El pasado 5 de noviembre, el Programa sobre Políticas de Género junto a la Fiscalía General N° 3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional fundó una apelación de un sobreseimiento en un caso de violencia de género ante la Sala IV, la que con igual fecha resolvió revocar el sobreseimiento y procesar al imputado, en consonancia con lo solicitado por el Programa y la Fiscalía.

Cabe señalar, que en mayo de 2013, el Programa sobre Políticas de Género realizó ante la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N° 3 una presentación en la que circunscribió los hechos y sugirió medidas al fiscal del caso. El Programa tomó conocimiento de la causa a partir de la remisión del legajo desde la Oficina de Violencia Doméstica, en virtud del convenio suscripto entre el Ministerio Público Fiscal y la Corte.

La causa se inició el pasado 20 de mayo, cuando una mujer denunció a su pareja por agresiones físicas y verbales, razón por la que en esa oportunidad la joven se vio obligada a huir del domicilio común. Tanto el padre como la hermana del imputado la auxiliaron y se comunicaron con la policía al 911. Más allá del hecho puntual que la mujer denunció, también puso en conocimiento los niveles de violencia padecidos durante años de relación, todo lo cual tornó evidente el altísimo riesgo al cual se encontraba sometida ella y sus hijas.

Estas circunstancias, seriamente valoradas en el informe interdisciplinario de riesgo y acreditadas por la Fiscalía de instrucción que promovió en todo momento la investigación del asunto, no fueron tomadas en consideración por el juzgado interviniente, que resolvió sobreseer al imputado, en el entendimiento de que se trataba de un conflicto familiar.

Esa resolución fue recurrida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal N° 3 que en todo momento mantuvo informado al Programa del avance del caso a efectos de que se tuviera intervención en la audiencia a la que finalmente se asistió, el pasado 5 de noviembre, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Durante la audiencia, el Programa, junto a la Fiscalía de Cámara, fundó la apelación no sólo poniendo de manifiesto la prueba existente sino que también dio cuenta de la normativa nacional e internacional de protección a las mujeres que implican, entre otros, el compromiso de investigar estos casos con debida diligencia y sin la utilización de estereotipos y patrones socioculturales de discriminación.

Asimismo, se hizo particular hincapié en la importancia de tomar en consideración el contexto –antecedentes de violencia que daban cuenta de su cronicidad-, porque ello evidencia el nivel de riesgo en el que se encuentra la persona, en la relevancia de no pensar estos casos como si los contextos de amenazas coactivas entre extraños fueran iguales a los contextos de las ocurridas en los casos de violencia doméstica y por último el Programa se refirió al ciclo de la violencia, con el que explicó el por qué, no podía considerarse en el caso, tal y como lo entendió el juez de instrucción, “resuelto el conflicto familiar”.