Expertos internacionales en derechos humanos y organismos de las Naciones Unidas celebraron la sentencia conocida la semana pasada en el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, que culminó al cabo de cinco años de audiencias con 48 condenas y seis absoluciones y un total de 789 casos de víctimas juzgados en el proceso.

La comunicación oficial fue remitida por la Cancillería a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, luego de la notificación que recibiera de ella el representante permanente de nuestro país ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, embajador Héctor Marcelo Cima.

"Este juicio representa un paso fundamental hacia la realización del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que tienen todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como sus familiares", señala el comunicado de expertos y organizaciones.

La comunicación fue firmada por el presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Bernard Duhaime; el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard; el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer; la presidenta de la Junta de Síndicos del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, Gaby Oré Aguilar; y el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

"Quisiéramos enviar un mensaje de reconocimiento, solidaridad y aliento a las víctimas de la dictadura militar en Argentina, y a las organizaciones de derechos humanos que las representan, incluyendo a las Madres de Plaza de Mayo, sin cuya incansable lucha este resultado sin precedentes no habría podido ser alcanzado", indicaron los expertos.

En su declaración, además señalaron: "Instamos al Estado argentino a sostener los consensos y las políticas públicas que permitieron que se llegara a la realización de este juicio para que se concreten también los derechos del resto de las víctimas que esperan verdad y justicia desde hace cuatro décadas".