Valentín falleció el 18 de agosto de 2002 en el Sanatorio "15 de Diciembre", perteneciente a la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA), por mala praxis médica. Por la muerte fueron acusados los médicos Oscar Enrique D’onofrio, actual director médico de la obra social, Karina Claudia Melillo y Alfonso Leguizamón. Valentín había llegado tres días antes desde el Hospital Eva Perón a causa de quemaduras de tipo AB que le cubrían aproximadamente un once por ciento del cuerpo. Las quemaduras se habían producido por la caída de una pava con agua caliente que le había dañado en especial el brazo derecho.

El primero en atenderlo en el sanatorio de OSCHOCA fue el pediatra de guardia, Pedro Llerena. El médico, luego de escuchar lo sucedido, habría informado que no tocaría al niño; solamente le haría los análisis correspondientes y a la mañana siguiente lo enviarían al Instituto del Quemado para que lo evaluaran especialistas.

Sin embargo, al otro día, luego de regresar de la interconsulta, fue el propio padre de Valentín el que solicitó a los médicos y enfermeras del Sanatorio "15 de Diciembre" que revisaran el suero que tenía colocado su hijo. Según le habían informado en el Instituto del Quemado, estaba mal puesto. Los reclamos de los padres sobre este punto se reiteraron durante todo el día y, gracias a ello, recién a la noche una enfermera de la clínica comprobó lo que ya habían señalado los médicos del instituto: la aguja por la que ingresaba el suero estaba doblada, lo que impedía su paso. A raíz de esto, le quitaron el suero y ya no se lo volvieron a poner. Minutos más tarde, colocaron junto a él a una niña que sufría neumonitis aguda.

Esa medianoche comenzaría a empeorar el estado de salud de Valentín. Primero fueron los vómitos, que lo acompañaron durante toda la noche. Recién por la mañana, se presentó en el cuarto la pediatra Karina Melillo para revisarlo. Relatan los padres que durante la noche no se veía ningún médico en el lugar. Durante el mediodía, Valentín comenzó a tener picos de fiebre. Melillo indicó que se habían comunicado con el Instituto del Quemado y desde allí le habrían dicho que la fiebre podía deberse al proceso de curación de las heridas. A raíz de esto, les dijo a los padres que si continuaba en ese estado, lo derivarían nuevamente al Instituto para revisar las quemaduras.

Por la tarde, luego de que continuara con vómitos y fiebre, Valentín fue transferido a otra habitación donde había aire acondicionado. Esto se debió a que en la que compartía con la niña con neumonitis aguda no se podía apagar la calefacción. Con el correr de los minutos, el estado de Valentín empeoró.

Ni Valentín ni sus padres podían saber que el abandono al que lo habían sometido provocaría que el 18 de agosto fuera su último día de vida. Durante esa jornada, la primera en verlo fue una enfermera, que al instante y sin tener que revisarlo, comprobó que no estaba bien. A los vómitos y la fiebre se le había sumado la diarrea. Para tratar de controlarlo, le pusieron suero en las piernas, por donde le pasaron medicamentos. En la puerta de la habitación, para que nadie ingresara, colocaron un cartel con la leyenda “zona restringida”.

La doctora que lo atendió les dijo a los padres que Valentín había contraído una infección intestinal en la propia clínica. Como empezó a costarle respirar, tuvieron que asistirlo con oxígeno. La médica llamó entonces a D’Onofrio para comunicarle que debían trasladar al niño a la terapia intensiva de otro establecimiento, puesto que el Sanatorio "15 de Diciembre" no contaba con ese tipo de salas.

Cuando D’Onofrio se presentó a ver a Valentín por primera vez desde que había llegado al sanatorio, pudo comprobar que el niño había fallecido. La muerte se habría producido por un paro cardiorespiratorio, provocado por congestión y edema agudo de pulmón debido a una falla hemodinámica aguda por el proceso de la quemadura sufrida. Asimismo, se consideró posible que en el cuadro estuviese involucrado un proceso infeccioso intrahospitalario contraído en la institución.

Pericias

Desde el 18 de agosto de 2002 hasta le fecha, por la causa ya pasaron tres fiscales de instrucción y uno que actuó ante la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de María del Carmen Della Rolle, Enrique Gamboa, Esteban Madrea y Joaquín Gasset, respectivamente. En la actualidad, Madrea, desde la fiscalía nacional en lo criminal de instrucción Nº 14, es el único que sigue en funciones –los otros tres ya no integran el MPF–  y el que busca justicia para Valentín.

A partir de los distintos escritos que presentaron los fiscales en la causa, se pudo saber que los primeros médicos forenses que tomaron contacto con el cuerpo de Valentín establecieron que el deceso se debió a una complicación infecciosa invasiva de la quemadura sufrida, y advirtieron que las causales de muerte en pacientes quemados se deben a tres razones principales, entre las que se encuentran las “complicaciones sépticas con fallo orgánico”. Como sucedió en este caso. A la vez, en un nuevo estudio médico mencionaron que el cuadro del niño en forma integral, ponderando los vómitos, diarrea, fiebre y deshidratación, fueron signos y manifestaciones de la infección que avanzaba. “La evolución bacteriana de las heridas de quemaduras fueron predectibles en el tiempo”, dijeron los forenses. A raíz de esto, desde la fiscalía concluyeron que los médicos no le prescribieron ninguna medicación para contrarrestar la infección pese al empeoramiento de la situación clínica.

