El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán ordenó el procesamiento con prisión preventiva de tres policías acusados de un secuestro extorsivo. En sintonía con lo solicitado por el fiscal federal Agustín Chit, los agentes pertenecientes a la policía de Tucumán están imputados de haber intervenido junto a una cuarta persona no identificada en la sustracción, retención y ocultamiento de un hombre al que se llevaron de su hogar con el fin de obtener el pago de una suma de dinero, a cambio de su liberación por parte de su familia, lo que finalmente ocurrió a las pocas horas.

De acuerdo a la acusación, el 23 de febrero por la noche los tres acusados, junto a una persona aún no identificada, secuestraron a la víctima de su hogar en un barrio privado de la ciudad de Tucumán. Según la reconstrucción de los hechos, los cuatro hombres llegaron al domicilio armados y vestidos de civil a los fines de encontrarse con la víctima, quien iba a venderles 20 gramos de marihuana a cambio de 30 mil pesos. La persona encargada de haberlo contactado para la transacción le entregó 20 mil pesos y le pidió que saliera de la casa para poder darle el resto del dinero. Una vez afuera, la víctima notó que había un auto del que descendieron otras dos personas, por lo que intentó regresar corriendo a su hogar, pero fue interceptado por sus captores.

Los tres hombres se identificaron como policías y lo introdujeron por la fuerza al vehículo, que era conducido por la cuarta persona. Los captores condujeron a su víctima a la Jefatura de Zona III, y una vez allí lo trasladaron a una oficina en donde lo golpearon y le hicieron quitarse la ropa, mientras uno de ellos filmaba la escena con su teléfono celular. Luego de dejarlo en ese lugar, los captores regresaron al domicilio de la víctima en donde encontraron a su hermano, a quien le solicitaron su número de teléfono celular para continuar con las negociaciones referidas a la liberación de quien tenían cautivo. Por la medianoche, la madre de la víctima se enteró de lo sucedido y, tras comunicarse telefónicamente con los captores, se encontró con ellos en la misma sede de la jefatura policial.

Una vez allí, la mujer fue recibida por las personas que habían secuestrado a su hijo. Una de ellas le indicó que sabían que ella era docente y que su trabajo se vería perjudicado si se sabía que su hijo vendía drogas en su casa; luego le exigieron 200 mil pesos en concepto de rescate, previo mostrarle que la víctima se encontraba con vida en ese lugar. Tras reunir la suma requerida, la mujer se comunicó con los secuestradores y volvió a la jefatura, adonde llevó el dinero en efectivo. Después de un altercado con los captores relacionado con el monto, terminó dejándoles un total de 240 mil pesos. Finalmente, fue llevada a una habitación en la que su hijo estaba con una mujer, quien dijo ser superior en rango de las otras personas, y les permitieron retirarse.

Los captores condujeron a su víctima a la Jefatura de Zona III, y una vez allí lo trasladaron a una oficina en donde lo golpearon y le hicieron quitarse la ropa, mientras uno de ellos filmaba la escena con su teléfono celular.

A partir de la denuncia efectuada, el fiscal Agustín Chit solicitó una serie de medidas para identificar a los secuestradores y su posterior detención, la obtención de registros de cámaras de seguridad, y la intervención y peritaje de sus líneas telefónicas, entre otras. Con estos antecedentes, el representante del MPF imputó a los tres acusados haber intervenido junto a una cuarta persona en la sustracción, retención y ocultamiento de la víctima con el fin de obtener el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación, lo que finalmente ocurrió.

De acuerdo con la imputación del fiscal Chit, el ingreso de la víctima al destacamento policial no fue registrado en ningún libro y tampoco existía una orden para su detención ni una investigación abierta en su contra en la Fiscalía especializada en Narcomenudeo. Por estos motivos, el fiscal consideró que los hechos atribuidos a los acusados debían ser calificados como secuestro extorsivo agravado por haber cobrado rescate, por la cantidad de personas intervinientes y por ser los acusados funcionarios públicos.

El juez federal subrogante José Manuel Díaz Vélez consideró que las comunicaciones entre los captores y los familiares quedaron acreditadas en las medidas de prueba ordenadas por el Ministerio Público Fiscal, y que los hechos denunciados fueron ratificados en las declaraciones testimoniales de un agente que fue testigo presencial del ingreso de la víctima y sus secuestradores a la Jefatura, y también del portero del barrio privado de donde fue sustraído el hombre. Díaz Vélez consideró que “del análisis integrado de dichos elementos probatorios se desprende la acreditación del accionar coordinado y premeditado de los encartados en la comisión de las conductas investigadas”.

Por ello, el juez ordenó el procesamiento de los tres acusados por considerarlos penalmente responsables en calidad de coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por haberse efectuado el cobro del rescate y por ser los tres acusados funcionarios públicos. El juzgado dispuso el inmediato traslado al Servicio Penitenciario Federal o provincial de dos de los imputados, mientras que uno de ellos deberá cumplir la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria por su estado de salud.

Para asegurar la integridad psicofísica de las víctimas activas y pasivas, el juez ordenó también la prohibición de acercamiento o de contacto en un radio de quinientos metros, por lo que los acusados deben abstenerse de tomar contacto por cualquier medio de comunicación, red social o aplicación, ya sea de manera directa o a través de interpósita persona. Por último, dispuso trabar un embargo sobre bienes suficientes de propiedad de cada uno de los policías hasta cubrir la suma de 2 millones de pesos por cada uno de ellos para garantizar la pena pecuniaria, las costas procesales y la responsabilidades civiles que pudieran derivarse del hecho por el que están acusados.