Los fiscales de Bahía Blanca Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia solicitaron este mediodía que se condene a penas de entre 21 años de prisión y prisión perpetua a los siete militares imputados por crímenes de lesa humanidad en el marco del juicio que se les sigue por los delitos contra 91 víctimas durante la represión ilegal en el ámbito del V Cuerpo del Ejército, con sede en esa ciudad.

"Solicitamos se mantengan las condiciones de detención actuales; se disponga que el cumplimiento de la pena sea en prisiones comunes, bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal y en caso en que no existiere tal posibilidad, solicitándose cupo en las prisiones provinciales correspondientes", señaló la fiscalía en el final del alegato, y concluyó solicitando que "se ordene la baja, de las filas del Ejército Argentino, de todos los militares juzgados en el presente juicio".

En la cuarta jornada de su alegato, los fiscales -que habían comenzado con su exposición el 8 de octubre pasado- acusaron a los imputados -según cada caso- por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, desaparición forzada y sustracción, retención y ocultamiento de niños, en el marco de una asociación ilícita, cometidos contra un universo de víctimas integrado por 89 adultos y dos bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención.

Nebbia y Palazzani solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que condene a la pena de prisión perpetua a los dos ex segundos jefes del Batallón de Comunicaciones 181, Carlos Andrés Stricker y Alejandro Osvaldo Marjanov, quienes cumplieron esa función en distintos períodos de la última dictadura. La unidad militar a su mando funcionó como centro clandestino de detención y, al mismo tiempo, sirvió de paso para los prisioneros que eran trasladados al centro clandestino La Escuelita, en la sede del V Cuerpo.

En tanto, para Ricardo Claudio Gandolfo, quien fue jefe de sección de la Compañía "A" de aquél batallón, los fiscales requirieron la pena de 21 años de prisión.

Para los ex guardias de La Escuelita, Bernardo Artemio Cabezón y Felipe Ayala, los representantes del Ministerio Público solicitaron la pena de prisión perpetua. Y para el ex jefe de aquellos, Fernando Antonio Videla pidieron 25 años de prisión

Finalmente, para José Héctor Fidalgo, a quien se lo imputó por su participación en el Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51, los fiscales solicitaron la pena de 25 años de prisión. Los consejos de guerra eran organismos extrajudiciales que, en el marco de parodias de juicio, intentaron formalizar las detenciones ilegales de varias de las víctimas.