Las jornadas para el diseño y redacción final del protocolo de actuación para las intervenciones de las y los fiscales en el abordaje de femicidios, coordinadas por el Ministerio Público Fiscal con especialistas y representantes del programa de cooperación entre América Latina y la Unión Europea EUROsociAL+, ONU Mujeres, la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres de México, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), finalizaron el viernes 2 de marzo pasado. De esta manera, se cerró una nueva etapa que tuvo como última actividad de la agenda un espacio de formación en las oficinas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). En ese contexto, la coordinadora de litigio estratégico de UFEM, Agustina Calabró, y el médico forense, Miguel Lorente Acosta, presentaron algunos de los hallazgos y conclusiones vinculados a las problemáticas de los contextos de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género.
El fiscal Gabriel González Da Silva, titular de la DATIP, y el equipo de trabajo que integra la dependencia del MPF participaron activamente del intercambio. De esta manera, Calabró enmarcó la presentación y destacó la importancia de la validación del protocolo para que este tenga “la relevancia institucional” que requiere todo plan de acción en materia de política criminal. Por su parte, Lorente Acosta centralizó su exposición en ponderar la fortaleza del protocolo para lograr que las investigaciones penales contemplen la perspectiva de género, identifiquen los casos de femicidios y, además, se revierta el paradigma cultural que marca una tendencia en el aumento de la incidencia de este fenómeno criminal a nivel mundial.
A su vez, el experto señaló que la tarea realizada por la UFEM implica “la adaptación del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género de Naciones Unidas a las características y circunstancias de Argentina”. En este mismo sentido, consideró que el modelo de protocolo de Naciones Unidas simboliza un “proceso transformador en la forma de abordar la investigación de los femicidios” y sostuvo que el protocolo de UFEM “no es simplemente la aplicación de un instrumento, sino que se requiere que se vea la realidad de una forma distinta”.
Luego, Lorente Acosta desplegó de manera didáctica una historización de las dificultades previas a la existencia de la perspectiva de género en las investigaciones judiciales, en tanto se encontraba soslayado el componente estructural de la violencia de género en las creencias sociales. En relación a las restricciones que perduran, destacó los rasgos de impunidad que exponen algunas estadísticas y recordó que en España se registran unos 600.000 hechos de violencia de género que no son denunciados y solo 142.893 casos se encuentran en alguna etapa del proceso judicial. Asimismo, apenas el 21.8% de los casos terminan en condenas. Sin embargo, destacó que “cuanto más concientización hay, más denuncias aparecen”. Finalmente, sostuvo que es clave para las y los operadores judiciales comprender que la internalización de nuevas pautas y guías de investigación no obedecen a la “aplicación mecánica” de un protocolo, sino de “la integración que depende de la perspectiva del investigador que da sentido” a las pesquisas.