17 de agosto de 2022
17 de agosto de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Intervendrá la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción
Comenzará el lunes el juicio a cuatro miembros de la Triple A en Bahía Blanca
Los imputados Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según el caso. Se abordará el asesinato del dirigente estudiantil David Hover "Watu" Cilleruelo, ocurrido en el ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur el 3 de abril de 1975.

Este lunes 9 de marzo comenzará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca el juicio a cuatro miembros de la organización criminal paraestatal Triple A por los delitos de homicidio y asociación ilícita, en el marco del Terrorismo de Estado desplegado a partir de 1974 por las fuerzas armadas en connivencia con sectores civiles. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de dicha ciudad, representada por Miguel Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia, había solicitado en el requerimiento de elevación a juicio que el accionar de los imputados sea calificado como crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Los acusados son Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero. Se encontraba procesado también Héctor Oscar Chisú, que falleció antes de llegar a juicio y se declaró extinta la acción penal en su contra. Por el asesinato del militante popular David Hover "Watu" Cilleruelo se encuentra imputado Aceituno, quien llega a la etapa de debate oral y público bajo la calificación penal “de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”.

De esta manera, los acusados restantes afrontarán los cargos presuntamente cometidos en Bahía Blanca durante el periodo histórico mencionado, en el cual se produjo la instrumentación de un programa de persecución, secuestro y asesinato de opositores políticos.

Según detalló el MPF en el requirimiento, los acusados integraban un grupo de choque conectado con una política estatal, que “determinó una particular forma de operar en el que ese carácter civil se vio diluido en la presencia del propio Estado, que colocó sus estructuras al servicio de la tarea represiva, mediante el suministro de agentes, armas, información y recursos económicos, o la garantía de no interferencia y de impunidad”.

Según detalló el MPF en el requirimiento, los acusados integraban un grupo de choque conectado con una política estatal

El homicidio de David "Watu" Cilleruelo

Durante el debate se juzgará el homicidio de quien fuera secretario de la Federación Universitaria del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista. El 3 de abril de 1975 recibió un disparo en la cabeza en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur). Se encontraba junto a otros compañeros convocando a alumnos para la asamblea de delegados de Centros de Estudiantes con el fin de revalidar las autoridades de la Federación Universitaria que conducía. El MPF sostuvo en la pieza procesal que “los responsables del homicidio, se dirigieron en un vehículo y en grupo (portando armas), directamente hasta el lugar donde se encontraba la víctima, lo ultimaron y se retiraron inmediatamente de la zona, también en grupo, en el mismo automóvil”. Diversos testigos confirmaron que “Moncho” Argibay fue quien le disparó a la víctima, y que junto a él estaban su hijo Pablo (ambos fallecidos) y el propio Aceituno.

"Watu" Cilleruelo fue asesinado de un disparo en la cabeza el 3 de abril de 1975, en un pasillo del ala de Ingeniería de la UNS (Universidad Nacional de Sur)

El aparato represivo en Bahia Blanca

La investigación del MPF acreditó que la instrumentación del plan de persecución implicó “una convergencia y una articulación de elementos de las fuerzas estatales y elementos paraestatales”. Dicho plan abarcaba la aplicación de operaciones del Servicio de Inteligencias del Ejército (SIE) “representado a nivel local por el Destacamento de Inteligencia 181 y las Policías Federal y Provincial, y en el plano paraestatal, el grupo operativo civil implantado en las organizaciones gremiales y en la Universidad Nacional del Sur”.

Para la Unidad de DDHH, la Triple A actuó al menos entre los años 1974 y 1976 en la ciudad de Bahía Blanca, con el propósito de eliminar, a través del uso de la violencia, toda expresión de activismo político

La unidad fiscal había sostenido, al requerir la realización del juicio, que encontró “demostrada tanto la existencia de una organización que conformó una ´asociación ilícita´, como su permanencia en el tiempo: tal como se relató, la misma operó, al menos, entre los años 1974 y 1976 en la ciudad de Bahía Blanca, con el propósito de eliminar, a través del uso de la violencia, toda expresión de activismo político en oposición al gobierno nacional y a sus referentes locales, especialmente en los ámbitos estudiantiles y gremiales”.  Asimismo, la investigación destacó que los imputados se encontraban directamente ligados a la trayectoria política del dirigente gremial y diputado Rodolfo Antonio Ponce.