24 de febrero de 2024
24 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Mar del Plata
Hooft: la Cámara Federal solicitó la causa y Bava suspendió la indagatoria
El tribunal de alzada requirió el expediente para resolver incidentes pendientes. Así, quedó en suspenso por cuarta vez el llamado a indagatoria, que antes no pudo concretarse por la ausencia del imputado.

El juez federal de Azul, Martín Bava, que interviene como subrogante en la causa que tiene imputado por crímenes de lesa humanidad al juez correccional de Mar del Plata, Pedro Cornelio Federico Hooft, suspendió la indagatoria que estaba prevista para mañana, la cuarta oportunidad que no llega a concretarse.

Bava tomó la determinación de suspender la audiencia luego de que la Cámara Federal le requiriera la causa para resolver incidentes que se encuentran pendientes en ese tribunal de alzada.

Antes, Hooft había faltado a la convocatoria tres veces desde julio del año pasado, amparado por sus fueros de magistrado.

La última orden del juez para que compareciera antes de la que se preveía para mañana fue fijada el 16 de abril. Pero un día antes Hooft pidió la nulidad de su citación a prestar declaración, recusó a Bava –que es juez federal de Azul, pero interviene tras el apartamiento de otros seis jueces- y presentó una supuesta grabación subrepticia al fiscal de la causa que pidió su indagatoria, Claudio Kishimoto, a raíz de la cual denunció penalmente a la totalidad de los fiscales, al juez y al abogado querellante César Sivo por asociación ilícita.

Hooft arguye en su presentación que su hijo y abogado, Pedro Federico Guillermo Hooft, tiene una grabación del ex fiscal de primera instancia de Mar del Plata Kishimoto, en la que el funcionario reconocería que la causa “fue armada” y que no se cuentan con elementos probatorios para llevarlo a juicio.

“La declaración indagatoria es el acto de defensa por antonomasia, pero Hooft se rehúsa a asistir, actitud que resulta cuanto menos paradójica, al tratarse de un juez que incumple reiteradamente las citaciones de otro juez”, indicaron en un comunicado el fiscal marplatense Pablo Larriera y la secretaria de la Unidad Fiscal de esa ciudad, Romina Cavallo. “Hooft impone a sus acusadores cargos criminales cuando es él quien debe responder por las imputaciones que se le formulan”, añadieron los funcionarios del Ministerio Público.

En ese contexto, el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata, que juzgó en Mar del Plata los crímenes en la causa Base Naval II, ordenó en su sentencia -conocida el 30 de abril pasado- investigar el accionar de Hooft durante la última dictadura militar, “lo cual confirma una vez más las firmes sospechas que fundan el llamado a declaración indagatoria que impulsa la fiscalía”, señalaron Larriera y Cavallo.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata asimismo destacaron que “esta orden de investigar a Hooft se dictó luego de un juicio oral diferente llevado a cabo por jueces de la ciudad de La Plata, en forma completamente independiente de la causa que tramita en Mar del Plata”.

A raíz de la investigación en curso, Hooft se encuentra suspendido por un jurado de enjuiciamiento desde el 5 de marzo pasado, pero Bava considera que no ha perdido los fueros, dado que el jury no ha llegado a su fin, y por esa razón no ordena su detención para que comparezca a declarar; sólo le cursa citaciones.

La Unidad Fiscal marplatense solicitó en marzo pasado al juez que dictara la prohibición de Hooft de salir del país y luego requirió que “se arbitren los medios para su comparecencia”, pero Bava rechazó esos pedidos, que fueron apelados y se encuentran a la espera de resolución en la Cámara Federal marplatense.

El abogado Sivo manifestó al portal www.0223.com.ar que desde la querella van a insistir en el pedido de detención de Hooft: “es ciudadano holandés, tiene los medios y las posibilidades para irse de Argentina, por lo que entendemos hay riesgo de fuga y de entorpecimiento evidente”, señaló.

