La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, participó esta mañana de la primera reunión de la Mesa de Diálogo y Articulación Interinstitucional para el abordaje integral, prevención, sanción y erradicación de los femicidios en Argentina, que reúne a representantes de todos los poderes del estado.

La jornada comenzó las 10 en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación y estuvo organizada por la Presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

Tuñez comenzó señalando la importancia que tiene que se lleven a cabo estos encuentros. “Desde los distintos poderes se están haciendo esfuerzos para poder profundizar esta lucha. Queremos colaborar en todo lo que podamos, a pesar de que el Consejo no sea un órgano ejecutor”, afirmó.

Y agregó: “Sería importante convertir esta mesa en algo permanente e interinstitucional para el abordaje de la problemática de femicidios. Creemos que el Congreso es el lugar porque es donde están todas las voces de todos los partidos”.

Por su parte, Labozzetta destacó la “utilidad” de la mesa y describió cuáles son las líneas de trabajo desde el MPF en torno a la problemática de los femicidios. En este sentido, señaló que la UFEM viene trabajando bajo dos líneas de acción: el desarrollo de indicadores para medir los femicidios de manera cuantitativa y cualitativa y, por otro lado, la elaboración de protocolos de actuación para los fiscales con el fin de investigar con perspectiva de género. Aclaró que se está trabajando en la adaptación del Modelo de protocolo latinoamericano de femicidios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la realidad local. “El objetivo es que sea un elemento ágil y dinámico para los fiscales”, concluyó.

En la jornada participaron, entre otros, representantes de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el  Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación y Deportes, el Ministerio de Salud, la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Observatorio de Derechos Humanos del Congreso de la Nación, y asesores de senadores y diputados de la Nación.