El juicio por la actuación de la Triple A en Bahía Blanca continuó el 17 de diciembre con la declaración de la directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Claudia Bellingeri, El debate oral y público se retomará, luego de la feria judicial, con la declaración de los últimos testigos ofrecidos por la fiscalía representada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani, el fiscal ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar fiscal Pablo Vicente Fermento.

El proceso, que puede seguirse en vivo por el canal de YouTube de la Universidad Nacional del Sur (UNS), tiene como imputados a Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli y Raúl Roberto Aceituno, a quienes se acusa de haber pertenecido a la organización criminal y, en el caso de Aceituno, de ser uno de los autores del asesinato del estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo. En la causa intervienen como partes querellantes Hijos Bahía Blanca, la familia de la víctima Luis Jesús García y la UNS. El 3, 4 y 5 de febrero concluirán los testigos ofrecidos por la fiscalía y comenzarán los de la defensa.

Tareas de inteligencia

En la audiencia del jueves 17 declaró la directora del Programa Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Claudia Bellingeri, quien fue citada para exponer respecto de la documentación remitida a la causa desde ese organismo.

Luego de dar cuenta sobre las tareas de gestión y búsqueda que aquel programa desarrolla sobre los fondos documentales de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y de la ex Sección Informaciones de la Prefectura de Zona Atlántico Norte, Bellingeri basó su declaración en la exhibición virtual de distintos documentos que mostraron el funcionamiento de la comunidad informativa ya para la época de los hechos investigados en la causa (años 1974/1975) y la interactuación de los organismos de inteligencia y fuerzas estatales de la jurisdicción, con los integrantes de la organización criminal llevada a juicio.

La gestión de Remus Tetu en la Universidad Nacional del Sur

Uno de esos archivos seleccionados por Bellingeri para la exposición (un memorándum de Prefectura) informaba que el objetivo para el que Remus Tetu había arribado a la Universidad como interventor era el de liberarla de las agrupaciones políticas estudiantiles connotadas como de izquierda, y sobre el modo en que, para dicha misión, se creó un Departamento de Seguridad y se enlistó a los integrantes de asociaciones de trabajadores de la UNS que serían exonerados.

Según el requerimiento de elevación de la fiscalía, el mencionado Departamento de Seguridad estaba integrado por los miembros de la patota de Rodolfo Ponce, quien, para la acusación, junto a Tetu lideraba la organización criminal. Entre las resoluciones de designación citadas en ese dictamen fiscal, figuran los nombres de los cuatro imputados de este juicio.

Otro de los documentos exhibidos mostró a Remus Tetu actuando dentro de la Comunidad Informativa local. Se trata un memorándum de fecha 4 de abril de 1975 en el que se detalla la reunión realizada el día anterior, en la que el Rector hizo “una amplia exposición sobre los acontecimientos que culminaron con la muerte del estudiante David Cilleruelo. Asimismo, el profesor Tetu nombró a distintos activistas dentro de la Comunidad Informativa para los cuales solicitó a través de la presente su detención y posterior puesta a disposición del PEN”.

Al respecto, Bellingeri explicó que las comunidades informativas consistieron en un sistema que existió en todo el país, en donde las distintas centrales de inteligencia tenían acuerdos de cooperación recíprocos para el tratamiento de lo que ellos consideraban “problemas”. Para el caso específico de Bahía Blanca, exhibió un documento del archivo de la Prefectura Naval Argentina en el que se puede observar que ya en el año 1972 se establecieron las normas para el funcionamiento de la comunidad de inteligencia en la subzona 51.

Entre los cerca de 160 documentos que –según la testigo– refieren exclusivamente a tareas de inteligencia sobre la Universidad Nacional del Sur, se expusieron algunos contemporáneos al asesinato de David “Watu” Cilleruelo, en los que la víctima aparece señalada. Uno de ellos registra –con fecha y lugar– lo ocurrido en una Asamblea General celebrada dentro de la Universidad un mes antes del asesinato de Cilleruelo, y sindica precisamente a “Watu” como uno de los oradores e incluso transcribe parte de su discurso: según el documento exhibido, en esa oportunidad la víctima acusó al interventor Tetu de realizar un plan de persecución a los estudiantes y de implementar la “misión Ivanissevich”, proponiendo el estado de movilización total.

Inteligencia sobre víctimas

También se proyectó un legajo de la ex DIPPBA sobre el sepelio de la víctima Luis Jesús García, evento que, tal como distintos testigos del juicio indicaron, sirvió para “marcar” y perseguir militantes. En el informe pudo apreciarse la inteligencia realizada sobre los grupos que participaron del evento, identificándose con nombre, apellido y pertenencia política (a través de las banderas de la Federación Juvenil Comunista, el Partido Comunista, la Agrupación Evita y el Ejército Revolucionario del Pueblo), a los activistas que fueron a despedir los restos de la víctima asesinada. Entre esos nombres, figuraba el de Cilleruelo. El caso de García es otro de los asesinatos ventilados en el juicio.

Bellingeri aclaró que la exposición respondía a una selección dentro de la extensa cantidad de documentación existentes, sin perjuicio de los archivos obrantes en relación a otras víctimas, tales como Rodolfo Gini (parte de la cual también fue exhibida), Vita, Trujillo, Dorñak y Davit.

Detectar posibles “elementos de izquierda”

Además de la inteligencia sobre el ámbito universitario, Bellingeri presentó al tribunal informes sobre el accionar de miembros del grupo de tareas civil en distintos espacios laborales y gremiales.

Uno de estos documentos daba cuenta sobre el traslado de integrantes de la organización paraestatal nucleados en la Junta Nacional de Granos de Bahía Blanca, a la ciudad de Santa Fe, con la misión de “detectar posibles elementos de izquierda” entre los trabajadores portuarios de esa ciudad.

Colaboración con la lucha contra la subversión

También se mostró en pantalla un informe sobre las gestiones realizadas desde autoridades del Ejército argentino en favor de Pablo Argibay (imputado que falleció durante la etapa de instrucción), luego de que fuera detenido junto a otro integrante del grupo portando armas e intercomunicadores portátiles que –según los propios detenidos– habían sido sustraídos de la UNS. Según el documento, las gestiones realizadas por parte de las autoridades militares se basaban en “que ARGIBAY siempre había colaborado con los distintos organismos de seguridad en la lucha contra la subversión, justificando la tenencia y portación del armamento en virtud de estar individualizado por los elementos de izquierda como ‘un enemigo’ empeñado en la lucha contra la guerrilla”.

El mismo informe señala que Argibay se desempeñaba dentro del grupo de custodia y seguridad del diputado nacional Rodolfo Ponce y que luego también pasó a integrar, junto a su padre Jorge Oscar Argibay, el grupo de seguridad que actuaba en la Universidad Nacional del Sur.