La formación fue realizada en la Escuela de Servicio de Justicia y constó de cuatro clases, las cuales fueron dictadas por la titular de la Dirección General de Políticas de Género del MPF, Romina Pzellinsky; la coordinadora de la Comisión sobre Temática de Género de la Defensoría General de la Nación, Raquel Asensio, y la investigadora independiente del CONICET, Marisa Herrera. El objetivo fue conocer y profundizar sobre las principales modificaciones que introdujo el Código Civil y Comercial en las relaciones de familia desde un enfoque de género, priorizándose en las nociones de pluralismo e identidades; como así también las cuestiones de género vinculadas al derecho penal -ley 26.485 y 26791-.

Durante el primer encuentro, Raquel Asensio realizó una introducción a los conceptos fundamentales del enfoque de género y su relación con el derecho Penal, como así también sobre los estereotipos de género en los procesos penales, en particular, en aquellos en los que las mujeres se encuentran imputadas; en la segunda clase Romina Pzellinsky profundizó el tema de la violencia de género, las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino: debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, y sobre el femicidio -Ley 26.791-.
En el tercer encuentro, Marisa Herrera dio una clase sobre Género y Derecho Civil: específicamente habló sobre derechos sexuales y reproductivos, la identidad de género y los nuevos modelos familiares y su regulación en el nuevo Código Civil.

Finalmente, la última clase fue dictada por Romina Pzellinsky y Raquel Asensio. En ella se trabajó sobre Género y Derecho Laboral, en particular se debatió sobre la igualdad de oportunidades y la discriminación en el empleo, las regulaciones laborales, las políticas de conciliación trabajo-familia y políticas de cuidado, y por último se expuso sobre los fallos: “Fredo”, “Sisnero” y “P.M.A. c/ sociedad anónima La Nación s/ despido” en los que se evidencia la precariedad laboral de las mujeres.

El presente curso se realizó en cumplimiento de la Convención de Belém do Pará, de acuerdo con la cual la Argentina se comprometió a “fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer” (artículo 8.c).