El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, participó este martes de la presentación del Protocolo de investigación y litigio de casos de violencia sexual, elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, a cargo de Mariela Labozzetta, y que fue aprobado en abril de este año mediante la Resolución PGN 16/2023.

Del acto participó también Cecilia Alemany, Oficial a cargo de la Dirección Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Al comienzo del acto, el procurador destacó que el protocolo “es el resultado de la concreción de un trabajo serio y responsable, coordinado por la UFEM, al que sumaron otras unidades e integrantes del Ministerio Público Fiscal”.

Resaltó que se trata de “un instrumento relevante que se va aplicar y mejorar a través de la experiencia” e hizo foco en los aspectos centrales del trabajo: el consentimiento como parte de la definición de violencia sexual y el acompañamiento a víctimas, tal como está estipulado en las diversas convenciones internacionales en la materia.

A su turno, la directora regional de ONU Mujeres destacó el trabajo que el Ministerio Público argentino realiza en la temática de violencia de género y subrayó la relevancia de aplicar el protocolo en las investigaciones judiciales con el objetivo de brindar garantías a aquellas víctimas que recurren al sistema de justicia.

Tras la presentación, se llevó adelante el panel sobre “Avances y Desafíos en materia de investigación y litigio de casos de Violencia Sexual”, donde estuvieron presentes junto a la fiscal federal Labozzetta, la co-titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y fiscal federal Alejandra Mángano; el fiscal nacional Santiago Vismara y Diana Maffia, a cargo del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

La titular de la UFEM destacó que el protocolo de investigación de casos de violencia sexual se inscribe en un recorrido institucional de varios años, antecedido por el abordaje de las temáticas de violencia doméstica y femicidio, y que se trata de una herramienta novedosa en la región, cuyo paradigma es la falta de consentimiento de las víctimas como constitutiva de la violencia sexual, dejando atrás las lógicas de delitos contra el honor, la honestidad o la integridad física.

Explicó que el instrumento contiene una parte conceptual, donde se explica el fenómeno de violencia sexual como una expresión de violencia de género, y otra parte concreta y práctica para que las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal puedan llevar adelante procesos penales eficientes, adecuados al modo en que los casos de violencia sexual se cometen y sólidos. Reforzó en la necesidad de que el protocolo intervenga sobre los aspectos más deficitarios de las investigaciones por estos delitos, que son la causal de la impunidad y de procesos penales revictimizantes.

Por otro lado, resaltó que el protocolo avanza en identificar y visibilizar las distintas modalidades de violencia sexual, entre ellas las expresiones asociadas a la criminalidad organizada, de competencia de las fiscalías federales.

En coincidencia con eso, la fiscal Mángano marcó que delitos federales como la trata de personas con fines de explotación laboral, sexual o el matrimonio forzado son difíciles de trabajar judicialmente, en muchas ocasiones por el posicionamiento cultural del sistema de administración de justicia. Por ello, hizo hincapié en que las y los operadores judiciales deben tener una escucha activa, adaptar los procesos para que las víctimas no deban asistir muchas veces a los tribunales y bregar para que los procesos sean más cortos.

Luego, el fiscal nacional Vismara analizó los obstáculos que suele haber en las investigaciones por delitos contra la integridad sexual, como pueden ser la retractación, los resultados de peritajes y la posición de la víctima frente al proceso. Destacó la importancia del protocolo como herramienta de investigación y que allí se ofrecen respuestas a esas problemáticas y explicó que no todas las investigaciones de este tipo de casos son iguales, por lo que ameritan un enfoque específico.

Por último, Diana Maffia celebró la elaboración de un protocolo por parte del Ministerio Público Fiscal donde se explica con claridad qué es la violencia sexual y que se centra en la falta de consentimiento de las víctimas y no más en la exigencia de secuelas físicas y resistencia activa por parte de las víctimas. Destacó la necesidad de un cambio de mirada desde el sistema de justicia sobre cómo se entienden estos casos como un requisito esencial para llevar adelante procesos judiciales con perspectiva de género.

Del acto participaron fiscales federales y nacionales, titulares y funcionarios/as de distintas áreas de la Procuración General de la Nación como DATIP, DOVIC, la Dirección de Políticas de Género, UNISA y la Secretaría de Coordinación institucional.

También estuvieron presentes el Decano del Cuerpo Médico Forense, Leonardo Ghioldi; la titular del INADI, Greta Pena y autoridades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; del Ministerio de Justicia de la Nación; del Ministerio de Seguridad de la Nación; del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA; del Ministerio de Seguridad de la PBA; de la Procuración Penitenciaria.

También asistieron fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y funcionarios/as de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, representantes de organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, Equality Now, INECIP; Edupas, miembros de fuerzas de seguridad; médicas de hospitales públicos e integrantes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que participaron en la elaboración del Protocolo.