El dispositivo “ATAJO Protegen”, implementado por la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal, cumplió cuatro años, período en el que recibió 143 denuncias que condujeron a medidas de protección inmediata para las víctimas y a la posterior investigación judicial, en el marco del Protocolo para la recepción de denuncias de violencia doméstica en las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOS) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entró en vigencia en noviembre de 2019.

“ATAJO Protegen” constituye una herramienta que permite a las mujeres que viven en los barrios populares y se encuentran atravesando situaciones de violencia de género el acceso a un espacio de toma de denuncia eficaz y próximo al ámbito en el que desarrollan sus actividades personales. El dispositivo, que funciona en los ATAJOS de la ciudad de Buenos Aires, es producto de un acuerdo institucional entre la Procuración General de la Nación y la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la de la Nación.

¿Cómo funciona “ATAJO Protegen”?

La articulación entre las agencias territoriales y la OVD permite que, en el término de 24 horas, la denunciante pueda obtener las medidas de protección necesarias, que un juzgado civil y/o penal investigue su denuncia y que la víctima pueda acceder a un patrocinio jurídico gratuito que la asista y represente en el expediente por violencia familiar, sin que deba recorrer largas distancias, incurrir en gastos de traslado y erogar horas de su vida en la espera para la atención. Brinda asistencia letrada de modo directo, sin necesidad de que la víctima deba gestionarla por sus propios medios.

Por la cercanía de los ATAJOs con la comunidad, permite a esas oficinas realizar un seguimiento pormenorizado con la consultante, para brindarle derivaciones responsables, a través de la articulación con organizaciones e instituciones que le permitirán iniciar o continuar un proceso de empoderamiento. Ello resulta trascendente en el marco de la complejidad de la problemática y la necesidad de que sea abordada desde múltiples aspectos, a través de un trabajo sostenido en el tiempo y no por una única intervención puntual.

Desde Dirección General de Acceso a la Justicia se destacó el rol de las y los referentes barriales quienes, debido a su propia experiencia y conocimiento del territorio y sus particularidades, brindan a las víctimas recursos básicos de utilidad. Algunos de ellos son el acceso a comedores comunitarios, espacios grupales de ayuda mutua, centros integrales de la mujer, programas para culminación de estudios secundarios y/o primarios que funcionan dentro de los espacios comunitarios, como también información concreta y efectiva sobre el ingreso a programas asistenciales y subsidios estatales.

Análisis cuantitativo

De la base de datos actualizada que maneja ATAJO y su equipo de gestión de la información surge que, desde noviembre de 2019 hasta septiembre de 2023, se recibieron 143 denuncias de mujeres víctimas de hechos de violencia de género perpetrados por sus parejas y exparejas. Las cifras indican que, en el 72,7% de los casos, los agresores resultaron ser las exparejas de las víctimas.

De los datos se desprende también que en el 30,07% de las situaciones las víctimas conviven con sus agresores y que en el 39,86% de las denuncias recibidas el tiempo de relación resultó ser mayor a los 10 años. También da cuenta que, en el 35,66% de los casos, el tiempo que transcurrió entre el primer maltrato o hecho violento hasta que la víctima pudo presentar la denuncia fue de cinco años.

El equipo de "ATAJO Protegen" analizó los tipos de violencia previstos en la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, que fueron denunciados en las distintas sedes. De este modo, especificó que en el 100% de los casos denunciados está presente la violencia psicológica mientras que en el 72,73% de las denuncias recibidas se observan situaciones de violencia física. Por otra parte, en el 40,56% hubo violencia sexual y en el 67,13% se registraron violencias económicas y patrimoniales.