Intervino la Fiscalía General N°4 ante esa instancia

Casación admitió una acción de habeas corpus presentada por los familiares de cinco víctimas de desaparición forzada

Los jueces de la Sala IV recordaron que el instituto es una “acción expedita y rápida en los casos de desapariciones forzadas de personas” y que la omisión de celebrar la audiencia prevista en el artículo 14 de la Ley 23.098, privó a los accionantes de la posibilidad de que “se esclarezcan las circunstancias de los hechos que sustentan habeas corpus”.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) ordenó que continúe el trámite de una acción de habeas corpus presentada por los familiares de tres personas desaparecidas y sus hijos nacidos en cautiverio durante la última dictadura cívico militar. La decisión revocada había sido dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10 de la Capital Federal, y confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña.

En la instancia intervino el titular de la Fiscalía N°4 ante la CFCP, Javier De Luca, quien dictaminó por rechazar la acción. En tal sentido, consideró que la decisión recurrida no era arbitraria por cuanto estaba debidamente fundada y porque “la vía intentada no era la idónea respecto de las pretensiones de los presentantes”, dado que, al existir investigaciones en trámite, debían ser los juzgados que intervienen en ellas, los que evalúen y dispongan las medidas pertinentes.

El caso

El 27 de agosto pasado, Ricardo Sergio Baravalle y Estela Gualdero interpusieron una acción de habeas corpus contra el Estado Nacional, en favor de sus familiares Ana María Baravalle, su pareja Julio César Galizzi y Ernesto o Camila —su hijo/a, dado que la mujer estaba embarazada de cinco meses cuando fue víctima de desaparición forzada el 27 de agosto de 1976—; y de María del Carmen Gualdero y de su hijo o hija quien habría nacido en cautiverio, pues su madre, desaparecida el 7 de junio de 1976, estaba embarazada de 8 meses y medio y tenía fecha probable de parto el día 26 de ese mes.

El objeto de la presentación era poder conocer el destino de sus familiares y hacer cesar el delito de supresión de identidad. También solicitaron que se estableciera un mecanismo para certificar la identidad de las personas nacidas entre 1975 y 1982, para restituir definitivamente la identidad de los niños y niñas víctimas de delitos de lesa humanidad. Finalmente pidieron que se realicen exámenes genéticos a todas las personas nacidas entre junio de 1976 y febrero de 1977, a fin de restituir la identidad de las niñas y niños nacidos en cautiverio.

A su turno, el fiscal federal que intervino en la instancia dictaminó que debía rechazarse la acción respecto de Baravelle, Galizzi y su hijo o hija, por no encuadrar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 3 de la Ley 23.098. Así, entendió que debían remitirse testimonios al Juzgado Federal N°2 de San Martín para que se incorporen a la investigación que tramita allí. También postuló el rechazo de la presentación sobre Gualdero y su hija/o y la remisión de testimonios al Juzgado Federal N°7 de la Capital Federal.

En cuanto al planteo de alcance general, el fiscal opinó que el juez debería declinar competencia, por razones de conexidad, en favor del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°2, para que se acumulara a una causa que tramitaba allí.

En virtud de ello, el 1° de septiembre pasado, el titular del Juzgado Federal N°10 de la Capital Federal, coincidió con los argumentos del MPF, en cuanto a que la vía intentada no era la idónea para las pretensiones de los accionantes y rechazó in limine la acción.

En su voto, el juez Hornos destacó que “la acción constitucional de hábeas corpus es el instrumento jurídico idóneo para garantizar el derecho de los accionantes a obtener la información que reclaman por parte de las autoridades públicas”.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal homologó la decisión por entender que el juez había valorado correctamente las cuestiones planteadas y distinguido el objeto del proceso y los antecedentes rituales vinculados, de conformidad con el criterio sostenido por el representante del MPF. Ello motivó que los accionantes presentaran un recurso de casación que, al ser denegado, motivó la queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. Así, el 28 de septiembre pasado la Sala IV hizo lugar a la presentación y concedió el recurso.

La opinión del fiscal general

A su turno, el fiscal general De Luca consideró que la decisión impugnada no era arbitraria, que estaba debidamente fundada y coincidió en que “la vía intentada no era la idónea respecto de las pretensiones de los presentantes. Ello así, al constituir las investigaciones en curso en trámite ante los respectivos Juzgados ut supra mencionadas, el ámbito procesal específico en el que correspondería evaluar y disponer las medidas pertinentes”.

