El tercer juicio por crímenes de lesa humanidad perpetrados sobre setenta víctimas en el centro clandestino de detención “Mansión Seré”, y el primero por hechos ocurridos en la “Comisaría 1ª de Moreno”, ambos en la zona oeste del conurbano bonaerense, comenzó ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martín, Alfredo Justo Ruiz Paz y Marcelo Gonzalo Díaz Cabral.

En representación del Ministerio Público Fiscal actúan los fiscales federales Ángeles Ramos, Leonardo Filippini y la auxiliar fiscal Nuria Piñol. El ex comisario Omar Elisendo Hernández y los integrantes de la Fuerza Aérea Mario Domingo Rulli y Julio Narciso Flores están acusados de múltiples privaciones ilegales de la libertad y tormentos cometidos bajo la órbita de la Subzona 16, que abarcaba el oeste del conurbano bonaerense y dependía de esa fuerza.

En la audiencia de ayer estuvieron presentes Rulli y Flores, quienes no declararon. Respecto de Hernández, se informó que el debate se encuentra suspendido hasta tanto se realicen las pericias pendientes. Las defensas no plantearon cuestiones preliminares y declaró el testigo-víctima Norberto Pedro Urso. La próxima audiencia se realizará el 15 de abril.

Circuito represivo del Oeste

El circuito represivo en la zona oeste del conurbano bonaerense poseía múltiples “Centros de Detención Clandestina” que funcionaban de manera articulada. En la lista se encuentra: “Mansión Seré”, la “Primera Brigada Aérea de Palomar”, la “VIIª Brigada Aérea de Morón”, la “Comisaría de Castelar”, la “Comisaría de Haedo”, la “Comisaría 1ª de Morón” y la “Comisaría de Moreno”. Los secuestros, allanamientos ilegales y las torturas eran perpetrados por los grupos de tareas 10, 11 y 12, dependientes de la Fuerza de Tareas 100 (FT100).

Además, participaban grupos especiales conformados con agentes policiales de la provincia y militares, que incluía colaboración logística de la Unidad Regional Buenos Aires (RIBA). En su paso por los centros clandestinos de detención las víctimas eran sistemáticamente sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que implicaban la aplicación de tormentos y en muchos casos abusos sexuales.

Si bien las víctimas muchas veces eran trasladas por los distintos centros clandestinos del circuito descrito, el juicio se centra sobre los hechos ocurridos en “Mansión Seré” y la “Comisaría 1ª de Moreno”. En el destacamento policial de dicha localidad se encontraba asignado el “grupo de tareas 12”, también conocida como “Agrupación Moreno”, que funcionaba bajo la órbita de la VIIIª Brigada de Moreno y poseía jurisdicción sobre la Comisaría de Moreno.

Según detalló la investigación del Ministerio Público Fiscal, todos los imputados "fueron piezas claves en la conformación de un ambiente, en sí mismo brutal e inhumano" que funcionaba a partir de los secuestros y los traslados a los centros clandestinos de detención en los que se llevaban adelante los tormentos mientras se interrogaba a las víctimas.

Las imputaciones

De acuerdo a la acusación, Rulli ostentaba el grado de cabo primero de la Fuerza Aérea Argentina, y se encontraba asignado a la División Inteligencia de la Primera Brigada Área de El Palomar y formó parte de la Fuerza de Tareas 100. Desde marzo de 1977 hasta mes de marzo de 1978, cumplió funciones en la Mansión Seré. Allí fue parte de operativos de secuestros así como también en los traslados e interrogatorios bajo la aplicación de tormentos. En relación a Flores, quien también poseía el grado de cabo de la Fuerza Aérea, se desempeñó en el Comando de Operaciones Aéreas y fue destinado al mismo grupo de tareas que Rulli. Entre octubre de 1977 y marzo de 1978 habría participado en secuestros, traslados y la aplicación de torturas a víctimas en la Mansión Seré. Tanto a Rulli como a Flores se les imputa ser autores directos de múltiples privaciones ilegales de la libertad agravados por mediar violencia o amenazas. En 68 ocasiones, en el caso de Rulli, y 31 en el de Flores.

Por su parte, Hernández -en su rol jerárquico como titular de la Comisaría 1ª de Moreno- está imputado por su responsabilidad en el cautiverio ilegal de 22 personas que “fueron sometidas a graves sufrimientos físicos y tormentos”, y está acusado en calidad de autor de las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por haber mediado violencia, en concurso real con el delito de imposición de tormentos.