiscal, toda vez que no cuenta con la posibilidad de requerir elevación a juicio”.

De esta manera, el Tribunal revocó la resolución del juez de primera instancia, le ordenó al juez que continúe con la investigación y cite a los directivos de Movistar imputados a prestar declaración indagatoria, “a los fines de evitar mayores demoras en la instancia de la causa”.