En esa línea, entendió que la remisión no era “un error o falta de tratamiento de la situación de los niños apropiados, si no que esas medidas forman parte o tienen relación estrecha con objeto procesal de aquellas causas”.

Destacó que, “en el momento de su nacimiento, los niños también fueron víctimas del delito de privación ilegítima de la libertad. Y pueden ser víctimas de ese delito no porque no puedan autodeterminarse sino porque la libertad de desplazamiento voluntario de esas personas debe ser ejercida por sus padres biológicos o, ante la ausencia de ellos, por quienes determina la ley”.

También recordó que “las instituciones del Estado tienen organismos que llevan adelante la tarea de localización y restitución de la identidad de los hijos de personas detenidas-desaparecidas que nacieron en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar”, lo que garantiza el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Finalmente, sobre la extracción de muestras genéticas a un grupo poblacional, De Luca señaló que eran los juzgados intervinientes los que debían recabar la opinión de especialistas para establecer si un análisis masivo y el cotejo de los perfiles obtenidos resulta una medida idónea o si existen alternativas más eficientes y cómo podrían concretarse.

La decisión de la Cámara de Casación

Al resolver la cuestión, la Sala IV de la CFCP, los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky,

Hicieron lugar al recurso de casación interpuesto por Baravalle y Gualdero, revocaron la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y, en consecuencia, la decisión del Juzgado Federal N°10. En virtud de ello, remitieron las actuaciones al juzgado de origen para que dé trámite a la acción.

El objeto de la presentación era poder conocer el destino de sus familiares y hacer cesar el delito de supresión de identidad. También solicitaron que se estableciera un mecanismo para certificar la identidad de las personas nacidas entre 1975 y 1982, para restituir definitivamente la identidad de los niños y niñas víctimas de delitos de lesa humanidad.

En su voto, el juez Hornos destacó que “la acción constitucional de hábeas corpus es el instrumento jurídico idóneo para garantizar el derecho de los accionantes a obtener la información que reclaman por parte de las autoridades públicas”.

Sostuvo que la investigación sobre los presuntos responsables de los hechos que damnificaron a Ana María Baravalle, Julio César Galizzi, Camila o Ernesto Galizzi Baravalle y, por el otro, a María del Carmen Gualdero y su hijo o hija “no obsta a la sustanciación de la presente acción de hábeas corpus, en tanto se trata de procesos concurrentes y complementarios, que presentan diferencias sustanciales en cuanto a su objeto, trámite y alcance”. Añadió que los jueces tienen “el deber de garantizar en tiempo oportuno –y en todo caso, en todo tiempo en que se reclame y se ejerza– el derecho de los familiares de las víctimas de desaparición forzada de personas a conocer la verdad de lo sucedido”.

Hornos también consideró “desacertada” la remisión de testimonios a procesos penales en curso, ya que allí “se ventila la responsabilidad penal de autores y partícipes de hechos criminales, mientras que el hábeas corpus constituye una vía autónoma de tutela destinada a garantizar el derecho de los familiares a obtener información que esclarezca el paradero de las víctimas y restituya su identidad”.

El camarista también destacó que la omisión de convocar a la audiencia prevista en el artículo 14 de la Ley N°23.098 “vulneró las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio, en particular, el derecho de los accionantes a ser oídos respecto de los derechos que consideran conculcados, privándolos de la posibilidad de que, a través de la inmediación judicial, se esclarezcan las circunstancias de los hechos que sustenta el hábeas corpus”.

Borinsky coincidió con su colega, y advirtió que el caso presentaba “una cuestión procesal insoslayable, que sella la suerte del recurso, en tanto la acción fue rechazada in limine, sin que se llevara a cabo el trámite que la ley 23.098 prevé para este tipo de denuncias”.

En su voto —al que adhirió el juez Carbajo— señaló que el artículo 10 de la referida ley solo autoriza al juez a rechazar la denuncia que no se refiera a alguno de los supuestos previstos en el artículo 3, lo que no ocurría en el caso. Ello, por cuanto se denunció “la desaparición forzada de personas -supuesto expresamente contemplado en el art. 43, cuarto párrafo, de la C.N.- y, en particular, la situación actual de dos personas nacidas durante el cautiverio de sus madres que habrían sido privadas de su identidad”.

“Frente a una denuncia de tales características, correspondía que el magistrado llevara a cabo el trámite de la acción de habeas corpus previsto en la ley 23.098”, enfatizó Borinsky.