El fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Leopoldo Peralta Palma, apeló de la excarcelación de dos personas acusadas de cometer el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

Los imputados son Luis Roberto Gambande y Melani Juliana Borgo, quienes resultaron beneficiados a raíz de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que el pasado 19 de diciembre pasado calificó de proxenetismo el hecho que los tuvo en principio como autores del delito de trata de personas con finalidad de explotación sexual.

Los hechos

La causa se inició el 18 de mayo de 2012 por una denuncia anónima realizada a través de un correo electrónico dirigido a la Policía Federal Argentina. En esa oportunidad se dejó constancia que en una vivienda ubicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán funcionaba un prostíbulo donde trabajarían personas menores edad.

Luego de realizar las investigaciones correspondientes, se ordenó el allanamiento de los domicilios denunciados. De esta manera, se pudo acreditar el funcionamiento del prostíbulo, que asimismo era el domicilio de los imputados -que fueron detenidos- y de algunas mujeres que eran obligadas a prostituirse.

A partir de ese momento, se sucedieron una serie de medidas y actos procesales que concluyeron en las declaraciones indagatorias de tres personas (Luis Roberto Gambande, Melani Juliana Borgo y Eduardo Gambande) y los procesamientos de los dos primeros por la comisión del delito de trata de personas.

Recurso del fiscal

El fiscal Peralta Palma sostuvo en su planteo que la Cámara realiza argumentos "contradictorios", "dogmáticos" y que “omite la consideración de numerosos elementos de prueba que han sido enumerados en la resolución del juez de primera instancia”.

Además, Peralta Palma indicó que “los argumentos del fallo clausuran virtualmente la posibilidad de continuar la investigación, pues considera a la trata de personas como un mero ‘delito de peligro’ o impone criterios absolutamente restrictivos y alejados de la complejidad que trae este delito".

El fiscal también remarcó que otra consecuencia negativa del cambio de calificación es la limitación en cuanto a la persecución del patrimonio de los imputados.

Añadió que el fallo no toma en cuenta elementos que resultan determinantes para la resolución del caso y que, a la vez, el tribunal pondera otros en un sentido "manifiestamente erróneo". Además, puso de relieve que el  tribunal no valora la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

“Lo que se enrostra en la acusación es haber sido responsables de la captación mediante engaños y actos fraudulentos, traslados al lugar de explotación a otro de las víctimas, acogimiento en el inmueble de propiedad de Gambande y finalmente explotación sexual de las víctimas", recordó el fiscal en la presentación.

Peralta Palma remarcó que este caso presenta características de crimen organizado, con división de funciones entre los responsables y con un manejo de recursos y logística que dan la pauta de una voluntad de llevar adelante una actividad permanente, ilícita y compleja.

“En síntesis, las acciones desplegadas por Gambande y Borgo demuestran que su participación en los hechos no es de proxenetismo, sino que el conjunto de acciones llevadas adelante es mucho más amplio. Los imputados eran plenamente conscientes de que la obtención de ganancias provenía de la trata de personas con finalidad de explotación sexual; y realizaron voluntaria y libremente la captación y el alojamiento de las víctimas a la vez que estaban a cargo de la administración del regenteo del prostíbulo ubicado en San Miguel de Tucumán”, indicó Peralta Palma,

Por esos motivos, solicitó revocar la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones y dejar sin efecto la decisión que modifica la calificación legal de los acusados y el cese de su prisión preventiva.