El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó la semana pasada el juicio contra cuatro exagentes de inteligencia acusados por crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1977 dentro de los centros clandestinos de detención "Automotores Orletti" y "Base Pomar", en el marco del “Plan Cóndor”. 

Los acusados son los exagentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar y Patricio Miguel Finnen y el personal inorgánico de ese mismo organismo, Julio César Casanova Ferro. Todos deberán responder por lo sucedido a 90 víctimas, cinco de las cuales eran niños al momento de los hechos.

En el debate oral, interviene en representación del Ministerio Público Fiscal el fiscal general Pablo Ouviña y el auxiliar fiscal Santiago Ghiglione. La instrucción del caso estuvo a cargo del fiscal federal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Carlos Rívolo.

En la apertura, el tribunal integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico, realizó la lectura de los requerimientos de elevación a juicio que integran la causa. Las audiencias se reanudarán el próximo lunes 23 de febrero, donde se concluirá con la lectura de la acusación y se hará lugar a que las partes puedan realizar los planteos preliminares.

Calificaciones legales

Ferro es acusado como partícipe necesario de privación ilegal de la libertad, agravado por mediar violencia o amenazas, reiterada en ocho oportunidades, de las cuales una de ellas se encuentra agravada por su duración superior a un mes y por el delito de imposición de tormentos, también en forma reiterada en ocho casos.

Por su parte, Albarracín y Escobar son señalados como coautores responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público con abuso de sus funciones, agravada por mediar violencia o amenazas, reiterada en 89 oportunidades, de las cuales siete de ellas se encuentran agravadas, además, por su duración superior a un mes; e imposición de tormentos agravados también en forma reiterada en 89 casos. Además, a Finnen se lo acusa por las mismas calificaciones y agravantes con la diferencia que se le adjudican 81 hechos de privación ilegal de la libertad

A su vez, a Finnen, Escobar y Albarracín se los señala por dos casos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años.

“Pomar” y “Automotores Orletti”

Ambos centros clandestinos se encontraban bajo la esfera de la Secretaría de Informaciones del Estado.  En uno de los dos requerimientos de elevación a juicio que componen la causa, Rívolo describió ambos establecimientos “como infiernos” y los describió como “lugares de represión, privaciones ilegales de libertad, aplicación de tormentos, torturas físicas, secuestros, homicidios, apropiación de menores y desaparición de personas”.

Según fue probado en debates anteriores, Automotores Orletti funcionó en la calle Venancio Flores 3519, en el barrio porteño de Flores, y fue la principal base de operaciones del Plan Cóndor en Argentina entre mayo y noviembre de 1976.

Allí se perpetraron las detenciones y torturas -abordadas en este juicio- a perseguidos políticos a cargo del grupo de OT (Operaciones Tácticas) 18. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID), ambos de Uruguay, fueron al lugar a interrogar a sus víctimas. 

Por allí pasaron personas detenidas clandestinamente de nacionalidad uruguaya, chilena, boliviana, cubana y argentina; la mayoría aún continúan desaparecidas. El cierre del centro clandestino se produjo el 5 de noviembre de 1976 como consecuencia de la fuga de dos personas.

En relación a “Base Pomar”—que funcionó en 1977 en un inmueble ubicado en la calle Teniente Coronel Gregorio Pomar 4171, en el barrio porteño de Pompeya—, la acusación sostiene que allí también habría actuado parte del personal que integrara la división o base operativa denominada OT 18. El establecimiento tuvo como misión específica la detención ilegal de personas y su alojamiento.

Las pruebas acumuladas permitieron determinar que en Base Pomar ejercía un evidente liderazgo de hecho el fallecido Aníbal Gordon, quien cobró estado público a raíz de su actuación en el grupo de la “Triple A” y que en tal contexto ejercía el mando del personal también subordinado a la SIDE.

El secuestro y el ocultamiento de dos niños

Anatole Boris Julien Grisonas (4 años) y Victoria Eva Julien Grisonas (1 año y cuatro meses) fueron secuestrados el domingo 26 de septiembre de 1976 por la tarde, en el domicilio donde vivían con sus padres Victoria Lucía Grisonas y Mario Roger Julien Cáceres, en la localidad de General San Martín, provincia de Buenos Aires. En el operativo, fue asesinado el padre de los niños.

Según detallaron algunos testigos, la madre y los niños fueron llevados a “Automotores Orletti. De acuerdo con el expediente, personas que estuvieron detenidas allí confirmaron que los tres estuvieron presentes en ese lugar en una fecha cercana al secuestro.

Otros testimonios también indicaron que los hermanos fueron luego trasladados clandestinamente de Argentina a Uruguay y luego a Chile por efectivos uruguayos. Según se estableció, fueron abandonados en el parque O´Higgins de la ciudad de Valparaíso. Vivieron en un orfanato y fueron adoptados legalmente en la República de Chile. Años más tarde, la familia biológica logró obtener su paradero y las víctimas pudieron conocer su verdadera identidad.

En cuanto a las fuerzas que intervinieron el día del operativo, la acusación sostiene que participó personal del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina (PFA) conjuntamente con efectivos de la SIDE. Además, se hace referencia a la posible participación del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, especialmente debido a la magnitud del operativo, que involucró vehículos militares, la toma de calles, y la interrupción de servicios como la electricidad y las comunicaciones telefónicas.