Ayer, en el Salón Gorostiaga de la Corte Suprema, se llevó a cabo un nuevo encuentro entre el Programa de Políticas de Género del Ministerio Público, la Oficina de Violencia Doméstica del máximo tribunal y los representantes de las fiscalías de instrucción 4, 8, 20, 24, 25 y 49. El objetivo de estas jornadas es que cada fiscalía pueda manifestar las dificultades que encuentran a la hora de investigar los casos y lograr una mejor articulación con la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).
“Por el sistema procesal que tenemos vigente en el cual nosotros estamos obligados a perseguir todos los delitos que son de acción pública, vemos relatos de víctimas que contienen un montón de información. En esos casos, al no poder contar nuevamente con la víctima una vez que dio su testimonio en la OVD, se nos hace difícil avanzar”, explicó el representante del MPF Martín Mainardi.
Por su parte, Cristina Caamaño, a cargo de la fiscalía de Instrucción del Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, indicó que es necesario “cambiar la mentalidad y avanzar sin tener tan en cuenta a la víctima. Tomar lo que la mujer denunció en la Oficina de Violencia, basarnos en eso y avanzar directamente contra el imputado como en otro tipo de delitos”.
Con respecto a estas reuniones, Caamaño apoyó la iniciativa ya que “es bueno mantenerse actualizado sobre estos temas, al igual que tener un ida y vuelta con las personas de la OVD", para intercambiar información sobre "las fallas que ven en las fiscalías para poder mejorar”. “La Oficina le da una impronta diferente y nos obliga a nosotros a actuar en situaciones que antes quedaban en la nebulosa. Además, visibilizó situaciones que no eran consideradas delitos”, sintetizó Caamaño.
Mainardi también destacó el trabajo de la OVD ya que le ha permitido mejorar “muchísimo” en las investigaciones. “Si además le sumamos lo que de a poco vamos consiguiendo los fiscales como acusadores y lo que se va generando en los jueces como administradores de justicia, podemos llegar a condenas con lo que generó la Oficina. Es decir, con la declaración de la víctima, con el informe de los médicos que documentó las lesiones y con el informe de los psicólogos que nos hablan del tipo de riesgo o de la situación que presenciaron. Por suerte, la jurisprudencia va acompañando. Ya las declaraciones de la víctima, en la medida en que uno pueda definir el delito y las características, es suficiente y no es necesario someterla a la mujer a sucesivos interrogatorios para evitar la revictimización sobre las mismas cuestiones”.
Martín Mainard agregó que “el informe médico ya está acreditando las lesiones y el informe psicológico es una interpretación de la víctima que permite sustentar la credibilidad, lesiones y el padecimiento. De a poco, esto está ayudando, porque es claro que los delitos de género son absolutamente diferentes de los otros delitos”.
En ese sentido, Romina Pzellinsky, a cargo del Programa de Políticas de Género del Ministerio Público, afirmó: “Desde el momento en que se creó el Programa, nos propusimos empezar a realizar este tipo de encuentros porque nos parece importante tener un contacto presencial con la gente que trabaja en las fiscalías. Sobre todo generar la articulación con la OVD porque es donde generalmente se inician las causas y muchas de las cuestiones vinculadas con algunas problemáticas que se suscitan después en los expedientes tienen que ver con la conformación de las actas de denuncias. Nos parece importante que las fiscalías puedan presentar sus propias inquietudes directamente a la OVD y a partir de allí evaluar la posibilidad de superar esos obstáculos".
Con respecto a las dificultades con las que se encuentran las fiscalías al encarar las investigaciones sobre este tipo de casos, Pzellinsky especificó que en la confirmación de las actas de las denuncias “hay un relato muy extenso donde muchas veces es difícil identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, que son necesarias para que los fiscales luego delimiten el objeto procesal de la causa”.
“Vimos que una de las modalidades habituales era la citación a la mujer para que pueda individualizar los hechos que había relatado en la OVD. Sin embargo, es una práctica que puede resultar revictimizante. Por eso, desde el Programa se sugiere, entre otras medidas, que las fiscalías soliciten los audios de las grabaciones de las declaraciones en la OVD y que la citación para ampliar esa declaración se realice cuando resulta estrictamente necesario y no como algo automático en todos los casos" agregó Pzellinsky.
A partir delas distintas inquietudes y debido a los obstáculos que surgían en los avances de estas investigaciones, el Programa de Políticas de Género empezó a desarrollar documentos para las fiscalías con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan a la investigación, en particular, a la adopción de medidas de prueba que complementen el relato de la mujer que denunció la agresión. “Esto se debe a que, muchas veces, la prueba del hecho recae sobre el testimonio de la mujer y si bien eso no constituye un obstáculo para que la causa prospere, es importante tener en cuenta que por las características de la problemática, el agresor tiene un vínculo afectivo con la víctima, la mujer puede no querer continuar con ese proceso penal después de la denuncia", explicó la titular del Programa de Políticas de Género.
También, destacó la importancia de encontrar otras medias de prueba que acompañen y complementen ese testimonio para que la causa no dependa exclusivamente del testimonio de la víctima.
Finalmente, Analia Monferrer, responsable de la OVD aseguró que la Oficina recibe un promedio de 36 a 42 denuncias por día, lo que implica un aumento con respecto a años anteriores. "Son muy importantes estas reuniones que se iniciaron el año pasado ya que en el ámbito penal, los fiscales tienen un rol muy preponderante: son quienes toman a su cargo la investigación. Lo que hacemos en la Oficina les tiene que servir a estos funcionarios. Después, los jueces y juezas van a evaluar lo que se haga en la Oficina, pero quien va a merituar la prueba para hacerla valer frente a un pedido de indagatoria, un procesamiento, o un requerimiento de elevación a juicio son los fiscales. Si ellos no cuentan con los elementos apropiados, se les dificulta bastante poder llevar adelante esta investigación”, detalló la titular de la Oficina de Violencia Doméstica.
“En la medida en que desde las fiscalías nos digan cuáles son los aspectos positivos de la Oficina y en cuáles hay que mejorar, podemos adecuar nuestro trabajo para que esta tarea no sea un obstáculo sino que les allane el camino para poder realizar los procesos penales”, subrayó la especialista.
Sobre los pedidos de las fiscalías, Monferrer indicó que suelen solicitarles mayores detalles sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las agresiones y el hecho de que muchas veces no pueden ubicar a la víctima luego de la presentación en la Oficina. “Esto sucede porque, generalmente, cuando se hacen las derivaciones a penal, casi un 99 % de los casos terminan derivados en un juzgado civil de familia que en el mismo día decide si se adopta o no una medida de protección. Cuando la víctima logra obtener esa medida de protección, se queda tranquila y no le interesa el proceso de penal”, consideró Monferrer.
Con respecto a la intervención del Programa de Políticas de Género, la especialista reconoció que han participado en juicios orales con resultados positivos. “Ha permitido que las fiscalías reciban información más detallada y contínua sobre cuáles son las posibilidades de investigación que tienen este tipo de casos. Además, generó un intercambio más directo en cuanto a las mejoras que hay que hacer desde la OVD para que a las fiscalías les sirva”, concluyó.