El Programa de Género, junto al representante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de instrucción N°3, Marcelo Roma, intervino en un caso de violencia doméstica en el que el acusado de haber maltratado física y psicológicamente a su mujer resultó sobreseído.

La causa se había iniciado en 2011, cuando la víctima denunció a su pareja por agresiones físicas y amenazas.

Como consecuencia, intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 44 que citó al imputado pero éste nunca se presentó.

Durante el 2012, el acusado volvió a agredir a su mujer y este nuevo hecho se acumuló al caso anterior.

En febrero de este año, el juez dictó el sobreseimiento del imputado, argumentando que la única prueba reunida hasta ese momento –el testimonio de la víctima- era insuficiente para procesar al imputado.

Además, indicó que no había más pruebas ya que entendía que los posibles testigos eran “parciales” por tratarse de familiares de la víctima y del imputado.

La Fiscalía apeló esta primera decisión y el Programa de Género fue convocado por la Fiscalía General N°3 para sostener el recurso ante la Cámara del Crimen en una audiencia que se llevó a cabo el pasado 18 de marzo. La Cámara revocó dicha disposición y le ordenó al juez realizar nuevas medidas de prueba.

Luego de esta decisión, la única orden adoptada por el juez fue convocar a la víctima, quien dijo que actualmente había reiniciado la relación con el imputado y que desconocía dónde vivían otros testigos no familiares de los hechos que en su momento había denunciado.

El juez volvió a dictar el sobreseimiento del imputado sin producir nuevas medidas pruebas y la Fiscalía, con la asistencia del Programa de Género, volvió a apelar el sobreseimiento y, como parte de su argumentación, introdujo argumentos con perspectiva de género.

En ese sentido, a modo de ejemplo, en el recurso de apelación se hizo alusión al ciclo de la violencia doméstica para explicar por qué, en muchos casos, algunas víctimas se retractan de las denuncias que hacen contra sus parejas violentas.

También, sobre la inexistencia de medidas dirigidas a localizar a los testigos, se hizo referencia al deber de investigar con rapidez los casos la violencia contra la mujer, conforme los estándares internacionales plasmados por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, y sobre la nueva citación de la víctima a prestar declaración testimonial, que en el caso no era indispensable, se hizo hincapié en la importancia que tiene evitar la revictimización de las personas que sufrieron violencia de género. Para ello, se invocó a la Corte Suprema de Justicia para destacar el deber que tienen los jueces en este tipo de casos: adoptar las medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito (víctimización primaria); procurar que el daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria); y proteger, en todas las fases del procedimiento penal, la integridad física y psicológica de la víctima.

También se aludió a la importancia del testimonio de la víctima en estos casos, y a la obligación de valorarlo de forma libre de prejuicio y estereotipos.