El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, suscribió junto a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Elena Highton de Nolasco, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, un convenio de colaboración en materia de femicidios. La firma del documento, que también presenció el presidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz, tuvo lugar esta mañana en el Palacio de Tribunales ubicado en Talcahuano 550, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con el objetivo general de consolidar la información criminal sobre los femicidios en todo el territorio nacional, los tres organismos acordaron promover la construcción de indicadores que permitan comparar la información obtenida por cada uno y, en su caso, elaborar mediciones o análisis comunes sobre este tipo de delitos.

Las partes también se comprometieron al intercambio de buenas prácticas para la construcción de bancos de datos y la elaboración de investigaciones y estadísticas, como así también a promover y apoyar capacitaciones sobre la incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia.

Información confiable, precisa y unificada

El convenio señala que del marco normativo conformado por instrumentos internacionales -como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  (Convención de Belém do Pará)- y leyes nacionales, surge el compromiso del Estado de elaborar "información confiable, precisa y unificada", tanto sobre la magnitud y características de los femicidios, como de "la actuación del sistema de justicia". En ese sentido, se tuvieron en cuenta las recomendaciones de abril de 2016 de la Relatora especial sobre Violencia contra las Mujeres de la ONU y del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

Dentro de ese contexto, Casal valoró el trabajo realizado por cada organismo en el ámbito de sus competencias, ya sea a través de la Oficina de la Mujer -dependiente de la CSJN-; la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) -en el ámbito del MPF- y diversas disposiciones administrativas, propuestas legislativas y guías de actuación del Poder Ejecutivo. Asimismo, destacó que con el convenio se relevará información que permitirá "establecer diagnósticos" que contribuyan "a una mejor intervención". "Es un pequeño paso, que va sumando y construyendo hacia logros mayores", agregó. 

Al evento realizado en la Corte Suprema también asistieron por el MPF el secretario general de Coordinación Institucional de la Procuración General, Juan Manuel Olima Espel; la fiscal a cargo de la UFEM, Mariela Labozzetta, y la coordinadora general del área, Agustina Rodríguez; la titular de la DGPG, Romina Pzellinsky, y el director de Relaciones Institucionales, Luis Lozano.