Fiscales e integrantes del MPF de diferentes puntos del país que intervienen en casos por violaciones a los derechos humanos en la época del terrorismo de Estado se reunieron hoy en la Procuración General de la Nación en el marco de una jornada de discusión y capacitación sobre complicidad del sector empresarial durante la última dictadura militar, organizada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con la colaboración del Centro Europeo sobre Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR).

La actividad, que contó con paneles durante la mañana y una mesa de discusión de casos emblemáticos por la tarde, fue abierta por el titular de la Procuraduría, Jorge Auat, y se aportaron miradas interdisciplinarias de conocidos investigadores. Participaron el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbistsky; el profesor de la Universidad de Buenos Aires Marcelo Ferreria; la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Victoria Basualdo; el abogado fundador de ECCHR, Wolfang Kaleck, y los juristas María Laura Böhm y Marcelo Ferrante.

El encuentro estuvo dirigido a brindar herramientas jurídicas, sociológicas e historiográficas a los fiscales que intervienen en casos que involucran o podrían involucrar a empresarios en crímenes del terrorismo de Estado.

En la apertura, el titular de la Procuraduría, Jorge Auat, hizo hincapié en la necesidad de avanzar en las investigaciones sobre participación de empresarios en crímenes contra la humanidad. "Para la dictadura, los desaparecidos y muertos eran parte del costo del progreso", indicó. "Pero hablamos de dictadura cívico-militar. Quiénes son los cívicos: no sólo el Poder Judicial que los protegió, sino los grupos económicos que se beneficiaron con la dictadura".

El periodista Horacio Verbitsky realizó en su exposición un recorrido histórico de los vaivenes en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura, destacó que en Argentina se hayan cumplido treinta años sin golpes militares y que "han pasado casi 40 años del golpe cívico-militar-eclesiástico", de 1976.

Verbitsky calificó de "exitoso" el diseño de los juicios del gobierno alfonsinista en el sentido de que aquél programa cumplió con el cometido de evitar nuevas rupturas institucionales, aunque criticó sus consecuencias. En ese sentido, puso de relieve que durante el denominado Juicio a las Juntas militares de 1985 se ventilaron varios casos "por los que hoy están siendo perseguidos empresarios, pero entonces no se instó la acción penal". Citó al respecto el caso de trabajadores víctimas de desaparición forzada del Ingenio Ledesma, en los que aparecían con claridad la responsabilidad de "instigadores, cómplices, encubridores y beneficiarios".

"La principal obsesión de ese gobierno era terminar rápido y llevar las responsabilidades a la pirámide (los integrantes de las juntas militares), según el diseño de la política criminal de entonces. (El presidente Raúl) Alfonsín pretendía apartar así la posibilidad de golpes de Estado. En eso fue exitoso porque cumplimos treinta años de democracia. Pero esa visión fue utilitaria y pragmática", consideró Verbitisky.

Además, destacó la creación en 2007 por parte del entonces procurador General Esteban Righi de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de casos de violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, hoy Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, cuyo rol en el diseño de una política criminal, ejemplificó, se encuentra plasmado en informes como el que recientemente publicó Fiscales sobre el déficit de los tribunales en la revisión de las condenas.

El periodista indicó que el conflicto protagonizado por las patronales agropecuarias de 2008 "para resistir un impuesto", dejó en evidencia que había grupos civiles, miembros del poder económico, que "faltaban ser juzgados". Y advirtió que "llevar a juicio a estos sectores es tan preventivo de la ruptura constitucional como haber llevado a los militares", dado que "subsiste la pretensión de los sectores económicos de propiciar un cambio de gobierno e imponer programas económicos".

Por su parte, la investigadora de FLACSO Victoria Basualdo trazó un recorrido histórico de los movimientos sindicales en la Argentina y enfatizó "la fertilidad que tendría el diálogo", de los investigadores judiciales con los académicos. Basualdo indicó que la crisis de 2001 visualizó "las dimensiones económicas de la dictadura", y al respecto ejemplificó que en los primeros testimonios sobre los crímenes las víctimas narraron "como secundaria", su pertenencia comisiones internas de las fábricas, "con el desconocimiento propio de la importancia de la lucha sindical". "Hay que recuperar historias silenciadas", reclamó.

Basualdo precisó que la organización sindical en los lugares de trabajo, mediante las comisiones internas, implicó un "objeto de enorme preocupación por parte de las patronales", históricamente, y citó al respecto un documento de 1954 de la Confederación General Económica que ya entonces las describía como "uno de los principales obstáculos para la productividad".

