En el marco de su alegato iniciado esta semana en el juicio a la Triple A, la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca analizó las características de la agrupación paraestatal que operó en la región y comenzó a exponer la prueba acerca de los 24 homicidios que se le atribuyen. Fue durante las audiencias celebradas este martes y miércoles que, como durante todo el trámite del debate, fueron transmitidas por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

El alegato de la fiscalía, representada por el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento e integrada también por el fiscal general Miguel Palazzani y el fiscal ad-hoc José Nebbia, continuará el lunes próximo desde las 8:30 de la mañana. Para esa jornada se estima que concluirá y se formulará el petitorio de las penas para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo, uno de los dos casos que fueron tratados en la audiencia de ayer.

La existencia de la Triple A en Bahía Blanca y la pertenencia de los imputados

La Unidad de DDHH realizó un análisis de cómo estaba integrada la asociación ilícita en general, de acuerdo a la figura penal vigente a los momentos de los hechos. En ese sentido, se explayó particularmente acerca de las pruebas sobre la pertenencia a ella de los cuatro acusados; desarrolló la existencia del acuerdo y el propósito criminal, y la actividad delictiva ejecutada. Fermento indicó que la Triple A estuvo formada por una cantidad de agentes que fue variando a lo largo de su existencia, oscilando entre los 20 y 40 miembros, a muchos de los cuales identificó a partir de la documentación recabada y los testimonios recibidos.

En cuanto a los cuatro imputados, se exhibieron las resoluciones que el interventor de la UNS Remus Tetu dictó a lo largo de 1975 para la designación del cuerpo armado que actuó en la universidad. Esos fueron los actos administrativos, para el Ministerio Público Fiscal, a través de los cuales “se perfeccionó la organicidad y el carácter paraestatal del grupo, otorgándole los medios financieros y logísticos para operar”. No obstante, se aclaró que, de acuerdo a diversos testimonios, “ya formaban parte de la organización criminal, e intervenían en la actividad delictiva desplegada con anterioridad al ingreso a la universidad”. Es que para ese entonces ya se conocían entre sí; compartían los mismos ámbitos de militancia política y gremial; venían desarrollando una tarea de depuración en el campo gremial -JNG, UOCRA- y estudiantil –en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-; eran amigos o tenían la suficiente confianza para respaldarse laboralmente; y se movían juntos incluso en los ámbitos de esparcimiento social, en los que se jactaban de asesinar personas.

Así, se trató:

-La práctica de intimidación desplegada mediante patrullajes, amenazas, agresiones armadas y colocación de bombas, entre otras.

-Secuestros.

-Delitos contra la propiedad (violaciones de domicilio y robo)

-Asesinatos. Sobre este punto, se caracterizó a los homicidios como “asesinatos rituales”, perpetrados para transmitir un mensaje de terror y disciplinamiento. De esa manera se halló un patrón de actuación propio de la Triple A, configurado por los secuestros nocturnos y en banda, acribillamientos y el abandono de los cadáveres junto a rutas o caminos rurales. Las víctimas pertenecían a los ámbitos de militancia estudiantil, gremial, religiosa y/o política. En algunos casos, junto a las víctimas era colocada bibliografía calificada como subversiva.

Los casos de David Hover “Watu” Cilleruelo y Rodolfo Celso Gini

La fiscalía ya abordó en su alegato los elementos de prueba acerca de los homicidios de David Hover “Watu” Cilleruelo y Rodolfo Gini. La investigación incluyó, en ambos casos, documentos de inteligencia elaborados a la fecha de los hechos.

Cilleruelo tenía 23 años y era alumno de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNS. A su vez, militaba en la Federación Juvenil Comunista, y encabezaba —como Secretario General— la Federación Universitaria del Sur. El 3 de abril de 1975 -día de inscripción en las materias de las distintas carreras universitarias- se encontraba en el edificio de la Avenida Alem de la UNS junto a diferentes compañeros de militancia convocando a los alumnos a la participación en la Asamblea de delegados de Centros de Estudiantes que habría de realizarse al día siguiente.

