20 de septiembre de 2019
20 de septiembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
En el salón Nelly Ortiz de la Procuración General de la Nación
El procurador general de la Nación interino Eduardo Casal encabezó la apertura del taller “La investigación de los delitos de lesa humanidad en Sur América: desafíos para el presente y futuro”
En las jornadas, organizadas conjuntamente entre la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) y la Universidad de Oxford, distintos especialistas locales e internacionales intercambiaron conocimientos en base a los sistemas de investigación y enjuiciamiento en la región en causas de crímenes contra la humanidad.

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, abrió ayer el Taller “La investigación de los delitos de lesa humanidad en Sur América: desafíos para el presente y futuro”, organizado conjuntamente entre la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) y la Universidad de Oxford, Inglaterra. El evento –cuya primera jornada se realizó hoy en el salón “Nelly Ortíz” de la sede de la Procuración General de la Nación, sita en Avenida de Mayo 760. En la apertura también estuvieron presentes el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y la fiscal de la PCCH, María Ángeles Ramos.

Ante un auditorio colmado, el procurador general interino agradeció la presencia de los asistentes y destacó la importancia de contar con la participación de representantes de diversos países de la región, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, para el intercambio de experiencias y conocimientos en base a los sistemas de investigación y enjuiciamiento en la región en causas de crímenes contra la humanidad. Asimismo, destacó el trabajo que viene llevando adelante el Ministerio Público Fiscal y el Mercosur en materia de crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, y aseguró que el Ministerio Público Fiscal se encuentra comprometido en las causas para el juzgamiento del terrorismo de estado y refirió que al día de hoy 599 expedientes están en pleno trámite y otros 200 ya obtuvieron sentencia.

A su turno, la fiscal María Ángeles Ramos compartió las palabras del procurador general y dio la cordial bienvenida a los representantes del Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford. Tras ello, destacó la importancia de los temas que se abordarán durante todo el taller en materia de investigación y enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad, y señaló que se trabajará con la causa “Operación Cóndor” como ejemplo.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky analizó minuciosamente las diferentes causas trascendentes en las que se pronunció como camarista en casos de lesa humanidad como así también describió las diferentes  jurisprudencias en dicha materia de la Cámara Federal de Casación Penal. En su alocución, el magistrado expresó que “es importante desde la cámara de casación penal no solamente la interpretación de la ley en los casos sino también normas macro que permitan agilizar y dinamizar los procesos de lesa humanidad para que en un marco sistemático de aplicación de la ley no estemos dependiendo de interpretaciones aisladas”.

Las actividades del taller continuaron durante todo el día con cuatro mesas de trabajo. En la primera de ellas, dedicada a la investigación de los delitos del pasado disertaron, con Lisandro Pellegrini de moderador, Nuria Piñol –del Ministerio Público Fiscal-, Marlon Wichert –procurador federal de Brasil-, Mariana Mota –de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay (INDDHH)- y Magdalena Garcés Fuentes –de Londres 38, espacio de memorias de Chile-.

La segunda mesa giró en torno a la investigación de los delitos de la Operación Cóndor en la Argentina, Chile y Uruguay, y estuvo moderada por Francesca Lessa, de la Universidad de Oxford. Primero expuso Magdalena Garcés Fuentes –abogada querellante en causas de delitos de lesa humanidad en Chile- quien destacó detalles generales sobre la causa en el país trasandino, que incluye doce víctimas de cuatro episodios distintos, por los cuales fueron procesados sesenta y ocho agentes de fuerzas de seguridad, cincuenta y ocho de los cuales ya recibieron condena. A su turno, Paulina Zamorano Valenzuela -del Programa de DDHH de Chile- remarcó los avances realizados en la investigación de estas causas, como la participación de integrantes de la ex Dirección de Inteligencia Nacional, y destacó el hecho de que se haya determinado y acreditado el traslado de las víctimas desde Argentina hacia Chile durante el Operativo. La especialista también mencionó como un desafío a resolver el generar vehículos de información más ágiles con los distintos operadores judiciales de la región para aplicar en las investigaciones propias de cada país. Por su parte, Leonardo Di Cesare -del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay-, detalló las diferencias del tratamiento del juicio en su país, en donde no hay un expediente principal, sino catorce causas vinculadas entre sí. De esta manera, explicó, que se investigaron hechos puntuales para determinar responsabilidades, que en cuatro casos ya cuentan con sentencia firme.

La mesa de trabajo cerró con la exposición del fiscal general Pablo Ouviña –intervino en el juicio sobre el Plan Cóndor en la Argentina- quien remarcó que en este tipo de investigaciones, es elemental incluir el contexto histórico. En tal sentido señaló que “Todo hecho criminal supone un hecho histórico. La diferencia es la relevancia que tiene ese contexto, no es lo mismo un hecho aislado que uno como este, parte de un plan sistemático”. Además, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó por qué en la Argentina la investigación fue parte de un único juicio: “Es fundamental relacionar todos los hechos, no se puede examinar algo así caso por caso. Una causa es una parcialización arbitraria de la realidad, por eso lo tomamos en conjunto e incluimos lo ocurrido en los demás países. Si no se cambia esa visión, no se puede investigar una etapa de la historia como esta. Ese cambio nos llegó a buscar mucha más información”, manifestó a la par de resaltar el trabajo de intercambio realizado con los operadores judiciales de Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil y Paraguay al haber víctimas de distinta nacionalidad. El fiscal también anticipó que se está trabajando en una publicación multimedia de los alegatos del juicio del Operativo Cóndor en la Argentina, para poder hacer que ese material esté disponible y al alcance no sólo de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, sino también de toda la sociedad civil.

