La fiscal de Córdoba Graciela López de Filoñuk solicitó ayer la pena de prisión perpetua para el ex policía Juan Domingo Ayala por los homicidios de seis prisioneros políticos que estuvieron alojados en la Unidad Penal N°1 de aquella provincia y que fueron sacados de la cárcel y ejecutados en un procedimiento fraguado el 17 de mayo de 1976.

La representante del Ministerio Público Fiscal calificó los hechos como "homicidio doblemente agravado por alevosía y pluralidad de partícipes", y señaló que la actuación del imputado se produjo en carácter de coautor.

El alegato transcurrió ayer ante Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba, que prevé dar a conocer el veredicto el próximo 24 de julio.

La fiscal López de Filoñuk consideró acreditado que Ayala, hoy de 64 años, integró una comisión de seis policías del Comando Radioeléctrico que retiraron de la UP 1 a los presos políticos Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svaguza, Luis Verón, Eduardo Hernández, Diana Fidelman y Ricardo Young y que, luego, simulando un intento de fuga, los fusiló en la vía pública. El imputado era por entonces cabo y chofer de uno de los móviles policiales que intervino en el operativo.

La causa que llegó a juicio es una derivación de las investigaciones de los homicidios de 31 internos de la UP 1, hechos por los que en 2010 fueron condenados el fallecido dictador Jorge Rafael Videla, el ex jefe del Cuerpo III del Ejército, Luciano Benajamín Menéndez, y otros 21 policías y militares.

En el marco de aquél debate fue hallada un acta policial que involucró en los hechos a Ayala y a los policías Jorge Alberto Zalazar, Héctor Ricardo Rivera, Tomás Hugo Vera, Hugo Armando Barbosa y Sixto Contreras.

La fiscalía logró llevar a juicio sólo a Ayala. Vera, Barbosa y Contreras habían fallecido cuando se conoció el documento. Rivera murió procesado en noviembre pasado. Y Zalazar, que a la época era comisario general, fue apartado por el tribunal por incapacidad mental, poco antes de iniciar el debate

El juicio arrancó el 11 de junio envuelto en una controversia con las organizaciones H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, quienes interpusieron un pedido de nulidad y solicitaron -con la adhesión de la fiscalía- la suspensión del debate. Argumentaron que no pueden intervenir en el proceso como querellantes porque no se les notificó la formación de la causa, que es una escisión de otra en la que sí estaban formalmente presentados.