El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, procesó sin prisión preventiva a un hombre de 66 años y su hijo de 38 por el avance de un emprendimiento inmobiliario denominado “Las Pirámides”, ubicado en el Parque Sierra de San Javier, sobre un inmueble de dominio público perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Agustín Chit, con la intervención de la auxiliar fiscal Julia Vitar.

La resolución judicial consideró acreditada, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso, la responsabilidad de P.M.S como autor de tres hechos de usurpación mediante despojo —ocurridos en 2019, 2022 y 2024—, defraudación por estelionato y daño agravado a bienes de uso público, en el marco del área protegida que administra la universidad. Su hijo, en tanto, fue procesado como partícipe secundario de los tres hechos de usurpación y del daño agravado.

Además, Díaz Martínez dispuso embargos por 500 millones de pesos sobre los bienes de P.M.S y por 200 millones de pesos sobre los de su hijo, M.S, y resolvió que ambos permanezcan en libertad durante el proceso.

Como antecedente, Díaz Martínez destacó que P.M.S registraba una condena penal firme dictada el 20 de diciembre de 2024 por el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán a un año de prisión en suspenso y una multa de 30 millones de pesos por desobediencia a un funcionario público.

El caso

La investigación tuvo como punto de partida una medida cautelar dictada el 3 de diciembre de 2018 por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que había ordenado suspender toda construcción de viviendas, tala de árboles, parquización, apertura de caminos y cualquier otra acción que afectara el sector denominado “Las Pirámides”, ubicado dentro del Parque Sierra de San Javier.

Pese a esa prohibición, se pudo reconstruir que existió un proceso de expansión progresiva del emprendimiento inmobiliario efectuado por padre e hijo.

En abril de 2019, se constataron 25 viviendas terminadas y una en construcción. Tres años después, se registraron 21 viviendas nuevas, además de desmontes de gran magnitud, tala de árboles, construcciones en progreso, maquinarias y materiales.

Ante el avance de las construcciones y las denuncias formuladas, la fiscalía federal solicitó la realización de una inspección ocular, medida que fue ordenada por el juzgado federal y llevada a cabo el 20 de abril de 2024 con la intervención de la Unidad Especial de Reconocimiento (UNRE) y la Unidad de Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) de Gendarmería Nacional, con la colaboración de personal de la Universidad Nacional de Tucumán.

Las inspecciones fueron realizadas por Gendarmería Nacional. Foto: Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán

El procedimiento permitió relevar 54 viviendas en el predio. Posteriormente, un trabajo del Departamento de Geodesia y Topografía de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT permitió georreferenciar 70 construcciones, además del relevo de terrenos delimitados con cercos y carteles que indicaban ‘propiedad privada’ y ‘prohibido pasar’, algunos de ellos identificados con los nombres de las familias que ocupaban las viviendas.

La acusación fiscal destacó que los relevamientos realizados mediante inspecciones judiciales y vuelos con drones en 2019, 2022 y 2024 permitieron observar los sucesivos avances sobre el área protegida. El crecimiento también tuvo correlato en los registros de consumo eléctrico. Según la investigación, el único suministro registrado a nombre de P.M.S pasó de un consumo de 155 kWh en mayo de 2012 a picos de 8627 kWh, lo que representó un incremento del 3572,25%.

La venta de los terrenos

Otro de los ejes de la investigación estuvo vinculado con la comercialización de lotes dentro del predio. La Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán incorporó publicaciones en redes sociales y plataformas digitales, recibos y boletos de compraventa que documentaron operaciones realizadas por el principal acusado.

Una de las publicaciones en redes sociales donde se ofrecían terrenos a la venta. Captura de pantalla: Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán

De esa forma, se consignó que se habían identificado al menos 19 boletos de compraventa y una cesión de derechos posesorios, de los cuales al menos 12 fueron celebrados después del 3 de diciembre de 2018, cuando ya estaba vigente la medida cautelar que prohibía continuar con el loteo y la enajenación de fracciones.

Según la fiscalía, algunos de esos instrumentos contenían afirmaciones que presentaban a P.M.S como poseedor del inmueble desde hacía más de cien años y hacían referencia a una supuesta sentencia firme que avalaría su derecho a usucapir, es decir, a haberse convertido en el dueño del bien por poseerlo durante mucho tiempo.