El taller se reanudó por la tarde con la tercera mesa de trabajo que tuvo como eje la investigación de los crímenes sexuales durante la dictadura. Lorena Balardini –del Ministerio Público Fiscal y la Universidad de Buenos Aires- moderó las exposiciones de Carolina Varsky y Laura Sobredo –integrantes de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad-, Paulina Zamorano Valenzuela y Rogelio Goiburu –de la Dirección de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia del Paraguay-. La especialista chilena expuso sobre la experiencia de investigación de crímenes sexuales durante la dictadura en Chile y destacó que “no existen cifras oficiales que señalen cuantas son las causas que se han iniciado para investigar crímenes de lesa humanidad relacionados con delitos sexuales; tampoco tenemos cifras oficiales relacionadas con la cantidad de agentes condenados y es porque justamente la violencia sexual en Chile, a través de los juicios, está absolutamente invisibilizada”. Además, hizo una división entre los casos de víctimas sobrevivientes y víctimas desaparecidas y ejecutadas, y señaló que, en el primero de los casos, “la gran mayoría lo inicia como una forma de tortura, no se investiga la violencia sexual como un crimen autónomo de lesa humanidad” y agregó que dado que la pena por este tipo de hechos es más leve, se denuncian delitos con penas más graves que los abarcan, lo que hace que se siga invisibilizando la cuestión. También hizo referencia a los casos de víctimas sobrevivientes que no están dispuestas a denunciar lo que padecieron y destacó las dificultades para producir la prueba en este tipo de investigaciones. A su turno, Rogelio Goiburu explicó la situación en Paraguay, donde señaló que no existen condenas por este tipo de hechos, al tiempo que sostuvo que el régimen de Alfredo Stroessner fue el más brutal de la región. El expositor sostuvo que Stroessner era un “violador serial” que abusó sexualmente de muchas víctimas y que, aquellas que sobrevivieron, las casaba con sus subalternos, por eso “es muy difícil que hoy obtengamos testimonios de esas mujeres”.

Por su parte, Laura Sobredo expuso sobre la situación que enfrentan las víctimas de contar lo que padecieron. En tal sentido señaló que “la posibilidad de relatar, la condición de posibilidad ya no es de la víctima, es del interlocutor. Nadie puede hablar de lo que los otros no quieren escuchar; nadie puede hablar sin ser escuchado (…) las víctimas durante mucho tiempo hablan sin poder ser escuchadas, insistiendo en reparar eso que les pasó, entonces, las condiciones de posibilidad, luego del instante de ver, son de cada uno de nosotros como interlocutores, y en la función que nos corresponde desde nuestros trabajos.” La mesa concluyó con la ponencia de Carolina Varsky, quien recordó que la primera sentencia por delitos sexuales data del año 2010, gracias a la instrumentación de “estrategias para que las víctimas transiten por el proceso penal, con un cuidado especial de su integridad física y psicológica” y destacó que el accionar del Ministerio Público Fiscal que generó una mejora en la escucha de las víctimas, para que se sientan cómodas para relatar una situación que reviven con sus declaraciones. Además, sostuvo que existe una deuda en materia de investigación de la violencia sexual padecida por hombres –que constituye un tabú- ya que de las estadísticas que maneja la Procuraduría sesenta y siete de las víctimas son mujeres y veintidós son hombres. También reseñó que la situación actual de las investigaciones sobre violencia sexual cometida durante la dictadura, evidencia que en “diferentes regiones del país avanzaron y se obtuvieron resoluciones judiciales que ubicaron a estos delitos dentro de un plan sistemático de exterminio, estableciendo la responsabilidad de autores mediatos, autores directos, de los autores funcionales y partícipes”.

La jornada concluyó con la mesa sobre el papel de los archivos en los juicios, moderada por Mariel Alonso del Ministerio Público Fiscal, y con las exposiciones de Melisa Slatman –por el MPF y la Universidad de Buenos Aires-, Mariela Cornes –de los Archivos de Cancillería del Uruguay- y Claudia Bellingeri –del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria- que epxuso sobre el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA).

El taller continuará hoy con dos mesas más. En la primera de ellas, moderada por Pablo Pelazzo y centrada en el papel de la sociedad civil en la búsqueda de verdad y justicia, expondrán Luz Pamas Zaldua -del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)-, Joaquín Perera –de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de Chile-, y Pablo Chargoñoa –del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay-. La segunda mesa girará en torno a la búsqueda de los desaparecidos y contará con Franco Perdersoli como moderador y las alocuciones de Carlos Somigliana –del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)-, Rogelio Goiburu, José López Mazz –ex director del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) del Uruguay- y Sandro Gaete –del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile-. Al término de la jornada, Lorena Balardini –del MPF- y Francesca Lessa –de la Universidad de Oxford- coordinarán un debate abierto y brindarán las conclusiones del taller.