En el marco del convenio firmado para armonizar los criterios metodológicos de registro de casos que reflejará la actividad desplegada por el Estado argentino en la investigación y juzgamiento de los femicidios, se realizó el 18 de junio pasado una reunión entre los equipos técnicos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se revisaron los datos de los femicidios perpetrados en el ámbito de la Ciudad Autónoma durante el año 2019 y se acordaron criterios de seguimiento de los casos.

Del encuentro participaron además las instituciones que proveen los datos de los femicidios de la CABA: el Instituto de Investigaciones del Consejo de la Magistratura de la Nación y el equipo de Estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, destacó que la recopilación de datos y la construcción de información criminal por parte del Ministerio Público Fiscal “resulta fundamental para mejorar el conocimiento acerca de las especificidades de los fenómenos criminales y para orientar la toma de decisiones en la construcción de políticas públicas efectivas”. “Para que el abordaje de los fenómenos resulte completo y efectivo, esta medición, además, debe ser realizada con perspectiva de género”, añadió.

"Esta información resulta un insumo esencial para producir políticas públicas estratégicas y específicas que reduzcan los niveles de impunidad de las manifestaciones delictivas más extremas basadas en razones de género”, resaltó Mariela Labozzetta.

En ese sentido, resaltó que la alianza interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación permite fortalecer la construcción de información criminal sobre femicidios, travesticidios y transfemicidios. “Esto se traduce, en primer lugar, en el robustecimiento de los sistemas de medición y sistemas estadísticos conjuntos con el objetivo de lograr información pública confiable, en cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia, que más allá de las necesidades de cada organismo, otorgue cierta certeza sobre el estado de situación de la violencia en razón de género. En segundo lugar, genera múltiples beneficios al interior de las instituciones al favorecer la producción de datos consolidados y sistematizados acerca de la violencia letal producida sobre las mujeres y el colectivo LGTBIQ+”, graficó.

“En este contexto, esta información resulta un insumo esencial para producir políticas públicas estratégicas y específicas que reduzcan los niveles de impunidad de las manifestaciones delictivas más extremas basadas en razones de género”, completó la fiscal federal.