Recordó que en el año 1964 hubo una toma de más de 11 mil terminales fabriles por más de 4 millones de trabajadores, lo cual "implicó un nivel enorme de organización". "La organización obrera se produce en el contexto del desarrollo industrial como dinamizador de la economía, en el marco del proceso de sustitución de importaciones", explicó.

Además, la investigadora de FLACSO puso de relieve que "el análisis del papel de las empresas con las transformaciones económicas es central". Recordó el caso de la empresa Acindar y la represión del movimiento sindical metalúrgico en Villa Constitución, Santa Fe, del que se cumplieron cuarenta años. "(José Alfredo) Martínez de Hoz pasa de presidente de Acindar cuando ocurre este proceso represivo en 1974 a ministro de Economía de la dictadura", remarcó. "La represión obrera comienza en el '74 y '75. El 24 de marzo de 1976 no nos debe ocultar esta etapa previa", advirtió la investigadora.

"Un villano más malo"

El profesor e investigador de la UBA, Marcelo Ferreira indicó que en la violación de derechos humanos "el villano es el Estado", aunque remarcó que con la profundización de investigaciones "nos encontramos con un sector aún más malo". En ese sentido, recordó y ejemplificó las vinculaciones empresarias con el régimen nazi en Alemania y destacó que en América Latina "las empresas transnacionales participaron en todos los golpes de Estado".

También, señaló los escasos antecedentes a nivel internacional sobre la investigación de los vínculos empresarios con la comisión de crímenes de lesa humanidad, desde el Tribunal de Nüremberg, los de la ex Yugoslavia y Ruanda hasta los precedentes que están generando los tribunales argentinos.

El investigador adelantó avances teóricos en la atribución de responsabilidad a los Estados "por no controlar", a las empresas e incluso la aplicación del principio de extraterritorialidad a compañías y Estados donde están radicadas las casas matrices de las transnacionales.

El académico ponderó el proceso de verdad y justicia en la Argentina. "Hace dos décasdas teníamos récord mundial de impunidad. Los estudiantes extranjeros venían a estudiar impunidad. Hoy vienen a estudiar el proceso de justicia", remarcó.

El jurista Marcelo Ferrante se refirió especialmente a los delitos vinculados como la sustracción y apropiación de bienes de las víctimas del terrorismo de Estado y cuestionó que no se hayan visibilizado los delitos económicos en varias investigaciones en las que había prueba para avanzar, aunque sí se lo hizo por privación ilegal de la libertad o aplicación de tormentos, por ejemplo.

El abogado analizó la categoría de los crímenes de lesa humanidad  e indicó que "las apropiaciones de bienes pueden considerarse como tales cuando forman parte de un plan sistemático contra la población". Y señaló que "no considerar los delitos económicos sería subvalorar el sufrimiento al que se ha sometido a la víctima".

"Los crímenes de lesa humanidad son colectivos y masivos. Nosotros los dividimos en partes para perseguirlos por víctimas, victimarios y lugares. El resultado puede llevar a que una porción pueda verse 'poco monstruosa', pero no debemos olvidar su marca de haber constituido un crimen de lesa humanidad. No podemos perseguir el todo sin perseguir sus partes", indicó Ferrante.

En tanto, el abogado alemán Wolfang Kaleck remarcó que "la justicia argentina realizó en los últimos diez años el proyecto más ambicioso de juicios por crímenes de lesa humanidad desde Nüremberg", e insistió en la necesidad de que la indagación sobre la responsabilidad empresaria en hechos que ocurrieron décadas atrás también tenga su correlato en investigaciones por casos actuales. También, evaluó que en el proceso de juzgamiento de estos crímenes "hay problemas y obstáculos, pero el trabajo aquí puede ser incompleto si los gerentes de Ford, Ledesma y Mercedes Benz no están en el banquillo".

La abogada María Laura Böhm, por su parte, realizó una exposición sobre los "modelos de imputación penal a la empresa", a los que organizó en tres categorías: la responsabilidad como ente jurídico, la responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad penal. Cada uno de esos tópicos, a su vez, está integrado por subcategorías, que expuso ante los fiscales y funcionarios.

La académica, quien indicó que hace dos meses llegó a la Argentina después de haber vivido diez años en el exterior, planteó las debilidades y fortalezas de cada modelo y se formuló preguntas filosóficas sobre el sentido de la realización de los juicios. Indicó, desde su experiencia, que "las empresas no se sienten amenazadas desde lo penal sino desde lo económico".

La jornada culminó con la evaluación e intercambio de experiencias entre los fiscales en torno a los casos de “Ledesma”, “La Nueva Provincia”, “Ford/ Mercedes Benz” y “Papel Prensa”, ámbito en el que participó la contadora Judith König.