Comenzó este viernes a juzgarse el tercer tramo de investigación de los hechos que tuvieron su epicentro en el centro clandestino de detención conocido como “La Cueva”, una construcción subterránea que funcionó debajo del viejo radar de la Base Aérea de Mar del Plata, situada sobre la Ruta 2, lindante al aeropuerto. Son cinco los acusados por los delitos de asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios cometidos sobre 61 víctimas, entre las que se encuentran los abogados desaparecidos en la denominada “Noche de las Corbatas”.
Antes de la audiencia donde se leyó el requerimiento fiscal de elevación a juicio y se abordaron cuestiones preliminares, los jueces Daniel Obligado y Fernando Machado Pelloni, la jueza Sabrina Namer, representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación encabezados por el fiscal Daniel Adler, abogados defensores y sobrevivientes del lugar recorrieron por la mañana el espacio de detención que sufrió distintas modificaciones edilicias a lo largo de los años.
Durante la inspección ocular Patricia Pérez Catán, Julio Dauro y Carlos Bozzi revivieron su tiempo de cautiverio en el centro clandestino situado a unos cuantos metros del ingreso a la Base Aérea, que se camufla entre montículos de tierra y pastizales. No compartieron el tiempo de su paso por ahí, pero fueron reconociendo lugares comunes. En el ingreso, señalaron que se había sustituido la escalera por una rampa y ya no estaba el pasillo donde daban el único baño del lugar y la cocina. La sala que está sobre la derecha, que actualmente se utiliza como una suerte de depósito de la “Red de Observadores del Aires (ROA)”, fue en años de dictadura la sala de torturas.
Durante la inspección ocular Patricia Pérez Catán, Julio Dauro y Carlos Bozzi revivieron su tiempo de cautiverio en el centro clandestino situado a unos cuantos metros del ingreso a la Base Aérea.
Tanto Dauro como Bozzi hicieron mención a una suerte de subsuelo que tenía el piso de parquet, que es lo que les dejaba ver la capucha que debían mantener puesta. “Seis escalones eran”, recuerda a la perfección uno de ellos: era la bajada a su espacio de detención clandestina. Desde allí escuchaban una radio, contó, que estaba encendida todo el día.
Pérez Catán reconoció el espacio donde estaba construida -de material- la celda donde estuvo detenida, y enseguida reconoció una vieja ventana, con una suerte de enrejado en red oxidado, que estaba sobre una de las paredes a modo de ventilación. Enfrentado a este espacio señaló que había una celda más pequeña -donde estuvo detenido su hermano- y sobre el costado una de mayores dimensiones, donde habría más cantidad de personas, de acuerdo a las voces que llegaba a escuchar. Además, reconocieron lo que queda de una escalera de hierros por la que se subía hasta una torre de control. Había paredes y divisiones que ya no están, y otros arreglos que no existían.
Pasado el mediodía comenzó el debate oral y público en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con la presencia del fiscal general Daniel Adler y los auxiliares fiscales Julio Darmandrail y Eugenia Montero, en representación del Ministerio Público Fiscal, y las defensas de los acusados.
Durante la primera audiencia se plantearon cuestiones preliminares, que fueron contestadas por el fiscal general y rechazadas finalmente por el Tribunal, con lo que se dio por iniciado el debate oral y público.
Tres de ellos estuvieron en la sala: Ramón Seferino Silva, quien supo ser auxiliar de la Oficina de Cifrados de la Sección Inteligencia de la Base Aérea y cumple arresto domiciliario -representado por Horacio Insanti-; Juan José Banegas, quien tenía la misma función como cabo primero, y está excarcelado, representado por la defensa oficial de Manuel Baillieau y José Galán; y Miguel Ángel Ruiz, quien fue auxiliar de la División III Operaciones de la AADA 601, cumple prisión domiciliaria y es defendido por los abogados Catroppa y Carlos Meiras. Por videoconferencia siguieron el inicio del juicio Eduardo Salvador Ullúa -detenido en la unidad penal 34-, quien cuenta también la defensa oficial; y Emilio Guillermo Nani, quien con su defensor Eduardo San Emeterio, estuvieron en una de las salas del Consejo de la Magistratura.
San Emeterio fue quien planteó cuestiones preliminares, como la prescripción de la acción penal y la incompetencia para su juzgamiento, que fueron contestadas por el fiscal general y rechazadas finalmente por el Tribunal, con lo que se dio por iniciado el debate oral y público.