20 de enero de 2020
20 de enero de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Facundo Trotta, Rafael Vehils Ruiz y Virginia Miguel Carmona evaluaron el veredicto
La Fiscalía en el juicio por La Perla: "Dejamos atrás un período largo de impunidad y horror"
Luego de las 38 condenas y las cinco absoluciones dictadas el jueves en Córdoba, los fiscales y la fiscal de juicio destacaron el fallo y evaluaron sus principales puntos: la acreditación de crímenes de lesa humanidad antes del golpe, la cantidad de penas, la futura revisión de las domiciliarias, las condenas por abuso deshonesto y la calificación de desaparición forzada en el caso de la sustracción de un niño.

"Fue un día de justicia. Dejamos atrás un período largo de impunidad y horror", dijo el fiscal subrogante Facundo Trotta, quien encabezó la Fiscalía durante el juicio oral que este jueves culminó en Córdoba con 38 condenas por los crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención "La Perla-Campo La Ribera". Su compañero, el fiscal general de Catamarca, Rafael Vehils Ruiz, coincide: "Tenemos el sentimiento de que se hizo justicia, que es lo más importante de todo". Y Virginia Miguel Carmona, la fiscal federal de Villa María que también integró el equipo del MPF para este juicio, completó: "Realmente fue muy reparador. Nosotros desde el MPF luchamos para hacer una acusación objetiva, como corresponde, pero siempre al lado de las víctimas. Ver a toda esta gente, realmente contenta, dentro del contexto de tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta pérdida, estar festejando, me parece muy positivo y valorable".

Fiscales habló 24 horas después de conocido el veredicto con los tres representantes de la Fiscalía que transitaron el histórico proceso que culminó con 28 condenas a prisión perpetua, otras diez a penas de entre dos años y medio y 21 años de prisión, y cinco absoluciones por los delitos perpetrados contra 711 víctimas antes y durante la dictadura. Más de tres años y nueve meses de duración, unas 353 audiencias -tres por semana- y la declaración de 581 testigos forman parte de los datos numéricos que dan cuenta del enorme trabajo que representó este juicio. "Es importante destacar que después de un largo y extenso debate pudimos tener sentencia en esta causa y estamos conformes", indicó Trotta.

En el balance del veredicto -si bien aún no se conocen los fundamentos de lo decidido, que tendrán publicidad el 25 de octubre-, los dos fiscales y la fiscal pusieron de relieve que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba determinó que hubo crímenes de lesa humanidad antes y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "El Tribunal está reconocimiendo que el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe", dijo Trotta, quien junto a sus compañeros contrastó esta decisión con el reciente fallo de la Cámara de Casación que absolvió a tres ex militares por la Masacre de Capilla del Rosario, Catamarca, en 1974.

En cuanto a las calificaciones utilizadas por los jueces y los hechos acreditados, el equipo fiscal también ponderó que el Tribunal tuvo por probados los abusos deshonestos perpetrados por un grupo de policias en 1975 contra prisioneras en el centro clandestino que funcionó en el Dirección de Informaciones Policial, D2, aunque algunas absoluciones dictadas correspondieron a esos delitos. Miguel Carmona señaló que "eso es importante porque por supuesto que a los abusos se los encuadró como delitos de lesa humanidad, todo conforme a la calificación al momento de los hechos, que era abuso deshonesto, y se condenó a varios de los acusados. No así al jefe de la Policía [Alberto Luis Choux]. Me falta leer los fundamentos de la sentencia, porque no sé cuál es el argumento para no condenar al jefe de la Policía por esos abusos. Y a su vez era el único acusado por el delito de violación".

Otro de los puntos que rescataron los fiscales de la sentencia fue la acreditación de la sustracción del hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco, nieto de la presidenta de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, Sonia Torres, hecho que fue calificado como desaparición forzada en el marco de un plan sistemático de represión.

Los tres fiscales también pusieron de relieve la decisión del Tribunal de hacer lugar a la petición de la Fiscalía de realizar juntas médicas para que se reevalúen las prisiones domiciliarias, legajo por legajo. "Nosotros pedimos que se revisen todas y cada una de las prisiones domiciliarias de los imputados, a los efectos de corroborar si la cuestión humanitaria o las dolencias de salud continuaban y que en caso contrario que se aplique la modalidad del cumplimiento normal de la pena, que es en el Servicio Penitenciario, como cualquier hijo de vecino", destacó Vehils Ruiz.

Trotta recordó que esa petición de la Fiscalía "había sido cuestionada por la defensa. Nos dijeron que éramos ilegales, que éramos arbitrarios porque no estaba prevista la revocación de la domiciliaria. Pero nosotros no estábamos diciendo eso. Estábamos diciendo simplemente que la prisión domiciliaria se concede no sólo cuando el acusado tiene más de 70 años, sino que hay que acreditar si padece alguna enfermedad o circunstancia que no le permite tratar adecuadamente su dolencia en el Servicio Penitenciario. Claramente seguimos el criterio que tiene la procuradora y la Casación. La prisión domiciliaria cumple una función humanitaria".

Una vez que se conozcan los fundamentos, la Fiscalía revisará las argumentaciones de los jueces para el dictado de las absoluciones. "En la medida en que la Fiscalía pidió condenas, no compartimos las absoluciones. Eso es claro. Pero no podemos decir que vamos a hacer un recurso de casación sin leer los fundamentos. También debemos revisar algunas penas que, en unos casos, fueron bastante más bajas que las que pidió la Fiscalía", adelantó Trotta.

Una jornada de emociones

El contexto de la resolución judicial de la megacausa estuvo signado por una enorme manifestación popular en la puerta de los tribunales federales de Córdoba, que fue contada en miles de personas. "Fue realmente muy intensa la jornada en el sentido de que hubo mucha gente acompañando el fallo, lo cual demuestra que la ciudadanía de Córdoba está poniendo de manifiesto que quiere continuar con la política de memoria, verdad y justicia, y que no va a cesar en el reclamo del juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la provincia. Algunas noticias que he leído en los diarios dan cuenta de cerca de 20 mil personas. Eran entre cuatro y cinco cuadras de gente escuchando la sentencia", señaló Trotta.

Vehils Ruiz explicó: "Cuando uno hace un alegato se le exige que, como parte del Ministerio Público, tenga la objetividad necesaria para evaluar la prueba y, en caso de que la prueba sea conducente, formular la acusación. Bueno, esa objetividad nosotros la tuvimos, pero después, cuando uno se va tranquilo con el deber de la tarea cumplida, y ve semejante cantidad de gente pidiendo justicia por sus familiares y agradeciendo la tarea no se puede abstraer de eso. Fue muy emocionante".