29 de marzo de 2024
29 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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A cinco años del crimen de la activista
La UFEM reunió en un documento las buenas prácticas de investigación y litigio identificadas en la causa por el travesticidio de Diana Sacayán
Recopila la labor de las y los fiscales junto a áreas especializadas del MPF en alianza con el colectivo LGTBI y su familia, además del análisis de la calificación legal del hecho. La publicación apunta a servir como documento de buenas prácticas para los ministerios públicos fiscales en cumplimiento de los estándares de debida diligencia reforzada y de trabajo reparatorio desde el sistema de justicia.

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) elaboró un documento que reúne las buenas prácticas de investigación y litigio identificadas en el proceso penal seguido por el travesticidio de la activista Diana Sacayán, del que se cumplieron cinco años la semana pasada. La publicación fue concebida como una herramienta de intervención fiscal para abordar las distintas dimensiones de la actuación en pesquisas que involucran violaciones a los derechos humanos y discriminación, así como para pensar la gestión de conflictos de gran impacto y trascendencia social. Incluye también los aspectos vinculados con la necesidad de abordar estos casos con perspectiva de género y atendiendo a la particular situación de los colectivos afectados, para promover así la reducción de los índices de impunidad que se registran en los crímenes que sufre la comunidad LGTBI.

El área a cargo de la fiscal federal Mariela Labozzetta destacó que la difusión de las experiencias que se construyeron en el proceso podrán “servir como guía de buenas prácticas en cumplimiento de los estándares de debida diligencia reforzada y de trabajo reparatorio desde el sistema de justicia”. En ese sentido, la UFEM señaló que el trabajo de las y los fiscales del caso junto con la Unidad “se desarrolló en alianza con los colectivos afectados, la familia de la víctima y las querellas con el objetivo de que la respuesta judicial contemplara sus demandas y pretensiones”. Asimismo, la labor redundó en la inclusión de los crímenes por odio a la población trans/travesti en el Protocolo de investigación del MPF.

El trabajo contiene en primer lugar una breve descripción del caso. Luego detalla cómo llegó a conocimiento de la UFEM -el mismo día que se encontró el cuerpo sin vida de Diana-; un relevamiento de su cobertura en los medios; cómo fue la intervención durante los primeros momentos; el trabajo conjunto con otras áreas del Ministerio Público Fiscal -como DOVIC, UFECI y PROTEX- y una reseña acerca de la intervención de la Unidad Especializada, tanto en la etapa de investigación junto al fiscal Matías Di Lello, como de juicio junto al fiscal Ariel Yapur.

Finalmente, el documento se centra en la calificación legal del hecho, específicamente en el análisis de los elementos del tipo penal contenidos en las agravantes de los incisos 4 y 11 del artículo 80 del Código Penal argentino, que explican la violencia por prejuicio y la violencia de género. Ambos habían sido aplicados por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal en su sentencia condenatoria de junio de 2018. Días atrás, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación confirmó la condena a prisión perpetua a Gabriel Marino, pero descartó el agravante por “odio a la identidad de género”. En sintonía con el trabajo que hoy se presenta, Labozzetta y Yapur presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ya que consideraron al fallo como un retroceso respecto de los reconocimientos incorporados en la sentencia de 2018 y la necesidad de visibilizar que las personas trans y travestis son perseguidas, violentadas y asesinadas sistemáticamente por su identidad de género.

Diana Sacayán, activista

Diana Sacayán era una reconocida activista por los derechos humanos y del colectivo travesti, transexual y transgénero que inició su militancia en La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Luego integró el equipo del “Programa de Diversidad Sexual” del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), fue líder de la “Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales” (ILGA) y dirigente del “Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación” (MAL). También fue una de las primeras personas en recibir un DNI que receptó su identidad autopercibida, conforme a la Ley de Identidad de Género 26.743.

El 13 de octubre de 2015 fue hallada sin vida dentro de su domicilio en el barrio de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Su cuerpo presentaba certeros signos de haber sido víctima de un hecho cometido con alto grado de violencia. Se pudo determinar que durante el ataque fue golpeada, atada de manos y pies, amordazada y apuñalada con un arma blanca. La autopsia estableció un total de 27 lesiones en su cuerpo y hemorragia interna y externa como causal principal de su muerte. Se estima que el hecho ocurrió entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

A partir de la investigación realizada por el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 4 (FNCI), Matías Di Lello -quien dio intervención formal a la UFEM desde el inicio-, se pudo determinar que Diana fue asesinada por dos personas. Se logró identificar a uno de ellos, Gabriel David Marino, quien fue condenado el 18 de junio de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal, integrado por Ivana Bloch, Julio César Báez y Adolfo Calvete. Aún se encuentra en etapa de investigación la participación de la otra persona, que todavía no pudo ser identificada.