El fiscal general Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, integrantes de la Unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en la jurisdicción de La Plata, alegarán este viernes en Junín, provincia de Buenos Aires, en el juicio que se le sigue al ex jefe del área militar 131, Ángel José Goméz Pola, y a otros seis ex policías bonaerenses acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 24 víctimas en el circuito represivo que funcionó en esa ciudad del noroeste bonaerense.

Está previsto que los fiscales expongan desde las 10 ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Pablo Vega, César Álvarez y Carlos Rozanski, en el juicio que se viene llevando a cabo desde el 25 de noviembre pasado en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste.

Además de Gómez Pola, quien por entonces revistó como coronel del Grupo de Artillería 101 de Junín, están siendo juzgados el ex comisario de la seccional 1ra de esa ciudad Abel Oscar Bracken; el ex oficial inspector de Seguridad de la misma dependencia Edgardo Antonio Mastandrea; los ex oficial subinspector Julio Ángel Esterlich y Aldo Antonio Chiachietta, médico de la fuerza; el ex oficial subinspector del Destacamento Morse, una pequeña localidad situada a 26 kilómetros de Junín, Miguel Ángel Almirón, y el ex oficial inspector de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares.

Los hechos que llegaron a juicio son parte de un circuito de represión que estuvo integrado por la comisaría 1ª de Junín, que, de acuerdo a la acusación fiscal, durante la dictadura "se desdobló y una parte continuó con las tareas 'legales' y otra con las 'ilegales'", es decir, funcionó como un centro clandestino de detención.

Los otros enclaves lo constituyeron la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial, que en aquella época estaba en construcción; el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse, que dependía de la comisaría 1ª de Junín, y la Unidad Regional VIII de la Policía bonaerense, que era la jefatura de las comisarías de la zona y fue sede de la delegación regional de la DIPBA.

Ampliación de la acusación

Tras escuchar a los testigos en el juicio, la semana pasada los fiscales ampliaron la acusación por los delitos de homicidio y aplicación de tormentos, tipos penales por los que los imputados no habían llegado a juicio, pero que -de acuerdo con las pruebas relevadas- se encontraban ligados al objeto procesal. Por aplicación del artículo 381 del Código Procesal Penal -que prevé este tipo de planteos-, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la nueva acusación para los imputados.

El tribunal accedió al pedido de los fiscales, con la disidencia del juez Vega en el caso de los homicidios. De esta manera, a los 24 casos de privación ilegal de la libertad que integraban el objeto del juicio, se sumaron los tres homicidios de víctimas desaparecidas y la aplicación de tormentos a quienes estuvieron secuestradas en la comisaría 1era de Junín.

La imputación por homicidios doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía, y con el concurso premeditado de dos o más personas, alcanzó a Gómez Pola (los tres casos) y a Bracken (uno), mientras que los tormentos fueron imputados -según diferentes grados de intervención- a los siete acusados.

Al fundar la acusación, el fiscal Schapiro destacó el valor del debate oral: "Conocimos mucho más de lo colectado en la instrucción. Presenciar el debate, escuchar a los testigos y conocer los lugares, nos ha llenado de sorpresa en el sentido de que los papeles no reflejan de ningún modo lo que fue la represión en Junín”.

El juicio, explicó por su parte Nogueira, "desarrolló la profundidad que tuvo el circuito represivo que funcionó en Junín, puntualizándose sobre el accionar conjunto y coordinado de las fuerzas militares y policiales, el poderío que tenían muchos de los funcionarios policiales a cargo de la Comisaría 1ra., quienes ejercían un verdadero 'señorío de hecho' sobre la suerte y destino de los ciudadanos de Junín; y las condiciones infrahumanas de detención que se dieron en la Comisaría 1ra".