También comprobaron que la falta de aseo del lugar era general, que pese a sus vómitos y diarrea, jamás cambiaron la ropa blanca del niño: sólo le daban vuelta la sabana y la funda de la almohada. Tampoco le cambiaron los vendajes, sino sólo la “camisa”, que es lo que se conoce como el recubrimiento superior.

Finalmente, el prestigioso médico forense Osvaldo Curci, ya fallecido, también había concluido, a principios del 2003, que hubo “mala praxis” por parte de los médicos responsables de la atención de Valentín. En base a ello, el primer fiscal de la causa, Enrique Gamboa, luego de una pronta investigación, había requerido la indagatoria de los médicos que desatendieron al menor. Sin embargo, estas conclusiones del forense y los pedidos del fiscal nunca fueron tenidos en cuenta por la jueza que llevó desde un inicio la causa, Alicia Iermini. Lo mismo sucedió con los pedidos reiterados por los siguientes fiscales que intervinieron en todas las instancias en representación del Ministerio Publico Fiscal, así como también la jueza desosyó tanto a la cámara del crimen como a la cámara de casación penal, que en reiteradas oportunidades anularon sus sobreseimientos y le ordenaron “que se agilice la investigación para que prontamente la cuestión pueda ser ampliamente analizada y debatida en un eventual juicio oral y público”.

Prescripción y sobreseimiento

La jueza de instrucción Alicia Iermini es recordada por haber dejado prescribir el histórico expediente sobre la detención del adolescente Walter Bulacio y su muerte tras recibir una golpiza en la Comisaría 35ª. Allí lo habían llevado detenido en abril de 1991, cuando intentaba entrar a un recital de Los Redonditos de Ricota. Iermini tuvo a su cargo la investigación del caso durante más de nueve años en los que no se concretó siquiera el traslado de la acusación que había hecho en un primer momento la fiscal Mónica Cuñarro contra el único imputado, el ex comisario Miguel Angel Espósito, en la cual pedía 15 años de prisión.

Coincidencias o no, al momento de investigar lo que sucedió con Valentín, las dos medidas más importantes que tomó sistemáticamente Iermini a lo largo de los once años que lleva el trámite de la causa fueron la prescripción y el sobreseimiento de todos los acusados.

En relación con el sobreseimiento dictado por Iermini en favor de los médicos, luego de llegar a la instancia de Casación -tras varios años de demora y gracias a la actividad del Ministerio Público, se consiguió la anulación de esa sentencia. La Cámara no sólo entendió que debía continuarse con la investigación, sino que además estableció que la figura legal por la que debían ser investigados los médicos era, además de homicidio culposo, abandono de persona agravado por ser seguido de muerte. Las diferencias, en este sentido, se tornan sustanciales debido al monto de la pena.

En esa oportunidad, los jueces destacaron que la circunstancia de que hubiese sólo un médico de guardia de especialidad neonatólogo para atender emergencias internas y externas en el sanatorio “colocó al niño en una situación de desamparo tal que quedó evidenciada en los testimonios de sus familiares, quienes fueron contestes que en ninguna de las noches que duró su internación recibió la visita de un médico, pese a las insistencias generadas por el agravamiento del estado de salud del niño”. Asimismo, señalaron que la actuación de los médicos imputados había sido avalada “por una deficiente e irregular organización de la ‘Clínica 15 de Diciembre’", que en ese entonces funcionaba sin habilitación y con personal insuficiente.

Como ya se dijo, sin oír a su superior, la jueza Iermini volvió a paralizar el expediente. Después de otro intento de sobreseimiento por prescripción, que nuevamente gracias a la apelación del fiscal Madrea fue anulado en la Cámara de Apelaciones, el jueves de la semana pasada, y por quinta vez en lo que va del proceso, Iermini volvió a sobreseer a los médicos. También se negó a investigar al sanatorio de la Obra Social del Sindicato de Choferes de Camiones, como lo había ordenado Casación.

La investigación de la actuación del sanatorio, señaló el fiscal, era fundamental, ya que los informes de laboratorio habían desaparecido en manos del propio establecimiento médico. Si bien en distintas oportunidades manifestaron que hace diez años que los buscan, lo cierto es que una hoja de la Historia Clínica fue recuperada por la propia madre de Valentín del piso del sanatorio cuando la tiraron para deshacerse de todo lo que habían dejado asentado allí. De esta manera fue que se descubrió que decía “shock séptico” como diagnóstico de la epicrisis del fallecimiento del niño.

Por eso, esta vez el fiscal Madrea no sólo volvió apelar la medida tomada por Iermini, sino que también comunicó todo lo actuado por la jueza al Consejo de la Magistratura. Sobre este aspecto, señaló que el modo en el que se investigó la muerte de Valentín además afectar a la familia y al interés general de la sociedad, también podía traer consecuencias graves para el Estado a nivel internacional. Madrea indicó, entre otras cosas, que la prescripción decidida podría negar el efecto útil de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a las obligaciones del Estado “de proseguir y concluir con la investigación de los hechos delictivos y sancionar a los responsables de los mismos, la cual debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”.