La fiscalía aseveró que fue asesinado dentro de la institución por tres miembros de la Triple A: Jorge Argibay, su hijo Pablo -ambos fallecidos- y Raúl Roberto Aceituno. Al respecto, se detalló que salieron del Rectorado ubicado en la Avenida Colón 80, se subieron a un Ford Falcon verde con techo vinílico blanco e iniciaron viaje.

Estacionaron el vehículo en el playón de la universidad, ingresaron al edificio y abordaron a la víctima en la intersección entre el pasillo frontal y el pasillo del ala de ingeniería, y le dieron muerte con un disparo en la nuca. Para ello Fermento repasó todos los elementos probatorios, entre los que se destacan los testimonios brindados por gran cantidad de testigos directos e indirectos.

Según la exposición de la fiscalía, el carácter planificado del homicidio se evidenciaba, entre otras circunstancias, en la intensificación de la actividad de inteligencia sobre el blanco universitario a partir de la designación del rector interventor Remus Tetu, que incluyó el espionaje de asambleas de estudiantes registradas en informes en los que se consignaron fecha, hora, lugar y cantidad de concurrentes. En uno de estos documentos se dejó constancia de la participación de Cilleruelo como portavoz, transcribiéndose parte de su alocución en contra de la gestión de Tetu.

La fiscalía afirmó que hubo una profusa actividad de selección e identificación del blanco. No fueron por cualquier estudiante, sino por aquel que encabezaba el armado estudiantil de la FUS y quien participaba activamente en las asambleas como portavoz. Además, no eligieron cualquier momento: concretaron el asesinato uno de los dos días, y en las horas pertinentes, en que todo el estudiantado iba a desfilar por el edificio de Av. Alem, ya que era día de inscripciones en las materias.

Es decir que eligieron las condiciones más óptimas para la eficacia del mensaje de disciplinamiento, intimidación e impunidad.

En cuanto a Gini, el MPF explicó que al momento de los hechos tenía 43 años, trabajaba como bioquímico en la Unidad Sanitaria de Huanguelén y también era docente. Allí vivía con su esposa y sus cuatro hijos. Registraba una amplia trayectoria de militancia política, por la que, incluso, había sido candidato a Concejal por la Alianza Popular Revolucionaria en 1973.

La fiscalía reconstruyó que el 2 de diciembre de 1974, a la madrugada, mientras la familia dormía, hubo un llamado a la puerta del domicilio. Al atender su esposa, ingresaron cuatro hombres vestidos de civil y armados con ametralladoras. Luego de revolver todas las pertenencias de la familia, se apropiaron de dinero y de algunos bienes. Asimismo, maniataron, amordazaron y encerraron en el baño a la mujer y finalmente secuestraron a Gini. Previo a retirarse, los secuestradores escribieron en varias paredes de la casa y en algunos muebles las siglas “A.A.A”: el MPF exhibió fotografías que dan cuenta de ello.

A las pocas horas de su desaparición, el cuerpo de Gini fue hallado al costado de la ruta que comunica Huanguelén con Coronel Suárez, a 6 kilómetros de aquella localidad. El cadáver se encontraba maniatado y amordazado con tela adhesiva, con dieciséis disparos de armas de fuego, algunos en el rostro y otros en el resto del cuerpo.

Para sostener la intervención de la Triple A en el asesinato, Fermento trajo a colación un testimonio que dio cuenta sobre el interrogatorio bajo tortura practicado a un ex alumno de Gini, para indagar en relación a la actividad que realizaba la víctima, circunstancia que el propio testigo relacionó con el asesinato. Ese entrecruzamiento de la actividad de las fuerzas policiales con el grupo paraestatal fue corroborada por una serie de archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), también exhibidos por la fiscalía.

Por otra parte, la Unidad de DDHH agregó que la persecución a la familia de Gini no cesó con el asesinato. Por el contrario, durante la dictadura militar gran parte de su grupo de allegados fueron secuestrados, entre ellos su esposa y su hermano.