29 de enero de 2023
29 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El documento está dirigido a los fiscales que intervienen en las causas por terrorismo de Estado
Un protocolo para investigar la complicidad empresaria en los crímenes de la dictadura
El material fue elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) en base a la experiencia de investigaciones en curso. Advierte que la modalidad podría formar parte de un plan sistemático y señala que el caso argentino replica la matriz del régimen nazi.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) elaboraron un protocolo que sistematiza "las principales medidas que deben considerarse al investigar las maniobras realizadas por los directivos de empresas y grupos económicos durante el terrorismo de Estado" y que será distribuido entre los fiscales que intervienen en ese tipo de causas.

"La cuestión está siendo explorada con mayor sistematicidad en los últimos años e implica ciertas especificidades que deben tenerse en cuenta a los fines del análisis minucioso de una conducta que podría formar parte de un plan sistemático", señala la introducción del trabajo realizado por las dependencias de la Procuración General de la Nación, en base a la experiencia recogida en diferentes investigaciones en curso.

La elaboración del documento toma las conclusiones del debate desarrollado en marzo pasado en la sede del Ministerio Público Fiscal. Aquel encuentro, que contó con la participación de diferentes expertos en la investigación de la complicidad civil y especialmente empresaria en los crímenes de Estado, fue organizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y el Centro Europeo sobre Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR).

"La actividad investigativa se debe orientar, en estos supuestos, a la producción de medidas que acrediten la colaboración mutua entre la empresa y las fuerzas represivas; las vinculaciones de carácter personal o comercial de los directivos de una empresa con el régimen represivo o alguno de sus miembros; la vinculación del secuestro y desaparición con las actividades laborales o sindicales de las víctimas contrarias a los intereses de la empresa; y la utilización de medios logísticos, personales o  ideológicos a fin de facilitar y colaborar con la comisión de los hechos", indica el protocolo, que describe y puntualiza cada una de las medidas de prueba para explorar cada uno de esos supuestos y las fuentes que pueden proporcionar la información.

El documento aclara que es un trabajo "meramente orientativo con el objetivo de homogeneizar el análisis de la documentación" recabada en las investigaciones.

La contadora Judith König, titular de la OFINEC, explicó a Fiscales una de las medidas que propone el protocolo, en base a la experiencia desarrollada por la oficina a su cargo: "Aplicamos una mirada social al balance contable. En general, los balances son evaluados por contadores o economistas con otros fines. Es increíble, pero para arribar a las conclusiones que sacamos y mostrar la prueba del beneficio económico obtenido a través de este accionar, en muchos casos no hace falta hacer una investigación muy exhaustiva, porque los números están ahí, que incluso son públicos en algunos casos. A veces, nos sentimos que estamos desenterrando números, por todo el tiempo que pasó sin que nadie tuviera esa mirada".

En tanto, la coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky, destacó que el protocolo "advierte sobre aspectos de la prueba documental y testimonial que en otros contextos pasaron desapercibidos por los investigadores y que pueden brindar indicios para la detección de casos en los que en un principio sólo se persiguió la responsabilidad militar y policial".

Como los nazis

El protocolo recuerda en su introducción que en los procesos de Nüremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, fueron condenados responsables de algunas empresas por su colaboración con el régimen nacionalsocialista: "Aquellos empresarios que suministraron gas venenoso en los campos de concentración, con conocimiento de que sería utilizado para el exterminio de seres humanos, que solicitaron mano esclava al Estado para abaratar sus costos de producción, que donaron dinero para apoyar a las Schutzstaffel (SS) y que enriquecieron a sus empresas a través de la confiscación ilegal de propiedades, debieron enfrentar condenas".

"Esa matriz se replica en las diversas prácticas genocidas que se dieron y aún se dan a nivel global; el período de terrorismo de Estado argentino no fue la excepción", fundamentan la Procuraduría y la OFINEC en el documento.

El protocolo cita la normativa internacional que compromete la responsabilidad del Estado argentino en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y refiere que "resulta necesario asegurar la permanente participación de este Ministerio Público Fiscal en las investigaciones y procesos judiciales ya iniciados a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que nacen del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional".

"En el caso concreto de los delitos de lesa humanidad, la Procuración General de la Nación ha sostenido en reiteradas ocasiones la necesidad insoslayable de adoptar las medidas conducentes para la profundización de este tipo de investigaciones a los fines de contribuir a la búsqueda de la Verdad y la Justicia y a la reconstrucción histórica de lo sucedido para evitar que esos hechos puedan repetirse", sostiene el documento.