Las ausencias de Hooft a los llamados a indagatoria fueron notificadas por el juez a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por “consistir su ausencia en un manifiesto obstáculo para la prosecución de la causa”.

Hooft, “garante de impunidad”

La causa que se le sigue a Hooft fue iniciada el 6 de marzo de 2006 por una denuncia del entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. La denuncia contó con la adhesión de la Secretaría de DDHH bonaerense y de representantes de las asociaciones de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y de familiares de víctimas y la agrupación HIJOS.

El primer pedido de la fiscalía para que se lo cite en carácter de imputado fue formulado el 1° de noviembre de 2011.

Hooft está imputado por su participación en 17 casos con víctimas de homicidios, desapariciones, torturas y privaciones ilegales de la libertad, entre los delitos más graves, perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en el marco del episodio conocido como “La Noche de las Corbatas” porque tuvo como víctimas a abogados de la ciudad.

Para la fiscalía, esos delitos “no hubiesen podido perpetrarse, o al menos no hubiesen contado con la garantía de impunidad posterior, sin el aporte esencial prestado por el juez Hooft, quien tramitando los hábeas corpus presentados en beneficio de las víctimas y las causas en las que debieron investigarse las privaciones ilegales de la libertad y los homicidios de algunas de ellas, proporcionó adecuada cobertura judicial a los autores de tales hechos, evitando a la vez que los sucesos fueran investigados en los estrados competentes”.

“La calidad y la cantidad de las infracciones cometidas por Hooft –indicaron los funcionarios del Ministerio Público, Larriera y Cavallo- permite inferir a la fiscalía que no se trata de meros errores en la gestión judicial sino de tolerancia y/o colaboración con las prácticas del aparato represivo del Estado”.

En ese sentido, precisaron que “los miembros de la Fuerzas Armadas y de seguridad, pero principalmente las autoridades de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, a cargo de la Subzona Militar 15, contaron con una garantía de impunidad que les brindó Hooft”.

Al momento en que se sucedieron los hechos conocidos como “la Noche de las Corbatas”, Hooft era el juez de turno en el departamento judicial de Mar del Plata y, en ese carácter, rechazó los hábeas corpus presentados en favor de Jorge Candeloro, Marta García de Candeloro, Norberto Centeno, Hugo Alais, Camilo Ricci, Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Carlos Bozzi y Salvador Arestín.

En el caso de Candeloro y en el de Centeno el rechazo de hábeas corpus se produjo cuando aún estaba pendiente la respuesta de las autoridades de la Subzona militar 15 en relación con esas víctimas.

Por otro lado, los casos de Centeno, Alais, el matrimonio Fresneda, Bozzi y Arestín, el juez Hooft tramitó además las causas en las que debieron investigarse sus privaciones ilegítimas de la libertad, pero “en todos los casos se omitieron las medidas de instrucción que podrían haber resultado útiles para el esclarecimiento de los hechos”, indicaron el fiscal y la secretaria.

Hooft tampoco declinó la competencia a favor del fuero federal y, transcurrido un mes y medio de los hechos, remitió las causas a la Subzona Militar 15 por entender que se relacionaban con casos de supuesto “origen subversivo”. “Es decir que envió los expedientes para su investigación a la fuerza armada que había secuestrado y tenía bajo su órbita de poder a las víctimas, lo cual ya fue acreditado en dos juicios orales”, remarcaron desde la fiscalía.

También pusieron de resalto que “a la fecha de la remisión de los expedientes a las autoridades militares los abogados estaban aún con vida sometidos a condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención denominado ‘La Cueva’. Todas esas causas desaparecieron sin que hasta hoy haya podido obtenerse información acerca de su destino”.

Asimismo, la fiscalía informó que respecto de la detención ilegal de Ricci, Hooft se comprometió a efectuar gestiones personales y el letrado fue liberado al día siguiente, “lo cual demuestra sus aceitados contactos con las estructuras del Ejército que intervenían en la represión ilegal”.