Luego de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal Nº 2 de Mendoza, que encabeza el fiscal Fernando Alcaraz, el Juzgado Federal N° 1 de esa provincia, a cargo de Walter Bento, resolvió condenar a R.D.S., jefe superior militar, a la pena de 1 año de prisión en suspenso e inhabilitación especial por el término de seis (6) meses para ocupar cargos en el ámbito castrense, por el delito de maltrato a una mujer que ostentaba un cargo inferior. La pena se impuso de acuerdo con lo normado en artículo 249 bis del Código Penal en función de los artículos 4 y 5 de Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, y los artículos 1 y 2 de la Convención de Belem do Pará.

El ahora condenado, jefe directo de la víctima P. -quien ostentaba una foja de servicios intachable y pertenecía a la primer camada de mujeres que ingresaron a la fuerza-, se dirigía hacia ella a través de una serie de gritos, hostigamientos, malos tratos y comentarios de índole sexual, siempre en un marco de abuso de poder y frente a los subalternos de aquélla.

Así lo destacó el magistrado interviniente quien, conforme habían solicitado los representantes del Ministerio Público Fiscal en su alegato –el fiscal federal Fernando Alcaraz y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) Mariela Labozzetta- condenó a R.D.S.

En este sentido, los fiscales habían requerido específicamente que estos episodios de hostigamiento y maltrato, desarrollados en una institución militar, fueran enmcarcados en el contexto general de violencia de género y desigualdad estructural entre varones y mujeres, agravada por la relación jerárquica del agresor. Enfatizaron, además, que la conducta del acusado era especialmente grave por pertenecer a una institución del Estado argentino, obligado en todos sus poderes a asegurar el cumplimiento de las exigencias internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Así, no sólo había perjudicado a la víctima en particular sino al buen funcionamiento de las instituciones estatales.

Asimismo, en sintonía con el requerimiento fiscal, se dispuso como regla de conducta la realización por parte del agresor de un curso de capacitación sobre temas de género, a determinar por la Dirección de Género de la Provincia de Mendoza.

El caso

El proceso penal se inició con de la denuncia de la víctima, quien no encontraba respuesta institucional en el Regimiento de Infantería de Montaña de Mendoza en el que se desempeñaba.

La investigación fue delegada en la Fiscalía, que solicitó la indagatoria, y luego llevó a juicio al imputado, un militar de larga trayectoria en la fuerza.

El debate oral se desarrolló en varias jornadas. Se tomaron declaraciones testimoniales, algunas a través del sistema de videoconferencia. El testimonio de la víctima fue recibido con especial cuidado para evitar su revictimización y una de las declaraciones fue tomada desde la base San Martín, Antártida Argentina, mediante el sistema de video llamada de WhatsApp, único medio disponible.

Así, por primera vez, se obtuvo una condena por una conducta prevista en el art. 249 bis del Código Penal, incorporada en el año 2008 como consecuencia de la derogación del Código de Justicia Militar.