Al cerrar un alegato que se extendió durante cinco audiencias, el fiscal general Pablo Ouviña requirió la condena de Eduardo Salvador Ullúa y Héctor Oscar Corres a las pena de reclusión perpetua y diez años de prisión, respectivamente, por ser ambos autores del delito de asociación ilícita. El representante del Ministerio Público Fiscal encontró al primero de ellos como coautor de ocho homicidios calificados en concurso material entre sí y con la privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediante el empleo de violencia y amenazas en perjuicio de una de las víctimas.

En medio de la pandemia y con la virtualidad como punto de encuentro de las partes, avanza así el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata -integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori. El juicio continuará con la exposición de las querellas.

Antes de concluir su alegato con el pedido de penas, Ouviña reparó en la responsabilidad jurídico penal de los acusados, la calificación legal de los hechos y la mensuración de las penas. Allí ni respecto de Ullúa, ni respecto de Corres, advirtió la concurrencia de una circunstancia que pueda fundar una atenuación del reproche. “Por el contrario, sí se advierten muchas capaces de fundar un agravamiento”, expresó y detalló que se derivaban de la magnitud del injusto, de los medios utilizados y de la extensión del daño causado. “Los delitos imputados no son infracciones menores o delitos ordinarios. Los hechos por los cuales estamos formulando acusación, constituyen delitos de lesa humanidad. Como tales, no sólo conmovieron los derechos de las personas particularmente afectadas o determinados bienes jurídicos, sino que la lesión se extendió a toda la humanidad”, contextualizó.

El rol de Corres

Para Ouviña quedó demostrado durante el juicio cuáles eran las actividades que Corres desempeñó en el marco de la asociación ilícita, que diferían con la versión que el acusado brindó en el debate: para el Ministerio Público Fiscal quedó probado que su pertenencia a la asociación criminal no se interrumpió con su encarcelamiento en 1971 luego del asesinato de la estudiante Silvia Filler. “Al recuperar la libertad en 1973, Corres continuó perteneciendo a la CNU y cuando el grupo pasó a ser uno de los ejecutores de la Asociación Ilícita, él también lo hizo”, aseveró el fiscal.

En este sentido, detalló que Corres realizó aportes merced del lugar estratégico que ocupaba en la estructura estatal universitaria, pero sin por eso dejar de actuar directamente en operativos violentos contra opositores políticos.

De hecho, el lugar que ocupaba en la estructura jerárquica universitaria le otorgaba una posición privilegiada para estar en contacto con información valiosa para “combatir a los sectores de izquierda”. “Sus aportes a la asociación ilícita que desató el terror en ciudades como La Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca y Mar del Plata, fueron concretos y marcaron para siempre la vida de sus víctimas”, señaló el fiscal.

Ullúa en la decisión, planificación y ejecución de los hechos

Al analizar la responsabilidad de Ullúa, el fiscal explicó que formaba parte del núcleo de la CNU: “estuvo involucrado en todas las acciones desde el momento mismo en que la organización hizo su presentación en sociedad, especialmente en el asesinato de Silvia Filler”, detalló.

Y en esta línea, profundizó: “Ullúa fue específicamente designado como uno de los responsables de cumplir con la orden de llevar adelante una depuración ideológica del peronismo en Mar del Plata, y la CNU se convirtió en uno de los brazos de la asociación ilícita para ejecutar esa orden en esta ciudad”.

En función de su rol asignado, Ullúa ocupó puestos tanto en la Universidad como en la Fiscalía Federal. Esto “lo pone en un lugar con capacidad para influir tanto en la selección de los blancos, como en la planificación y en la ejecución de los operativos”. Y al analizar la noche denominada del 5x1, en la que fueron víctimas Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg; los asesinatos de los contadores Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y el secuestro y asesinato de María del Carmen Maggi, señaló que Ullúa co-determinó quiénes serían las víctimas; co-planificó cómo se realizarían los hechos; y participó de las ejecuciones.