22 de julio de 2024
22 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervienen los fiscales federales Iara Silvestre y Horacio Azzolin
Santa Rosa: la fiscalía solicitó la indagatoria del juez Díaz Lacava por maltrato laboral y violencia de género
Se le imputan los delitos de amenazas, coacción, abuso de autoridad y lesiones que el magistrado habría impartido contra trabajadores judiciales. En su dictamen, los fiscales destacaron que las conductas desplegadas “han rebalsado cualquier umbral lógico, todo extremo de tolerancia, respeto y obediencia en función del cargo”.

La fiscala federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, y el fiscal general interino ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, solicitaron ayer al juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, que cite a declaración indagatoria al juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, por maltrato laboral y violencia de género. En la causa, colaboran la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas (DOVIC) y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Los delitos que se le imputan al magistrado son: amenazas en perjuicio de seis víctimas en un contexto de violencia, maltrato laboral, y para los casos de las mujeres, en un contexto de violencia de género; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud de cuatro trabajadores; lesiones graves en la salud de una persona por haberla inutilizado para el trabajo por más de un mes; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por dictar órdenes contrarias a la ley, reiterados en tres ocasiones.

“El contexto en el que se desarrollaron las conductas desplegadas por el juez Díaz Lacava contra las personas que son sus inferiores jerárquicos directos e indirectos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, funcionarios y empleados, ha rebalsado cualquier umbral lógico, todo extremo de tolerancia, respeto y obediencia en función del cargo y lo ha sido en un claro marco de violencia psicológica, física y simbólica, maltrato, acoso y hostigamiento laboral, también denominado con el anglicismo mobbing", señalaron los fiscales en su dictamen.

A su vez, identificaron casos graves de violencia de género “de carácter psicológico, físico y simbólico”. En ese sentido, señalaron que “los resultados de las pericias psiquiátricas y psicológicas permite a este Ministerio Público Fiscal, con el grado de certeza requerido para la etapa procesal que se transita y más allá de cualquier duda razonable, que todas las víctimas registraron en sus cuerpos el impacto físico y psicológico de los actos de violencia física, psicológica, simbólica y de género, según cada caso, ejercidos por Díaz Lacava”.

En ese sentido, destacaron los peritajes psicológicos practicados a todas las víctimas por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Nación y del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos e investigadores de la Defensoría General de la Nación; las entrevistas realizadas a algunas de las víctimas por las profesionales de la DOVIC; las constancias documentales -historias clínicas y/o informes médicos aportados-; y las declaraciones testimoniales de las víctimas.

Por último, los fiscales señalaron que fueron testigos “del hondo pesar que embarga a todas las víctimas y a la inmensa mayoría de los testigos que han comparecido; de los sentimientos de miedo, angustia, dolor, sorpresa, desesperación, enojo, desconfianza, desilusión, tristeza e incertidumbre que los invaden y en ocasiones desbordan, atentando así contra su salud de manera integral, en virtud de las consecuencias físicas y psicológicas que ello comporta, como así también, en perjuicio del servicio de una buena administración de justicia, que es un derecho que sin dudas atañe y en las condiciones actuales perjudica a toda la sociedad pampeana”.

La causa penal se inició en abril de este año, mientras que en mayo la Cámara Federal de Apelaciones de Bahia Blanca dicto una medida cautelar, a instancias de lo solicitado por la fiscala,  que prohibía al juez acercarse a las víctimas que se desempeñan en dicha dependencia.