El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca inspeccionó el miércoles y el jueves pasado la sede de la jefatura local de la Policía Bonaerense, situada en la avenida Alem al 800, el del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército y el predio donde funcionó el centro clandestino de detención “La Escuelita”, en el marco del juicio conocido como “Mega causa Zona 5”, en el que se juzgan las responsabilidades de 38 exmilitares y expolicías por delitos de lesa humanidad cometidos contra 333 víctimas durante la época del terrorismo de Estado en esa región.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa ciudad -representada por el fiscal general Miguel Palazzani, la auxiliar fiscal Paula Molini y los auxiliares fiscales José Nebbia y Pablo Fermento- valoró la utilidad de la medida, ya que consideró logrado el objetivo de mostrar al tribunal la correlación y correspondencia entre las declaraciones testimoniales recibidas en el juicio y los espacios físicos.

Inspecciones oculares

Las inspecciones judiciales comenzaron el miércoles en la sede policial. La medida había sido solicitada por el acusado Claudio Kussman, quien integraba el servicio externo de la de la Unidad Regional V y que está imputado en la causa por los hechos que tuvieron como víctimas a siete personas, incluyendo el asesinato de Daniel José Bombara.

En tanto, el jueves se llevó a cabo la inspección ocular en la sede del Batallón de Comunicaciones 181 y en el predio donde funcionó “La Escuelita”. En esa jornada, el tribunal se constituyó en el ingreso a la unidad militar, junto a las partes, testigos víctimas y exconscriptos, que hicieron la recorrida por los diferentes edificios que componen la dependencia castrense.

Durante la realización del medida, las víctimas identificaron los lugares en los que estuvieron cautivas y coincidieron en muchos detalles. Por su parte, los exconscriptos mostraron los espacios en los que se asentaban las autoridades del Batallón de Comunicaciones 181 y las funciones que se cumplían allí. En su relato, recrearon la cotidianeidad del personal militar en la época de los hechos.

La comitiva recorrió el edificio de la plana mayor, donde las víctimas que concurrieron al acto lo reconocieron como el lugar en el que estuvieron alojados. Señalaron el pasillo del edificio -donde especificaron que durmieron en una colchoneta sobre el piso- e identificaron algunas habitaciones donde estuvieron ellos y otras personas, como también los calabozos.

Precisaron que, en el primer piso, donde funcionaban las oficinas de las autoridades, fueron interrogados. Uno de los conscriptos relató haber escuchado desde una oficina contigua el interrogatorio que le hicieron a una de las víctimas en la oficina del jefe del batallón.

En ese contexto, por primera vez se pudo ingresar al gimnasio ubicado en el primer piso de otro de los edificios del batallón, que no había sido inspeccionado con anterioridad. En el lugar permanecieron cautivas alrededor de sesenta personas. Las víctimas reconocieron el recinto, compuesto por un amplio salón, una galería y un balcón, donde indicaron que en algunas oportunidades los dejaron salir. Ese balcón daba a la plaza de armas de la unidad militar, donde transcurría y se desarrollaba la vida diaria del batallón, lo cual para la fiscalía despeja toda duda sobre el conocimiento que tenían los oficiales y suboficiales de la existencia de detenidos civiles.

Dos de las víctimas pudieron relatar cómo fue la articulación entre aquél lugar y “La Escuelita”. Al respecto, dieron detalles del traslado y contaron que, al retirarlos del batallón, les hicieron firmar la supuesta libertad, circunstancia totalmente falsa, ya que en realidad desde allí los trasladaron al otro centro clandestino de detención.

Los exconscriptos que hicieron el servicio militar en la época de los hechos expusieron diferentes circunstancias en 1976 y 1977. Mientras el testigo que estuvo bajo bandera en 1976 indicó que en el gimnasio hizo guardias y que había numerosas personas secuestradas, el que lo hizo en 1977 señaló que allí no había nada, que era un espacio totalmente vacío al que lo hacían ir a pulir el piso.

Según la fiscalía, aquellas versiones demuestran la reorganización de la unidad militar luego del golpe de Estado y su transformación en un grupo de tareas y un centro clandestino de detención, y el retorno a la normalidad con el paso del tiempo en el funcionamiento de ese espacio.

El tribunal y las partes se constituyeron en el fondo del terreno del batallón, sobre la zona descampada que linda con el predio del Comando V Cuerpo de Ejército, donde estaba ubicada “La Escuelita”. Allí los exconscriptos dieron referencias sobre los lugares en los que hacían las guardias y en los que funcionaron otros centros clandestinos de detención. Uno de esos testigos indicó la existencia de un horno de ladrillos, al que no se logró localizar. Ese lugar había sido mencionado por una de las víctimas como uno de los espacio donde la mantuvieron en cautiverio.

Otro de los conscriptos, quien durante su declaración en el juicio había mencionado un espacio subterráneo en el descampado utilizado como lugar de detención, durante la inspección brindó algunas precisiones de su ubicación, que permitirán continuar con las tareas investigativas.

Por último, la comitiva recorrió el lugar donde funcionó “La Escuelita” —inspeccionado en un juicio anterior—, donde una de las víctimas brindó sus apreciaciones al tribunal y mencionó que nunca más había vuelto allí hasta la concreción de esta medida judicial.