Sin embargo, en la investigación se pudo determinar que la Dirección Provincial de Catastro de la provincia de Tucumán había rechazado en 2009 el plano de mensura que P.M.S había presentado para obtener la prescripción adquisitiva del inmueble. En el procesamiento, el juez destacó que, al momento de los hechos investigados, el imputado no contaba con ningún título ni resolución judicial que reconociera un derecho de dominio o posesión sobre el predio.

El magistrado federal consideró que la documentación aportada a los compradores habría sido utilizada para construir una apariencia de legitimidad sobre derechos que el acusado no tenía. Además, señaló que la copia de un sobreseimiento dictado en una causa iniciada en 1998 no reconocía ningún derecho de dominio ni habilitaba a lotear, desmontar o vender el inmueble.

La participación secundaria

La investigación también alcanzó al hijo de P.M.S, a quien la fiscalía le atribuyó una participación secundaria en las maniobras. Entre otros elementos, se tuvo en cuenta que en diciembre de 2018 habría impedido el ingreso de personal judicial y del representante legal de la UNT al predio. Asimismo, durante el allanamiento realizado en abril de 2024, habría amenazado al personal de Gendarmería Nacional antes de permitir el ingreso una vez exhibida la orden judicial.

La investigación también detectó publicaciones de M.S en las que ofrecía lotes en el barrio privado “Las Pirámides”. Además, se determinó su vinculación con la empresa San Javier WIMAC SAS, que prestaba el servicio de internet a familias asentadas en el predio, y transferencias recibidas en su cuenta de Mercado Pago provenientes de compradores y moradores. Para la fiscalía, esos elementos excedían un mero acompañamiento familiar y daban cuenta de una colaboración concreta con la actividad desarrollada por su padre.

El carácter público y protegido del inmueble

El Parque Sierra de San Javier se encuentra emplazado sobre tierras que son propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán desde 1948 y que revisten el carácter de bienes de dominio público.

El área fue incorporada al patrimonio de la Universidad en el marco de las disposiciones que determinaron la afectación de esos inmuebles y, posteriormente, mediante la Resolución UNT Nº 1030/73, se creó formalmente el Parque Universitario Sierra de San Javier, destinado a fines de educación e interpretación ambiental, investigación científica, mantenimiento de servicios ambientales, turismo y recreación, bajo la categoría de Conservación II.

A su vez, distintas resoluciones dictadas por la UNT entre 1974 y 1975 prohibieron la explotación agrícola, ganadera, comercial o industrial, la residencia humana y cualquier alteración del paisaje o del equilibrio del ecosistema.

Foto de archivo: Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán

Por tratarse de un bien de dominio público, el inmueble se encuentra fuera del comercio y no puede ser adquirido por usucapión ni enajenado por particulares. La investigación determinó que la Universidad Nacional de Tucumán es titular del inmueble donde se desarrolló el emprendimiento “Las Pirámides” que forma parte del Parque Sierra San Javier.

Además de la afectación patrimonial de la UNT, la causa permitió documentar el avance de construcciones, desmontes, apertura de caminos y tala de árboles sobre un sector integrado al Parque Sierra San Javier, que constituye un área protegida.

Para la fiscalía, la maniobra tuvo como consecuencia no solamente el desapoderamiento progresivo de una porción del inmueble de la Universidad, “sino también la afectación del ambiente, del orden territorial y del destino público del área”. En particular, se atribuyeron a los imputados conductas vinculadas con el desmonte, la tala de árboles, la apertura de caminos y el avance de construcciones sobre el área protegida, consideradas como constitutivas del delito de daño agravado sobre bienes de uso público.

La determinación del impacto ambiental

En octubre de 2024, la fiscalía federal solicitó al juzgado que autorizara la realización de un informe técnico destinado a establecer si las edificaciones e intervenciones realizadas en el predio habían ocasionado daño ambiental y, en el caso de que haya sucedido, cuantificarlo. Para ello, se requirió la intervención de investigadores del Instituto de Ecología Regional (IER) y del Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (INTEPH), dependientes del CONICET NOA Sur.

Los organismos propuestos elaboraron un protocolo de trabajo y estimaron un plazo de aproximadamente 70 días para la realización del estudio. La medida, sin embargo, se encuentra pendiente de ejecución, dado que el juez elevó la cuestión al Consejo de la Magistratura de la Nación, a fin de que se otorguen las partidas presupuestarias necesarias para afrontar los costos del peritaje.