El pasado 8 de agosto, a pedido de la Fiscalía Correccional n°10,  una de las representantes del Programa sobre Políticas de Género, María Luisa Piqué, intervino en una audiencia de suspensión del juicio a prueba en un caso donde se investiga una situación de violencia intrafamiliar.

La fiscal ad-hoc se opuso a la concesión del beneficio y solicitó fijar la fecha de debate oral y público. En tanto la defensa del imputado, había solicitado la suspensión a cambio de una reparación para la víctima y hacer trabajos a favor de la comunidad.

La postura del Ministerio Público se basó en que el hecho constituía claramente violencia contra la mujer y no algo aislado, ya que la víctima había relatado ante la Oficina de Violencia Doméstica otras situaciones de maltrato.

Durante la audiencia la defensa insistió en la necesidad de escuchar la opinión de la víctima, que no se presentó a pesar de estar notificada, y argumentó en este suceso el pedido de suspensión del juicio, ya que consideraban la ausencia como “falta de interés” de la víctima con respecto al avance del proceso.

Sin embargo, María Piqué sostuvo que la citación era “voluntaria” y que, si bien era importante escuchar el testimonio de la víctima, “la acción penal ya había sido debidamente instada”.  Además destacó que la damnificada había hechos dos nuevas denuncias penales contra el imputado, una de las cuales es de reciente data, por lo que la mujer “sigue buscando una respuesta por parte de la justicia”, afirmó.

La representante del Programa hizo hincapié en los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino al ratificar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem do Para”. También se hizo alusión al caso “Góngora” donde la Corte Suprema interpretó que “la adopción de alternativas distintas a la definición del caso (de violencia contra la mujer) en la instancia del debate oral es improcedente.

Además advirtió sobre las consecuencias de la revictimización que sufren las mujeres en esta situación, al tener que asistir a declaraciones, audiencias, informes socio-ambientales, peritajes psiquiátricos y psicológicos.

Finalmente, el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional n° 5, Walter Candela, hizo lugar a lo solicitado por el Ministerio Público, rechazó la suspensión del juicio a prueba e informó que fijaría fecha de debate a la mayor brevedad posible.